Abogado de expresidente de la Nueva EPS respondió a la Fiscalía por imputación de cargos: “No salió un peso”

José Fernando Cardona, que estuvo al frente de la entidad durante 14 años, enfrenta cargos por presunto ocultamiento de facturas y desvío de recursos

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La Fiscalía investiga a cuatro
La Fiscalía investiga a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por presunto ocultamiento de facturas y desvío de recursos - crédito X

La defensa de José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, respondió públicamente a la imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación en el caso que investiga un presunto ocultamiento de facturas y la apropiación de más de 70.500 millones de pesos.

El abogado Javier Tamayo Perdomo aseguró que su cliente ha cumplido con todas las citaciones judiciales y negó que se hubiera desviado dinero de la entidad para beneficio personal o de terceros.

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El pronunciamiento se registró luego de que la Fiscalía anunciara que cuatro exdirectivos de la EPS deberán enfrentar un juicio por, presuntamente, diseñar un esquema que habría afectado la transparencia en el manejo financiero de la empresa y su relación con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). El caso ha despertado especial atención debido a que la difusión de la acusación coincidió con la discusión de la reforma a la salud en el Congreso.

Posición frente al proceso judicial

La acusación señala que los
La acusación señala que los estados financieros fueron alterados para aparentar utilidades que no existían - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En un comunicado divulgado por la defensa, Tamayo precisó que a Cardona se le investiga por hechos ocurridos durante su gestión como presidente de la Nueva EPS, cargo que ocupó desde 2009 hasta principios de 2024. Según explicó, la imputación de cargos se materializó el 27 de febrero de 2025 y, en audiencia posterior, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento intramural. Sin embargo, el juez encargado negó la petición el pasado 8 de abril, argumentando que no existían razones suficientes para privarlo de la libertad, decisión que no fue objetada por la Fiscalía, la Procuraduría ni la representación de las víctimas.

Tamayo también se refirió a las medidas cautelares sobre los bienes de Cardona, señalando que este no puede enajenar propiedades durante seis meses posteriores a la imputación, tal como establece el artículo 97 de la Ley 906 de 2004. “La Fiscalía General de la Nación está debidamente informada sobre los bienes que detenta el doctor Cardona Uribe”, indicó, asegurando que dichos plazos se cumplieron el 8 de agosto.

Sobre el contenido de la acusación, la defensa expresó su inconformidad por la manera en que se divulgó a los medios de comunicación. “Nos mostramos extrañados del cómo fue difundido ante los diferentes medios de comunicación tres meses después de haber sido redactado y justo cuando se discute en el Congreso de la República la reforma a la salud”, afirmó Tamayo.

El 27 de febrero de
El 27 de febrero de 2025 se materializó la imputación de cargos contra Cardona - crédito Nueva EPS

El abogado reiteró que “ni un solo peso o cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”, citando apartes de la misma Fiscalía, según los cuales los recursos se habrían utilizado para cubrir deudas internas de la entidad.

La defensa destacó que Cardona ha atendido todas las citaciones de la Fiscalía desde el 6 de diciembre de 2024, fecha en la que fue informado sobre la intención de imputarle cargos. “Su objetivo es aclarar cualquier duda que pueda surgir respecto a su labor en la Nueva EPS durante los 14 años en los que estuvo al frente de su administración”, señaló Tamayo.

En el comunicado, el abogado también expresó preocupación por la información divulgada en los últimos días. “Considero pertinente señalar nuestra preocupación por la constante tergiversación de la información que, en relación con este asunto, se ha venido suministrando”, manifestó. No obstante, afirmó que la defensa continuará trabajando con base en la verdad y el respeto al debido proceso.

La suma presuntamente desviada asciende
La suma presuntamente desviada asciende a 70.500 millones de pesos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El proceso judicial involucra a otros tres exdirectivos: Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. El ente investgigador sostiene que entre 2019 y 2023 se habría implementado una política de fraude mediante la cual “se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas expedidas por diferentes IPS”, según se lee en el escrito de acusación.