El proceso de extinción de dominio sobre bienes valorados en más de 4.800 millones de pesos ha comenzado en Boyacá, luego de que se descubriera que academias de conducción en Villa de Leyva y Samacá funcionaban como fachada para la expedición fraudulenta de certificados de conducción.
La Fiscalía General de la Nación adoptó medidas cautelares sobre una serie de activos vinculados a esta red, con el objetivo de frenar el uso ilícito de recursos y garantizar la legalidad en la formación de conductores.
Entre los bienes afectados por la medida judicial se encuentran trece vehículos, una sociedad y dos establecimientos de comercio, cuyo valor conjunto supera los 4.800 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, estos activos habrían sido utilizados para facilitar la expedición de certificados de idoneidad a personas que no cumplían con los requisitos legales, como la intensidad mínima de horas en clases teóricas y prácticas exigidas por la normativa colombiana.
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El esquema ilegal consistía en emplear las academias de conducción como pantalla para otorgar documentos a quienes no completaban la formación requerida.
Esta práctica vulneraba los controles establecidos para asegurar la idoneidad de los conductores y representaba un riesgo para la seguridad vial.
La investigación permitió identificar la estructura de la red y los mecanismos utilizados para eludir la supervisión de las autoridades.
La Fiscalía identificó y judicializó a siete personas presuntamente implicadas en el entramado ilegal, en actuaciones realizadas a finales de noviembre de 2024. Posteriormente, las diligencias continuaron para localizar y asegurar los bienes que habrían servido para dinamizar la actividad ilícita.
Las medidas cautelares impuestas incluyen el embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre la sociedad y los vehículos involucrados, así como la toma de posesión de los establecimientos de comercio relacionados. Estas acciones buscan impedir que los activos sigan siendo utilizados para fines ilegales y facilitar su eventual recuperación por parte del Estado.
La ejecución de estas diligencias contó con la coordinación de la Policía Nacional, que acompañó a la Fiscalía en las intervenciones realizadas en Villa de Leyva y Samacá. De esta manera, las autoridades lograron asegurar los bienes y avanzar en el proceso judicial contra la red de fraude en la expedición de certificados de conducción.
Denuncian que en la Fiscalía se estarían vendiendo archivos confidenciales de investigaciones clave por $200 millones
El reporte sobre la supuesta venta de archivos confidenciales en la Fiscalía General de la Nación por sumas de hasta 200 millones de pesos puso en evidencia profundas falencias de seguridad interna y generó inquietud entre fiscales y expertos en el sistema judicial colombiano. De acuerdo con información revelada por Semana, funcionarios vinculados a la Dirección de Lavado de Activos habrían participado en un esquema para traficar con expedientes altamente sensibles, aprovechando vulnerabilidades del Modelo Único de Investigación Financiera (Muif).
Según la investigación de Semana, el modus operandi del llamado “cartel de expedientes” consistía en que los involucrados extraían información reservada, almacenada digitalmente en carpetas compartidas de la red institucional, y la entregaban en dispositivos USB a cambio de pagos millonarios. Los montos por cada expediente filtrado podían alcanzar los 200 millones de pesos (aprox. 49.000 USD), según denunciaron las fuentes consultadas por el medio.
Entre los casos identificados en la denuncia figuran expedientes relacionados con Manuel Castañeda, alias el “narcochofer”, investigado por lavado de activos, así como investigaciones sobre una tienda de ropa de bajo costo en Barranquilla y un conocido restaurante de comida mexicana, ambos sometidos a procesos de extinción de dominio. Uno de los expedientes vendidos habría involucrado también a un contratista investigado por lavado de activos en un proceso conectado con Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. En este caso, según fuentes de la Fiscalía citadas por Semana, el empresario habría preferido pagar una suma para acceder a la información de su expediente en vez de acudir a los canales legales establecidos.
La obligatoriedad de cargar documentos escaneados en el sistema digital Muif, medida implementada tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, fue identificada como uno de los puntos críticos que facilitó el acceso irrestricto a información protegida. El modelo, inspirado según Semana en la experiencia internacional de Camargo en Guatemala y concebido para potenciar la coordinación y priorización de investigaciones, permitió que un número indeterminado de funcionarios pudiera visualizar y exportar documentos de alto valor estratégico sin las debidas salvaguardas.
Un fiscal, citado por Semana, relató que un abogado se presentó ante su despacho con pleno conocimiento de las decisiones que iban a ser tomadas en determinado proceso, generando alarma y confirmando la existencia de filtraciones sistemáticas. En uno de los casos, los afectados pagaron 200 de los 500 millones de pesos exigidos a cambio de los documentos, detalló la denuncia presentada este año ante la Unidad de Reacción Inmediata en Usaquén, Bogotá. Otras denuncias llegaron a la delegada para Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, y su asesora María Isabel, incluyendo pruebas sobre la extracción y comercialización de expedientes a través de medios digitales.
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