Las críticas a la política de drogas de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se intensificaron en el Concejo de Bogotá, donde la cabildante Quena Ribadeneira advirtió sobre un enfoque que, según sus palabras, prioriza la persecución del consumidor sobre la desarticulación de las redes del microtráfico.
Durante un debate reciente, la concejala presentó datos que reflejan el desequilibrio de la estrategia vigente: entre enero y junio de 2025, se impusieron más de 20.700 comparendos por porte o consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Esta cifra representa ya el 87% del total de sanciones reportadas durante todo 2024, lo que evidencia una intensificación de las medidas contra los consumidores en apenas seis meses.
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No obstante, mientras aumentan las sanciones administrativas, las cifras sobre operativos policiales y judiciales contra bandas presentan una caída drástica. Según lo expuesto por Ribadeneira, los procedimientos para desmantelar estructuras ligadas al microtráfico apenas suman ocho en lo que va de 2025, frente a los 24 reportados en 2022. Las capturas de integrantes pertenecientes a estas organizaciones, añade, han disminuido más del 60% en el mismo lapso.
A juicio de la concejala, la discrepancia entre el número de comparendos y la persecución a las redes criminales revela el enfoque errado de la política distrital. Además, cuestionó que dicha política pasa por alto disposiciones de la Corte Constitucional y lineamientos del Ministerio de Justicia, los cuales promueven estrategias ancladas en la salud pública, la reducción de riesgos y el principio de proporcionalidad. “No hay prevención efectiva, no hay programas de reducción de daños y el sistema de salud no está preparado para atender a quienes sí requieren tratamiento. La estigmatización solo agrava la situación”, indicó Ribadeneira.
En su intervención, la cabildante propuso alternativas implementadas en otras latitudes, como la regulación del cannabis en Uruguay o la creación de zonas de tolerancia en Ciudad de México, experiencias internacionales que —de acuerdo con sus observaciones— han contribuido a disminuir los conflictos de convivencia y el poder de las mafias del narcotráfico.
“El mensaje es claro: se está confundiendo al consumidor con el delincuente. La represión ha recaído sobre jóvenes y comunidades vulnerables, mientras los verdaderos beneficiarios del negocio ilegal –las mafias– siguen consolidándose y expandiéndose”, concluyó.
Durante su intervención en el Concejo, Ribadeneira resaltó la magnitud y complejidad del fenómeno en la ciudad: “Nosotros creemos que sigue habiendo una ausencia de este Gobierno en la estrategia real de abordarla. Han hablado de una política pública prohibicionista que no tiene nada que ver con el problema real y que además no combina la interinstitucionalidad”.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, al menos 196 organizaciones ligadas al microtráfico actualmente operan en la ciudad, con presencia significativa en 16 de las 20 localidades, una realidad que, según la concejala, no puede verse solo como un problema de seguridad sino como un reto de salud pública, convivencia y justicia social.
En el contexto de la convivencia en Bogotá, el consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacio público figura como una de las contravenciones más recurrentes, junto a infracciones como no recoger los excrementos de las mascotas, incurrir en actividades ruidosas, colarse en TransMilenio, protagonizar riñas y arrojar basura en las calles.
Las personas sancionadas por actividades relacionadas con el consumo de drogas y otras prácticas deben solicitar información sobre el proceso de subsanación a través de la línea 195, opción 7 y después 2, o acudir a las Casas de Justicia habilitadas, así como consultar procedimientos en la página srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta. Quienes no estén de acuerdo con la medida pueden objetarla dentro de los tres días hábiles a la expedición del comparendo ante la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, presencialmente o en línea.
En caso de aceptar el comparendo, las personas pueden acceder a medidas alternativas como actividades pedagógicas o participación en programas comunitarios en los cinco días hábiles a la expedición. El pago de las multas, realizado en el Banco de Occidente de Bogotá, puede reducirse al 50% si se cancela en los primeros cinco días hábiles. Finalizado el proceso, es preciso verificar el cierre de la medida en la plataforma de la Policía.}
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