La reciente captura de Jason Steven Sánchez Ceballos, conocido como alias Grillo, ha puesto en el centro de la atención pública la lucha contra las disidencias de las Farc en Colombia.
Identificado como presunto miembro del autodenominado frente primero, Sánchez Ceballos enfrenta acusaciones por su papel en el traslado de drones y equipos de comunicación, herramientas clave para la ejecución de ataques terroristas y extorsiones en el oriente del país.
La operación que permitió su detención se realizó en Granada (Meta), mediante la coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional. Las autoridades reunieron pruebas que vinculan a Sánchez Ceballos con la logística y el suministro de tecnología utilizada en atentados dirigidos tanto contra la población civil como contra la fuerza pública.
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Además de su presunta participación en el manejo de drones y equipos de comunicación, las investigaciones señalan que alias Grillo habría recolectado información sobre los movimientos y rutinas de posibles objetivos de atentados. Las autoridades también le atribuyen actividades ilícitas adicionales, como el tráfico de armas de fuego y la extorsión a comerciantes, ganaderos y transportadores. Estas acciones delictivas han impactado a varias regiones del oriente colombiano, incluyendo Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta.
La Fiscalía imputó a Sánchez Ceballos los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante la audiencia, el acusado no aceptó los cargos presentados en su contra.
Por decisión de un juez penal de control de garantías, Sánchez Ceballos permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Preocupación por aumento de ataques con drones
La preocupación por la protección de pelotones militares ante ataques con drones armados se intensificó en Colombia, luego de que un informe interno pusiera en evidencia la vulnerabilidad de más de 3.347 unidades desplegadas en zonas de alto riesgo. Según un documento titulado “Estudio Previo para el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía”, el Ejército Nacional enfrenta serias limitaciones tecnológicas que impiden una defensa eficaz contra estos dispositivos utilizados por organizaciones criminales.
Una de las principales advertencias del informe, señala: “el Ejército Nacional no cuenta con la tecnología necesaria en sus batallones para enfrentar este tipo de ataques, lo cual limita su capacidad operativa y pone en riesgo tanto la vida de los uniformados como la integridad de la población y los activos estratégicos del país”. El documento subraya la urgencia de dotar a las fuerzas armadas con sistemas capaces de inhibir señales y desactivar drones antes de que puedan concretar algún ataque.

Las amenazas crecieron luego de recientes incidentes en los que drones provistos de explosivos alcanzaron posiciones de la fuerza pública. El análisis califica estos drones como “altamente efectivos y difíciles de contrarrestar con los sistemas existentes”, lo que fortaleció la preocupación al interior de la fuerza castrense. En este contexto, se destacó la necesidad de contar con “una capacidad de reacción inmediata frente a ataques aéreos no convencionales”, ya que “la Fuerza no cuenta actualmente con un sistema efectivo para la neutralización de drones”.
A pesar de intentos previos por reforzar su defensa, el Ejército colombiano reconoció que los sistemas antidrones adquiridos no lograron neutralizar eficazmente estos dispositivos, en particular cuando van equipados con explosivos. Además, el elevado precio de cada sistema, que se ubica entre USD 40.000 y USD 80.000 por unidad, dificulta su adquisición en un número suficiente para cubrir los requerimientos de todas las unidades desplegadas, según especifica el análisis citado.

El entorno geográfico colombiano plantea obstáculos adicionales que acentúan esta vulnerabilidad. El informe sostiene que los sistemas antidrones sufren disminución de eficacia en zonas montañosas, áreas urbanas densamente edificadas, selvas con vegetación tupida que absorbe la señal de radiofrecuencia, y cerca de grandes masas de agua, donde las ondas se dispersan, provocando rebotes, falsas alarmas o pérdida de capacidad de neutralización.
El documento advierte sobre el riesgo que implica la ausencia de una “solución integral” que combine inhibidores de señales y mecanismos capaces de neutralizar directamente a los drones, ya que ello compromete de forma directa tanto la seguridad de los militares como la de la población civil. Al cierre del informe, la institución recalca la urgencia de “implementar una estrategia robusta” para enfrentar la creciente amenaza que suponen los drones en manos de grupos terroristas y delictivos.
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