General Luis Mendieta, 11 años secuestrado por las Farc, se despachó contra la JEP tras polémico fallo: “Buscan crear burocracia”

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso las primeras sanciones a miembros del antiguo secretariado de las Farc, a los que responsabilizó por los secuestros, desapariciones forzadas y otros delitos graves durante el conflicto armado en Colombia, continúa causando fuertes reacciones entre los que fueron víctimas de este flagelo en el territorio nacional; debido a que no cumplirán un solo día de cárcel.

De acuerdo con el fallo divulgado el martes 16 de septiembre de 2025, siete excomandantes, integrantes de la organización al margen de la ley, deberán cumplir una sanción de ocho años, consistente en restricción efectiva de la libertad bajo supervisión transicional, sin incluir medida de aseguramiento, centrada en la reparación a las víctimas y la ejecución de trabajos restaurativos, en vez de prisión ordinaria.

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Entre los sancionados se encuentran Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada; al igual que Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez); Jaime Alberto Parra, llamado El Médico, y Rodrigo Granda; este último conocido como el “canciller de las Farc”, o alias Ricardo Téllez, que se sometieron al Acuerdo de Paz en 2016 con el Estado colombiano.

Según la JEP, estos exjefes guerrilleros diseñaron y ejecutaron la política de secuestros en el país, quedando responsables por acción y omisión frente a miles de víctimas. El tribunal remarcó que la aceptación de responsabilidad y los aportes a la verdad de los sancionados, aunque la pena no fue bien recibida por el general en retiro Luis Herlindo Mendieta, que en entrevista con Infobae Colombia cuestionó la decisión.

El exalto oficial protagonizó uno de los casos más emblemáticos de los secuestros perpetrados por las Farc, cuando era coronel de la Policía. Mendieta permaneció en cautiverio más de 11 años tras ser capturado el 1 de noviembre de 1998, durante un asalto en Mitú (Vaupés). Según relató el propio Mendieta a Infobae, recuperó la libertad en junio de 2010, luego de una operación militar que lo trajo de vuelta a la sociedad.

Tras su liberación, el general (r) ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de las víctimas y como participante en debates sobre el proceso de paz y la justicia transicional en el país. Como el que actualmente lo convoca, al mostrar su indignación frente a las determinaciones de la jurisdicción especial, con las cuales no se siente reparado en su honra, pues los daños psicológicos fueron, a su juicio, irreparables.

En efecto, el exuniformado no ocultó su insatisfacción por la decisión y criticó la falta de confesión cabal por parte de los sancionados. Además relató su experiencia en las audiencias preparatorias y cuestionó la sinceridad de los excomandantes sancionados, que tuvieron la posibilidad de tener representación directa en el órgano legislativo durante dos periodos consecutivos, entre 2018 y 2022, y entre 2022 y 2026.

“Allí, al sentir de las víctimas, porque las Farc, según lo manifestaban, y también en el caso personal, no habían confesado la verdad. Allí cada uno de los integrantes no manifestaron los crímenes que cometieron y los diferentes requerimientos que hacían las víctimas”, afirmó Mendieta, que frente a esta situación pidieron, sin éxito, la exclusión de los miembros del secretariado, para que fueran juzgados por la justicia ordinaria.

A su vez, criticó el diseño de las sanciones, que calificó como adaptadas a los intereses de los sancionados. “Ellos mismos estaban buscando, a su acomodo, estar en lo que ellos seguramente les gusta”, señaló el policía retirado, en referencia a los trabajos restaurativos en desminado, memoria, búsqueda de desaparecidos y medio ambiente, que será la manera en la que los involucrados cumplirán su condena.

Además, denunció la presencia de una “gran oferta institucional” por parte de entidades estatales, que, según él, ya facilitó recursos y presupuesto a los exintegrantes de las Farc para cumplir con las sanciones. “Esa sería la sanción: crear burocracia y direccionar contratos. Ese es el pago de la sanción por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos”, declaró Mendieta, visiblemente molesto.

Al abordar la génesis de la JEP y la participación de las víctimas en el proceso, Mendieta recordó su intervención en el Congreso junto al fallecido periodista Herbin Hoyos Medina, durante la discusión del Acuerdo de Paz; y lamentó que desde el propio Congreso no se la haya dado la importancia al papel de las víctimas en el órgano transicional y en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En efecto, desde la creación de la JEP, el exuniformado advirtió que existía un temor por la ausencia de castigos severos, al nombrar entre sus preocupaciones la exclusión de las víctimas de las nuevas instituciones transicionales. “Intervenimos en el Congreso cuando el proceso de paz, cuando la creación de toda esta institucionalidad (…) y era la participación que se le debería a las víctimas, pero ello no fue posible”.

Y criticó que, mientras exguerrilleros ocupan cargos en entidades como la Unidad Nacional de Tierras, las víctimas han sido excluidas de estos espacios. Así pues, el general (r) señaló lo que, a su juicio, es la disparidad entre el sufrimiento de las víctimas y las sanciones impuestas a los responsables, que se verían beneficiados de la chequera que dispone el Estado para el cumplimiento del referido acuerdo.

El exsecuestrado también criticó la inclusión de miembros de la fuerza pública bajo la competencia de la JEP. “Si alias Timochenko manifestaba que ellos habían creado la JEP a su acomodo gracias al acuerdo para que los investigara y procesara, diría que el juez natural de las Farc es la JEP. ¿Por qué tienen que procesar allí a integrantes de la fuerza pública? Para ello se tendría que dar facultades a la justicia penal militar", acotó.

Sobre la proporcionalidad entre el sufrimiento de las víctimas y la sanción a los responsables de los delitos, Mendieta fue enfático en su respuesta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, será inferior al tiempo en que él estuvo entre cadenas: un detalle que reiteró en este diálogo, como un parangón que podría detallar a la perfección la injusticia que se derivaría del fallo proferido por la Jurisdicción Especial para la Paz.

“No se encuentra una situación equiparable entre lo que nosotros vivimos y lo que ellos van a cumplirle al país, no solamente por su secuestro, sino por el caso de más de 20.000 personas que se vieron afectadas por estos crímenes”, dijo. E insistió en que, a su parecer, el sistema solo ha servido para facilitar beneficios a los exjefes de las Farc con generosos apoyos, provenientes de los recursos públicos.

En cuanto a las acciones futuras, Mendieta indicó que el grupo de víctimas liderará recursos legales para apelar la decisión. “Sigue el proceso, en el que sugieren los abogados la apelación. Esperaremos qué resulta de esos recursos”, indicó el exuniformado, que dejó claro cuál sigue siendo el objetivo, tanto de él como de otros personajes que estuvieron en cautiverio, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

“Buscamos que se derogue y que se expulse a los integrantes de las Farc de esa jurisdicción, porque no han confesado la verdad y no han contribuido en el tema de la reparación. Y, pues, si no hay reparación, no hay justicia. Es decir, que hay una total impunidad sacrificando los derechos de las víctimas, que en este momento, pues, parece que no le interesaran a todo el sistema que se ha creado”.

Sobre la participación de los sancionados en política, Mendieta declaró que es un privilegio del que han gozado sin que hubieran purgado pena alguna. “Gracias al Acuerdo de Paz siempre han estado interviniendo. Allí tuvieron las 10 curules en el Congreso, posteriormente las otras 16 en la Cámara de Representantes que les dieron, y siempre han estado actuando, no han parado ni un instante”, expresó el general (r).

Frente a la pregunta sobre el mensaje para otras víctimas y para el país, Mendieta dijo que este fallo, sin duda, causa un “sufrimiento adicional”, pues no correesponde a lo que esperarían en materia de reparación. “En segundo lugar, que se está legitimando la violencia en Colombia, porque podíamos decir que esto es un horror jurídico y no hay crímenes de guerra y no hay crímenes de lesa humanidad”, añadió.

En su concepto, no ha habido penas ejemplarizantes, por lo que insistió en la disolución de la JEP. “Espero que se vaya a prolongar, porque ya llevan 10 años y, tengo entendido, según escuché en un informe, se han gastado más de $4 billones de pesos. Ahora, para estas sanciones, la misma JEP había solicitado $500.000 millones para esos cuatro temas, y de los cuales creo que ya les destinaron $20.000 millones”.

Y lamentó que, según ha visto, “están disfrutando a sus anchas de una cantidad de beneficios gracias al proceso de paz y a toda la legislación hasta el momento”, por lo que concluyó este diálogo con su deseo de esperar el resultado de los recursos legales que traiga lo que para él sería “una verdadera justicia y reparación para las víctimas” que ha dejado la espiral violenta en la que actuaron los miembros de esta organización.