La Fiscalía General de la Nación se prepara para presentar cargos contra dos exoficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), identificados como piezas fundamentales dentro de la presunta red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo o “el zar del contrabando”.
Según información publicada en Caracol Radio, los dos exoficiales, identificados como el coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor en retiro Peter Steven Nocua Henao, también estarían negociando un principio de oportunidad y se convertirán en testigos clave para el ente acusador en el proceso que investiga el entramado de corrupción y contrabando.
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De acuerdo con la investigación realizada por la entidad, Nocua Henao, que se desempeñó en 2023 el cargo de jefe de la División de Control Operativo de la Polfa en Cartagena, formó parte de la estructura de la red criminal, lo que le permitió conocer en profundidad su funcionamiento.
Posteriormente, denunció las actividades ilícitas y asumió el rol de agente encubierto, lo que lo convierte en una figura central para la investigación.
En el caso del coronel en retiro Melo Ramírez, que ocupó la jefatura de la División de Control Operativo de la Polfa en Pereira, la Fiscalía lo señala de sostener una reunión con ‘Papá Pitufo’ a través de la intermediación del mayor en retiro Mario Andrés Sarmiento Rojas.
En ese encuentro, según la investigación revelada por la cadena radial, Melo Ramírez recibió ocho millones de pesos de manos de Marín Buitrago, un dato que la Fiscalía considera relevante para sustentar la acusación.
Ambos exfuncionarios, al negociar su colaboración con la justicia, aportarán información sobre la estructura y las operaciones de la red de contrabando, lo que representa un avance significativo en el caso que involucra a alias Papá Pitufo, señalado como el principal responsable de la organización criminal.
Diego Marín Buitrago, que inicialmente había sido capturado en España, pero que se fugó del país ibérico, fue recapturado en Portugal. Sin embargo, el 9 de junio de 2025 fue dejado en libertad por el Supremo Tribunal de Justicia del país luso, pese a que cuenta con la solicitud de extradición emitida por Colombia.
Tribunal negó petición de ‘Papa Pitufo’ para anular su proceso
A finales de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el expediente regrese al Juzgado Quinto Especializado de Bogotá para que avance la acusación formal en su contra.
Según información difundida por Caracol Radio, la defensa de Marín Buitrago había argumentado que el proceso debía anularse por una supuesta vulneración del debido proceso. Alegaron que la jueza de control de garantías habría negado la solicitud de conexión para que el acusado, desde Portugal, pudiera participar en la audiencia de imputación.
No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos, calificando como “premisas infundadas” las consideraciones de la defensa, ya que no se evidenciaron las irregularidades denunciadas para intentar la anulación de lo actuado hasta ese momento.
En la decisión judicial se estableció: “Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión del juez de primera instancia que negó la solicitud de nulidad elevada por la defensa del procesado presentada en la audiencia de formulación de acusación”, según el fallo citado por Caracol Radio.
El tribunal también señaló que “el apelante omite desarrollar los demás principios que rigen las nulidades, pues solamente los enuncia”, lo que debilitó aún más la posición de la defensa.
El caso que enfrenta Marín Buitrago está relacionado con la presunta dirección de una organización criminal de alcance nacional entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura contaba con la colaboración de funcionarios en los puertos de Buenaventura y el Puerto de Cartagena, quienes habrían recibido dinero y dádivas a cambio de facilitar actividades ilícitas.
Durante ese periodo, el ente acusador sostiene que se entregaron $13.000.000 en efectivo a varios funcionarios públicos y $902.800.000 durante operativos con agencias encubiertas, además de la incautación de $103.814.000 en allanamientos.
En total, el dinero involucrado asciende a $1.019.614.000, y la acusación sostiene que existe una relación directa de estos fondos con el procesado, vínculo que será detallado en el desarrollo del proceso judicial.
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