Embajador de Colombia en Estados Unidos respondió a la decisión de descertificación: “Nosotros compramos las armas donde queramos”

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, afirmó que su país tiene plena libertad para decidir a quién compra su armamento, declarando que la compra de armas se hará donde Colombia decida, sin condicionamientos de Washington.

El diplomático afirmó que transmitirá formalmente a la administración del presidente Donald Trump la directriz del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de reducir la dependencia armamentística respecto a los fabricantes estadounidenses, una medida adoptada tras la decisión de la Casa Blanca de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

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En una entrevista con El Tiempo, García-Peña explicó que esta decisión responde a la autonomía nacional y no constituye una represalia directa frente a la descertificación dictada por Estados Unidos.

“Yo no lo llamaría una retaliación, sino una consecuencia lógica. Cuando una relación de confianza de tanto tiempo atraviesa un momento como este, el país tiene todo su derecho de buscar alternativas para que la dependencia que pudo haber existido en el pasado deje de existir”, sostuvo.

La posición oficial rechazó cualquier interpretación de ruptura abrupta en la cooperación bilateral. De acuerdo con el diplomático, “la compra de armas es algo diferente a los mecanismos de cooperación, que suelen enfocarse en entrenamiento e intercambio de inteligencia”.

Insistió en que adquirir equipo militar de otros países no afecta los programas conjuntos ni supone una reacción punitiva: “Estados Unidos sabe del mercado de armas y entiende que Colombia es autónoma y soberana para comprar donde quiera”.

Sobre el antecedente de compras previas, el embajador citó la adquisición de aviones de combate a Suecia sin que Washington haya presentado objeciones. El caso reciente, detalló, fortalece el argumento sobre la capacidad de decisión independiente de Bogotá. “Tienen que aceptarlo, nosotros compramos las armas donde queramos”, afirmó.

En referencia central al armamento, el embajador aclaró que la cooperación militar continuará, siguiendo el interés nacional de ambas partes. “Tenemos que seguir trabajando con Estados Unidos por convicción e interés nacional, porque es nuestro deber hacerlo”, recalcó durante la entrevista con El Tiempo.

La posición del Gobierno colombiano se comunica en un contexto de tensión diplomática generado tras la decisión del gobierno de Donald Trump de incluir a Colombia en la lista de países que no cumplen los estándares exigidos en la lucha contra el narcotráfico.

La administración estadounidense argumenta que el aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína durante el gobierno Petro motivaron la descertificación, y se establecieron condiciones para revertir la medida relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos. A pesar de esta calificación, la Casa Blanca optó por un waiver que previene sanciones automáticas.

García-Peña rechazó la decisión y la calificó de “política”. En declaraciones recogidas por W Radio, indicó: “Hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance. Lo que genera rechazo es el sacrificio de vida en nuestro país. Es una decisión política, no les gusta el manejo del presidente Petro”.

Añadió que el Gobierno estadounidense desconoce avances concretos y la realidad local y reiteró que los resultados de Colombia en incautaciones, destrucción de laboratorios y extradiciones constan en reportes oficiales.

Pese al escenario adverso, el embajador descartó la posibilidad de medidas adversas inmediatas u obstáculos para la economía nacional. “Doy un parte de tranquilidad al país de que los escenarios apocalípticos que algunos mencionaban, no se dieron”, aseguró.

Ante la inquietud de si Colombia podría enfrentar limitaciones en préstamos internacionales o recortes de ayuda exterior, García-Peña enfatizó: “No habrá condiciones ni medidas adversas”.

Si bien la ley estadounidense faculta a la presidencia para imponer restricciones, Colombia solo experimentó consecuencias limitadas en descertificaciones anteriores, como ocurrió en 1996-1997.