La Red de Veedurías de Colombia solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República un seguimiento riguroso al proceso de licitación del servicio de transporte terrestre público especial para el personal de la Refinería de Cartagena de Ecopetrol, ante alertas de posibles irregularidades en el proceso contractual, según comunicó la organización en una publicación oficial.
De acuerdo con la información divulgada por la Red de Veedurías de Colombia, presidida por Pablo Bustos, se recibió de manera anónima una alerta ciudadana que señala posibles acuerdos previos entre varias empresas interesadas en la licitación: HB, Amtur, Transmamonal y OAT.
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Según la denuncia, existirían indicios de pactos entre estas firmas para repartirse o asegurar la adjudicación del contrato, lo que, de confirmarse, implicaría una afectación a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones. Así, el proceso aparentaría tener pluralidad de oferentes, sin que exista en la práctica una verdadera competencia.
“De ser así, se estaría conspirando contra los principios, reiteramos, de selección objetiva, economía, libre concurrencia y, en últimas, lo que refiere a las cláusulas de contratación pública que tendrían inclusive eventuales sanciones, tanto administrativas como eventualmente penales. Por tanto, solicitamos la acuciosa intervención y seguimiento con carácter inmediato, tanto de la Procuraduría como de la Contraloría General de la Nación”, dijo Bustos.
La organización enfatizó la importancia de proteger el interés público y la transparencia administrativa en servicios estratégicos, en especial considerando que la Refinería de Cartagena es una de las instalaciones industriales más relevantes del país.
La Red de Veedurías de Colombia resaltó que la ciudadanía merece procesos de contratación limpios, transparentes y libres de acuerdos ocultos.
Como parte de su mandato constitucional de vigilancia y control social, la Red de Veedurías reiteró su disposición para remitir toda la información recopilada a los órganos de control estatal con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes y se garantice la legalidad en el proceso.
Helistar, contratista de Ecopetrol, negó uso irregular de helicóptero para transporte militar y ataque a campamentos armados
Por otro lado, la empresa Helistar, contratista de Ecopetrol, negó que uno de sus helicópteros fuera utilizado para transportar tropas o ejecutar ataques contra campamentos de grupos armados, tras la reciente circulación en redes sociales de videos que muestran a la aeronave rodeada de personal militar mientras aterrizaba en una zona selvática, según reveló El Tiempo.
El caso involucra a un helicóptero civil Airbus EC-145, matrícula HK-4847, cuya operación fue objeto de polémica sobre supuesto empleo irregular con fines militares.
Según el reporte divulgado por el medio, denuncias difundidas en varios medios digitales indicaron que el helicóptero habría sido operado para apoyar acciones militares del Estado contra el Clan del Golfo.
Estas afirmaciones sugieren que la aeronave trasladó efectivos armados para atacar campamentos ilegales, lo que contradice las funciones contractuales y civiles del aparato.
Helistar respondió oficialmente que la aeronave en cuestión, el 9 de abril de 2025, estuvo dedicada al servicio de transporte helicoportado para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y no para Ecopetrol.
La compañía aseguró que a bordo viajaban exclusivamente funcionarios civiles y que ninguno de los pasajeros portaba armas de fuego ni formaba parte de las fuerzas militares. En un comunicado citado por diario nacional, la empresa detalló: “Al interior de la aeronave no se observa personal militar y tampoco se observa que desde la aeronave se hubieran realizado disparos”.
En el documento, Helistar comunicó que de la observación detallada del video en circulación se evidencia la aproximación y el aterrizaje en zona selvática, pero rechazó categóricamente las versiones sobre el supuesto uso del helicóptero para fines bélicos o para el traslado de personal armado vinculado a operaciones militares.
La empresa reiteró que, en esa fecha, el aparato solo prestaba servicio a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, no a Ecopetrol.
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