La Fiscalía General de la Nación imputó al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como presunto responsable de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.
El comunicado oficial, emitido este 15 de septiembre de 2025 desde Bogotá, describe un entramado de agresiones que habrían marcado distintos momentos de la relación entre el exdiplomático y su expareja.
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Según el pronunciamiento, los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación muestran que Garcés Carabalí habría sometido a su expareja a un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual durante el tiempo de convivencia.
La entidad señaló que este patrón de abuso incluyó comportamientos de dominación y control, afectando tanto a la víctima como, posteriormente, a la dinámica familiar tras la separación.
Estos hechos ocurrieron durante la convivencia del diplomático con su expareja, Beatriz Josefina Niño, y que los episodios habrían iniciado en 2011 y se extendieron hasta 2025, abarcando diversas expresiones de agresión.
A raíz de la ruptura, la situación presuntamente se agravó. La Fiscalía sostuvo que Daniel Garcés Carabalí se enteró de que su expareja había iniciado una nueva relación sentimental e inmediatamente habría tomado medidas para arrebatarle la custodia de sus hijos menores de edad.
Para lograrlo, según la entidad, instauró acciones judiciales y recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para presentar ante las autoridades una imagen distorsionada de la madre, sugiriendo que los niños se encontraban en situación de abandono y recibían malos tratos.
En la audiencia de imputación, la Fiscalía argumentó ante el juez que Garcés Carabalí habría ejercido diversas formas de violencia contra su esposa, así como influenciado a sus hijos para que tomaran distancia de ella.
La entidad enfatizó el carácter doloso y prolongado de las conductas presuntamente perpetradas: “Durante 14 años, 2011 a 2025, de manera dolosa la ha agredido de todas las formas posibles. También influenció a sus hijos para ponerlos en su contra”, según afirmó la fiscal encargada del caso.
Durante la audiencia celebrada ante un juez penal de control de garantías de Bogotá, la representante de la Fiscalía explicó que los hechos no solo abarcan el tiempo de la relación, también agresiones posteriores a la separación.
Además del delito de violencia intrafamiliar agravada, la imputación incluye fraude procesal en concurso homogéneo por dos eventos y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor, lo que agrava el cuadro judicial y extiende las responsabilidades.
De acuerdo con la Fiscalía, para todos los cargos presentados se reconoce la circunstancia de menor punibilidad, amparada en el numeral primero del artículo 55 del Código Penal colombiano, debido a que Daniel Garcés Carabalí carece de antecedentes judiciales, hecho que podría ser considerado en una eventual sentencia.
Garcés no aceptó los cargos
Durante la diligencia, el juez interrogó al exembajador acerca de su comprensión de los hechos que motivan el proceso. Garcés Carabalí aseguró conocer los motivos de su vinculación y, al ser consultado sobre la posibilidad de allanarse a los delitos imputados, fue explícito: “Gracias, su Señoría. No me allano a cargo toda vez que no existieron”.
Así, la defensa del exdiplomático mantiene la postura de enfrentar las acusaciones mediante juicio ordinario, donde podrá presentar pruebas y argumentaciones en su favor.
Contexto de la denuncia y antecedentes
El proceso judicial se origina en una denuncia presentada por Beatriz Josefina Niño, exsubdirectora de Procesos Agrarios de la Agencia Nacional de Tierras, que señaló a Garcés Carabalí por diversos actos de violencia intrafamiliar y por la supuesta retención indebida de sus hijos en Ghana.
Niño reveló que tras unas vacaciones familiares en el mencionado país, los menores debían regresar a Colombia el 21 de enero de 2025, según un acuerdo previo. La denunciante aseguró que Garcés Carabalí incumplió esa obligación, manteniendo a los menores bajo su custodia en África occidental, sin atender a los requerimientos legales establecidos.
La mujer además manifestó en su momento que durante los años de convivencia experimentó episodios de violencia física, psicológica, económica y vicaria—esta última en referencia a la instrumentalización de los hijos para afectar el bienestar de la madre—.
La Fiscal detalló que la víctima, en la actualidad, mantiene una comunicación intermitente y limitada con los menores y no ha logrado reunirse con ellos desde que empezó el conflicto legal.
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