La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la mañana del 16 de septiembre de 2025, reveló la sentencia en contra de siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.
De acuerdo con la JEP, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, alias El Médico, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez, fueron sentenciados a 8 años.
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El Tribunal de Paz les impuso esta Sanción Propia, que deberán cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de “búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario”, informó la jurisdicción, tal como se estipuló en la sentencia de 663 páginas.
Esta decisión causó un sinfín de reacciones, entre ellas, la del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, funcionario que desaprobó una condena “simbólica” que tardó más de siete años en resolverse.
“Sin justicia no hay paz y sin verdad no hay descanso para las víctimas. Esta decisión de la JEP me deja varios sinsabores. El primero, ¿por qué siete años para tomar la primera decisión? Cuando una justicia lenta no es justicia. Y solo una condena simbólica para siete integrantes del secretariado, cuando son hechos notorios los delitos que el secretariado cometió en secuestros, en masacres, en tomas a municipios”, expresó.
De igual manera, Lizcano rememoró un hecho de lesa humanidad del que fue una de las víctimas, especificando que nunca se conocieron las verdaderas motivaciones de este: “Además, todavía no sabemos la verdad de lo que ocurrió. En el caso de mi padre, no sabemos cuáles fueron las motivaciones políticas o quién tomó la decisión de secuestrarlo ocho años y cómo fue y quién está detrás de todo eso. No lo sabemos, pero así millones de víctimas hoy no tienen la verdad”.
Finalmente, el precandidato considera muy débil la forma de reparación hacia los miles de afectados.
“Y tercero, la reparación. A mí me parece que en esta sentencia debe haber también un componente de reparación por parte del secretariado más fuerte y más estructurado para que a todos sus victimarios, especialmente a los de más escasos recursos, les den reparación económica. Me parece que la JEP, aunque yo creo en ella, se quedó corta por ahora en esta sentencia”, concluyó.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dirigió un mensaje a las 4.200 víctimas de secuestro reconocidas en el proceso, destacando que ellas han sido el motor de la investigación. “El día de hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz les está cumpliendo a las víctimas, a las organizaciones, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional”.
La investigación determinó que las Farc emplearon el secuestro como una política criminal sostenida en tres patrones sistemáticos y generalizados en todo el país. Desde 1993, el secuestro se utilizó como mecanismo de financiación, intensificándose a partir de 1998 con el objetivo de forzar intercambios por guerrilleros presos y como instrumento de control social y territorial.
La JEP concluyó que el llamado buen trato a los cautivos se limitaba a mantenerlos con vida, mientras se les sometía a condiciones que vulneraban su dignidad humana. Las sanciones propias establecidas por la JEP contemplan penas de 5 a 8 años para los principales responsables y de 2 a 5 años para los partícipes no determinantes, bajo la supervisión de la ONU y mediante proyectos restaurativos concretos.
El magistrado Camilo Andrés Suárez subrayó que, aunque la sentencia no elimina el sufrimiento, constituye un acto de reconocimiento y una invitación a rechazar toda forma de violencia: “Esta sentencia no borra el dolor, pero es un acto de reconocimiento, es una sentencia que abre una página nueva para la memoria, la paz y la justicia. Es una invitación a condenar sin titubeos toda forma de violencia”.
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