La tensión por la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos puso al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el centro de un agitado debate en el Congreso. El funcionario advirtió que reducir la dependencia de la Fuerza Pública frente al apoyo estadounidense tomará tiempo y exigirá millonarios recursos.
“La intención del presidente de la República y de Colombia es que nosotros mismos defendamos con nuestras armas, nuestra soberanía. (...) Para ello hay un proyecto que ya hemos matriculado para modernizar las armas, un proyecto que toma tiempo, pero que también requiere dinero. Son aproximadamente diez años que se requieren para recibir o para hacer esa transición de capacidades en las cuales seamos autónomos. En este momento decir que no vamos a tener de X o Y países es irresponsable”, señaló el jefe de la cartera de seguridad, dejando claro que no habrá un corte abrupto en la relación con Washington.
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El pronunciamiento ocurrió después de que Estados Unidos retirara a Colombia su certificación en la lucha contra el narcotráfico, una medida que encendió las alarmas sobre el futuro de la cooperación bilateral.
En entrevista con la revista Semana, Sánchez explicó los riesgos que esto supone para la operatividad de las fuerzas del orden: “Colombia perdería, el mundo perdería una gran capacidad, una importante capacidad que tiene Colombia para contrarrestar la caída del narcotráfico en todos sus eslabones, la interdicción, la inteligencia para ir detrás de los principales criminales, la movilidad aérea que nos facilita principalmente a la Policía Nacional para erradicar los cultivos, ya no podríamos tener esa capacidad y otras capacidades relacionadas con entrenamiento y operaciones tanto de la Policía Nacional como de la fuerza pública”.
Mientras los focos mediáticos se centraban en las implicaciones de esa descertificación, en el Capitolio se abría paso otra discusión. La Cámara de Representantes aprobó, con 33 votos a favor y 20 en contra, una proposición que declara al llamado cartel de los Soles como organización terrorista de carácter transnacional. Esta decisión, que busca endurecer la respuesta frente a estructuras del crimen organizado con nexos fuera del país, añadió más peso al debate sobre seguridad y defensa.
La sesión de control político que puso a Sánchez en el centro del escrutinio giró en torno al deterioro del orden público. Los congresistas plantearon inquietudes sobre secuestros, reclutamiento de menores, atentados y el fortalecimiento de economías ilegales en distintas regiones. El ministro respondió con un enfoque que combinó cifras, advertencias y propuestas. Habló de la necesidad de sostener operaciones contra grupos armados, pero también de invertir en prevención y alternativas para las comunidades.
En esa línea, defendió la política de sustitución de cultivos ilícitos, una estrategia que, según él, debe mirar más allá de la erradicación manual o aérea. “La invitación para el mundo es que compren cacao y no compren coca en los territorios”, dijo ante los representantes. Luego añadió que es indispensable “erradicar, sí, pero también acompañar con sustitución y alternativas productivas”, con el propósito de “combatir las economías ilegales y ofrecer oportunidades reales a las comunidades”.
El debate no concluyó el martes, la discusión se suspendió por falta de cuórum y se retomó el miércoles a las dos de la tarde. Allí, Sánchez amplió su exposición sobre la estrategia de seguridad del Gobierno y el impacto que podría tener la reconfiguración de los vínculos con Estados Unidos en materia de defensa y lucha antidrogas, incorporando análisis detallados sobre financiación, cooperación técnica y los escenarios futuros que enfrentará la fuerza pública.
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