Senadora petrista criticó la certificación de EE. UU. a Colombia en la lucha contra el narcotráfico: “Es un mecanismo de presión”

La senadora Isabel Zuleta, del partido Pacto Histórico, lanzó duras críticas durante la espera de una certificación de Estados Unidos sobre el desempeño de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y atacó abiertamente la postura del Gobierno norteamericano, al cuestionar su actitud hacia las políticas internas contra las drogas.

En una conversación radial —que compartió en sus redes sociales— explicó que dicho proceso no es más que una táctica de presión por parte del país que dirige Donald Trump hacia otros países, al buscar convertirse en el “supuesto verificador” de una lucha internacional contra las drogas que, según ella, dista de ser objetiva.

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La senadora, una firme defensora del presidente Gustavo Petro y su estrategia frente al narcotráfico, expresó en una entrevista radial que la certificación de Estados Unidos a Colombia está lejos de ser una evaluación justa y equilibrada.

“La certificación es un mecanismo de presión de Estados Unidos hacia otros estados para ser el supuesto verificador de la lucha internacional contra el narcotráfico. Lo digo ‘supuesto’ porque le reclaman a otros países lo que el propio Estados Unidos no hace”, señaló.

Zuleta no solo cuestionó la validez de la certificación como herramienta de evaluación, sino que afirmó que el proceso es utilizado por el país norteamericano para imponer un tipo de control sobre las políticas internas de los países afectados por el narcotráfico.

En sus palabras, “Estados Unidos tiene distintos mecanismos de presión y esos mecanismos de presión no pueden ir en contra de la soberanía de los países. Lo que se afectaría definitivamente es la cooperación, la cooperación y la ayuda que pueda llegar a nuestro país”.

La senadora destacó la importancia de respetar la soberanía de Colombia, un punto que consideró fundamental. Según ella, la certificación no solo desconoce los avances del país en materia de lucha contra el narcotráfico, puesto que pone en duda la autonomía de los gobiernos nacionales para definir sus estrategias de seguridad y justicia.

En este sentido, la senadora refirió a los datos entregados por el Ministerio de Defensa sobre las incautaciones de drogas en el país, que hasta 26 de diciembre de 2024, fueron más de 848 toneladas de cocaína, una cifra que, según la cartera, representa un aumento del 14% frente a 2023.

“Cerca de 1.000 toneladas fueron incautadas y fue la diferencia de un catorce por ciento entre el año 23 y el 2024. Esa estrategia de interdicción ha permitido no solamente que se afecte a los reales narcotraficantes, sobre todo en el mar, sino que se respeten de los derechos de nuestro campesinado”, agregó.

Por ahora, se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome la decisión final sobre la certificación de Colombia en relación con su lucha contra el narcotráfico. Esta decisión es crucial, ya que podría tener un impacto significativo en la relación bilateral entre ambos países y en la cooperación en diversos ámbitos.

Aunque el Gobierno colombiano insiste en que cumplió con sus compromisos, desde Washington crece la percepción de que la descertificación es inminente. Las cifras más recientes sobre cultivos ilícitos, que superan las 264.000 hectáreas, según Naciones Unidas, y los pobres resultados en erradicación durante el último año, lo que debilitó la posición de Colombia ante la Casa Blanca.

Si Trump opta por ese camino, Colombia enfrentaría sanciones políticas y económicas. Se congelaría parte de la ayuda de Estados Unidos, se bloquearía el acceso a créditos en organismos internacionales y se afectarían acuerdos de cooperación, incluso en defensa e inteligencia. También se pondrían en riesgo beneficios arancelarios clave en el comercio bilateral.