La citación de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por parte de la Corte Suprema de Justicia, representa un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que marcó la administración de Gustavo Petro.
López deberá comparecer el martes 23 de septiembre de 2025, a las 9:00 a. m., en la sede de la Sala de Instrucción de la Corte, en Bogotá, para rendir declaración en el proceso que se adelanta contra la senadora del partido Alianza Social Independiente (ASÍ), Berenice Bedoya, señalada por presuntas contrataciones irregulares destinadas a favorecer intereses políticos.
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La diligencia judicial, ordenada mediante auto del 10 de septiembre de 2025 y notificada formalmente al defensor principal de López, se realizará de manera presencial en la sala de audiencias de la Corte Suprema.
El motivo central de la citación es esclarecer la participación de Bedoya en supuestas maniobras de corrupción vinculadas a la adjudicación de contratos públicos.
Bedoya, que preside la ASÍ, enfrenta señalamientos por su presunta intervención en la asignación de contratos a cambio de apoyo legislativo, especialmente en relación con la reforma pensional impulsada por el Gobierno, actualmente estancada en el Congreso.
Las declaraciones de Olmedo López ante la fiscal María Cristina Patiño fueron determinantes para el avance de la investigación. López implicó tanto a Bedoya como a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, en la solicitud de contratos para obras en los departamentos de Casanare y Meta.
Según su testimonio, estas gestiones buscaban asegurar votos favorables a la reforma pensional, lo que revela una posible utilización de recursos públicos para obtener ventajas políticas en el Legislativo.
En su relato, López detalló que la senadora Peralta habría gestionado, junto a varios socios, la adjudicación de un contrato por $2.125 millones, destinado a la recuperación de jagüeyes en Riohacha, La Guajira.
El exdirector de la Ungrd precisó que la solicitud de Peralta se formalizó durante una reunión celebrada el 19 de septiembre de 2023 en las oficinas de la entidad. Este encuentro quedó consignado en la minuta de acceso, documento que ahora forma parte del expediente y podría servir como prueba documental en el proceso.
El testimonio de López también incluyó una conversación telefónica con Bedoya, en la que, según su versión, la senadora solicitó directamente la asignación de contratos para obras en Meta y Casanare. López atribuyó el interés de Bedoya en estos departamentos a su liderazgo dentro de la ASI, partido con fuerte presencia en esas regiones.
El principio de oportunidad, figura jurídica que permite a un implicado colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales, habilita a López para testificar contra aproximadamente 27 personas relacionadas con el caso.
Entre los señalados figuran exfuncionarios de alto perfil, como Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, que ya enfrentan procesos judiciales por hechos similares.
Aplazan audiencia de acusación contra Olmedo López
Fuentes del Complejo Judicial de Paloquemao, citadas por El Universal, informaron que la audiencia de acusación contra Olmedo López fue aplazada. La postergación de la diligencia se relaciona con la aplicación de un principio de oportunidad a favor de López, que se comprometió a expresar públicamente su arrepentimiento y a colaborar con la justicia declarando en contra de otros involucrados en el caso de corrupción al interior de la entidad.
En mayo pasado, un juez de la República anuló el preacuerdo alcanzado entre López y la Fiscalía, que establecía una pena de seis años y dos meses de prisión a cambio de que brindara información relevante sobre el caso. El juez consideró insuficiente la condena acordada y calificó de “irrisoria” la pena frente a la magnitud de las conductas ilícitas atribuidas al exfuncionario.
Entre los argumentos esgrimidos, el juzgado indicó que López habría participado en al menos tres actos delictivos en los que se apropió de más de $20.000 millones, comprometiéndose a devolver solo $724 millones según se conoció en la audiencia.
La investigación establece que la estructura era dirigida por López junto a su subdirector, Sneyder Pinilla. La mayoría de los contratos terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, incluyendo Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S., todas ya imputadas en el proceso judicial.
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