Pacientes Colombia, organización que agrupa a 200 asociaciones en todo el país, exigió la designación de un superintendente ad hoc para dirigir con rigor y transparencia los procesos de intervención a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La solicitud se registró tras los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en las dos EPS, que en conjunto atienden a más de 17 millones de afiliados, equivalentes al 32% de la población nacional.
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Por ello, la agrupación pidió a la Procuraduría General de la Nación iniciar investigaciones disciplinarias contra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, su antecesora y el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, por las decisiones que, según la organización, han agravado la crisis del sistema.
Hallazgos críticos en Nueva EPS
De acuerdo con el informe de la Contraloría, Nueva EPS, bajo intervención del Gobierno desde abril de 2024, no contaba con información técnica, administrativa ni financiera actualizada en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud desde hace tres años. Esta falta de datos afecta la toma de decisiones sobre la financiación del sector, incluyendo la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pues “no se cuenta con datos claros del 25% de la población”, según advierte el reporte.
La auditoría detectó un incremento en los anticipos financieros de $3,4 billones a $8,6 billones, el represamiento de facturas sin auditar, cuentas por procesar que superan los $13,2 billones y falencias en la contratación de prestadores. También se identificaron deficiencias en la constitución de reservas técnicas, elementos que, de acuerdo con el organismo de control, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Además, las cuentas por pagar de Nueva EPS, con corte a marzo de 2025, ascienden a $21,37 billones, cifra que compromete no solo a la entidad, sino al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que Nueva EPS cubre a aproximadamente el 22% de los afiliados.
El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, señaló que la situación también involucra a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). “Resulta indispensable establecer la responsabilidad de la ADRES, que continúa girando dineros sin una auditoría rigurosa, lo cual agrava los riesgos financieros y administrativos”, afirmó Silva.
Según el representante, la falta de resultados durante la intervención se evidencia en el nombramiento de tres agentes interventores diferentes sin que se hayan alcanzado mejoras. “Esto demuestra la ineficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno y la Superintendencia”, añadió.
Sanitas reporta deterioro tras intervención
La EPS Sanitas, que cuenta con 5.764.404 afiliados, también enfrenta un panorama complejo. Aunque recientemente se devolvió la administración a sus propietarios, los resultados tras la intervención han generado preocupación.
Sanitas reporta un detrimento patrimonial de $1,7 billones, un aumento superior a 35 puntos porcentuales en las quejas presentadas frente al año anterior y problemas en la red de atención. Estos factores han afectado la entrega de medicamentos y la calidad del servicio, lo que ha repercutido directamente en la confianza de los usuarios y en el acceso oportuno a la atención médica.
Pacientes Colombia advierte que la Superintendencia Nacional de Salud no ha logrado garantizar la efectividad de las intervenciones, pues no se ha establecido un plan de acuerdos de pago para reducir las deudas acumuladas.
Esta situación ha provocado cierres de servicios y retrasos en la entrega de medicamentos, afectando a millones de pacientes.
Llamado a la Corte Constitucional y a la Procuraduría
Ante este escenario, Pacientes Colombia solicitó la intervención de otras entidades del Estado. “No aceptamos más dilaciones ni evasivas. Esta crisis exige transparencia, responsabilidad y decisiones inmediatas”, expresó Denis Silva.
La organización instó a la Corte Constitucional a exigir el cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministerio de Salud y Protección Social para la protección de los derechos en salud.
Igualmente, pidió a la Procuraduría General que avance en la vigilancia y abra investigaciones disciplinarias contra los responsables de la gestión actual y pasada de la cartera de salud.
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