El presidente Gustavo Petro respondió a la denuncia interpuesta por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional (CPI), en la que lo acusó de instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio, señalando públicamente al abogado de tener una relación con grupos paramilitares en el departamento de Córdoba y de haber cometido estafas con recursos provenientes del narcotráfico.

Petro se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde afirmó: “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico".

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Estas declaraciones se registraron horas después de que De la Espriella anunciara que radicó una denuncia formal ante la CPI en contra del mandatario colombiano. El documento, presentado en La Haya, solicita a la Fiscalía de ese organismo que inicie una investigación preliminar contra Petro por hechos que, según el denunciante, constituirían violaciones graves al derecho internacional humanitario.

El abogado también se pronunció en su cuenta de X tras la radicación de la denuncia, afirmando: “Colombia no puede normalizar la persecución política ni la violencia como herramientas de poder. ¡Firme por la Patria!”.

En el texto, de más de 40 páginas presentadas ante la Corte Penal Internacional, De la Espriella sostiene que el presidente Petro habría cometido actos que encuadran en los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Según el escrito, las conductas denunciadas tendrían relación con “el uso sistemático de la fuerza pública y de grupos armados ilegales para la represión de opositores políticos y la generación de terror en sectores sociales específicos”.

El documento solicita a la CPI que se evalúen las acciones del presidente bajo los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma, que definen y sancionan el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, respectivamente. También pide que se considere el contexto histórico de violencia en Colombia y los presuntos nexos del Estado con actores armados.

Entre las pruebas aportadas, se incluyen recortes de prensa, pronunciamientos públicos, documentos oficiales y testimonios que, según el denunciante, demostrarían un patrón de persecución contra líderes políticos y sociales opositores. El objetivo, de acuerdo con De la Espriella, es que la CPI determine la existencia de responsabilidad penal internacional por parte del mandatario.

El escrito enfatiza en que la denuncia no busca interferir en las instituciones nacionales, sino activar los mecanismos internacionales de protección frente a conductas que, según su tesis, no estarían siendo investigadas ni juzgadas de manera efectiva en el país.

La Corte Penal Internacional tiene la competencia para conocer casos de crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales internos no actúan o no pueden garantizar una investigación imparcial y efectiva. Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma desde 2002, por lo que sus autoridades pueden ser objeto de investigaciones por parte de este tribunal.

La Fiscalía de la CPI deberá determinar si la denuncia cumple con los requisitos formales y si existen elementos iniciales suficientes para abrir una investigación preliminar. Este proceso incluye la evaluación de la gravedad de los hechos, la suficiencia de la evidencia y la complementariedad con la justicia nacional.

De ser admitida, la investigación avanzaría en etapas que podrían incluir solicitudes de información al Estado colombiano, entrevistas a testigos y análisis de documentos. Sin embargo, la apertura de un caso formal requiere que la Fiscalía concluya que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes bajo la jurisdicción de la Corte y que no hay procesos internos adecuados en curso.