Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Luego de la polémica que levantó el video que se conoció la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional dio detalles de la operación en la zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo, en la que las tropas de la Brigada 27 realizaron una operación para destruir dos unidades procesadoras utilizadas para minería ilegal en la vereda Mandur, en la que un civil resultó herido.

Según explicó el Ejército, la acción se dio como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus y fue posible gracias a labores de inteligencia y al empleo de capacidades especializadas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 27.

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Sin embargo, el operativo que dejó inutilizadas “excavadoras, clasificadores, motobombas, canales de drenaje, mangueras de alta presión y una cantidad significativa de combustible, todos elementos empleados en la explotación ilícita a cielo abierto de yacimientos mineros”, terminó en un intento de asonada por parte de pobladores (algunos de los que se hallaban en la misma zona donde ocurrió el proceso), dice el comunicado de la institución.

Según el Ejército, los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales presentes en la región.

En ese contexto, un soldado profesional resultó herido por el impacto de piedras y fue necesario realizar disparos disuasivos al suelo para asegurar la integridad de la unidad y mantener la misión.

Pero uno de estos disparos, que como se conoció de forma preliminar en el lugar, impactó en uno de los pies de un ciudadano, y que hacía parte de las cerca del centenar de lugareños que comenzaron a perseguir a los soldados, que se dirigieron hacia zona selvática.

Sin embargo, y por cuenta del herido que se registró, en diálogo con Noticias Caracol el general William Cotúa, comandante de la Brigada de Selva No. 27 del Ejército Nacional, brindó detalles de lo ocurrido en campo.

“Después de que destruimos esta maquinaria y estas unidades productoras de minería ilegal, somos asonados por la población civil, un grupo aproximadamente de ochenta personas, los cuales empezaron a humillar a mis soldados, atacarlos con elementos contundentes, a insultarlos e increparlos”, inició su relato de lo ocurrido el alto mando.

Siguiendo con su declaración, el general Cotúa resaltó que “el Ejército Nacional, en cumplimiento del cuidado y de los derechos humanos, evitó la confrontación directa con la población civil, pero estos empiezan a perseguir a mis soldados y empiezan a decir que les van a quitar los fusiles y con ellos los van a asesinar”.

En consecuencia, y “producto de esto, nuestros soldados, que tienen también sus derechos humanos, hicieron uso de la legítima defensa, en donde hacen unos tiros de advertencia (al suelo); infortunadamente un civil coloca su pie en la trayectoria de uno de estos disparos y es herido en el pie derecho. Ya se encuentra fuera de peligro y ya colocamos todas las denuncias”.

Sobre la forma en cómo se deben realizar esta clase de procedimientos (accionar los fusiles para hacer disparos de advertencia), el general Cotúa precisó que siempre deben realizarse al suelo.

Sin embargo, y debido a que la periodista María Lucía Fernández le interpeló porque ninguno de los civiles tenía un arma apuntándoles, pero si piedras que arrojaron y dejaron, según el alto oficial, a tres de sus soldados heridos, se detalló en la entrevista que uno de los pobladores cruzó el límite (la distancia) y esto provocó que el uniformado accionara su arma de dotación.

En este punto el vocero del Ejército Nacional especificó que esta clase de acciones se hacen solo “en el evento en que nuestros soldados ven en riesgo su vida propia y la de sus compañeros”.

“Evitamos que la población civil siguiera escalando en ese nivel de hostilidad que tiene hacia la fuerza pública por el trabajo que estamos haciendo contra estas economías criminales (y que serían coordinada por los Comandos de Frontera)”, mencionó el general Cotúa, y concluyó diciendo que lo hecho “definitivamente funcionó, porque estas personas no siguieron increpando, insultando, atacando y humillando a mis soldados”.

Por último, el alto oficial confirmó que las personas que aparecen en la grabación hacen parte de la población civil. “Está instigada por los grupos armados organizados, específicamente la estructura 48 de Comandos de frontera. ¿Por qué decimos que está instigada? Ellos están instigados porque inducen a la población civil a este tipo de economías criminales, tanto el narcotráfico como la minería ilegal, de la cual se lucran muchísimo estas estructuras criminales".

El decomiso y destrucción de esta infraestructura representa una afectación superior a 1.120 millones de pesos e impidió la producción mensual de alrededor de 6.000 gramos de oro, cuyo valor en el mercado ilegal supera los 2.298 millones de pesos, según estimados hechos por las mismas autoridades.

La medida impacta las finanzas del grupo armado E-48 Comandos de Frontera, que deja de percibir aproximadamente 229 millones de pesos por esta actividad ilegal.

El operativo también responde a una necesidad de protección ambiental, resalta el comunicado, dado que la minería ilegal “produce deforestación, altera el paisaje natural y ocasiona daños en fuentes hídricas, suelos y aire”.

Adicional a lo anterior, se destacó que los expertos advierten que la recuperación ambiental en estas zonas puede tardar más de treinta años.

La Sexta División del Ejército Nacional reportó que mantiene operaciones contra economías ilícitas y estructuras armadas ilegales en el sur del país, destacando el compromiso de actuar conforme al respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y reiteró su misión de proteger el territorio y los recursos estratégicos de la nación.