La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la puesta en marcha de un plan de movilidad escalonada de magistradas y magistrados de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) hacia la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. La medida se adopta a través del Acuerdo No. 025 de 2025, con el objetivo de agilizar los procesos de definición de situación jurídica de excombatientes de las Farc que no sean seleccionados como máximos responsables de los crímenes investigados.
La JEP aclaró que esta categoría incluye a quienes “aunque participaron en los hechos, no ejercieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o ejecución del plan o patrones macrocriminales determinados por la JEP”. Estas personas, tanto de las Farc-EP como de la fuerza pública, podrán avanzar en sus trámites de renuncia a la persecución penal y otras definiciones jurídicas con mayor rapidez.
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El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, impulsó la iniciativa, la cual fue aprobada por el Órgano de Gobierno. La movilidad escalonada permitirá que las magistradas y magistrados de la SAI compartan su experiencia acumulada en casos de firmantes de paz y en el conocimiento de las dinámicas de las extintas Farc.
Entre las acciones previstas se incluye la movilidad de la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla desde el 15 de octubre y del magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila desde el 1 de febrero de 2026, cada uno por un año. Además, se crearán subsalas duales de decisión integradas por magistrados de ambas salas, que trabajarán coordinadamente para garantizar mayor agilidad en las decisiones.
La JEP también implementará un diagnóstico conjunto de la carga de trabajo y del reparto de casos, permitiendo un análisis sistemático que asegure decisiones judiciales en plazos razonables y una mejor distribución de los procesos relacionados con comparecientes no máximos responsables.
Articulación con estrategias internas y procesos anteriores
El Acuerdo No. 025 de 2025 se suma a otras medidas adoptadas este año por la JEP. El AOG No. 002 de 2025, aprobado en febrero, estableció lineamientos para agilizar los procesos de instrucción de los 11 macrocasos, mediante la coordinación de la Unidad de Investigación y Acusación con la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición, asegurando que los equipos trabajen de manera conjunta y evitando duplicidades en la tramitación de los casos.
Por su parte, el AOG No. 006 de 2025 definió la ruta para implementar Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), orientados a la ejecución de las Sanciones Propias para comparecientes que reconozcan responsabilidad y aporten verdad, estableciendo mecanismos claros de seguimiento y control que permiten garantizar que los compromisos adquiridos ante la JEP se cumplan de manera efectiva y verificable.
Asimismo, el AOG No. 001 de 2025 estableció la coordinación interinstitucional con el Gobierno nacional para la ejecución de sentencias de la JEP, incluyendo la articulación con ministerios y entidades encargadas de la reintegración social, económica y jurídica de los comparecientes. Estas medidas buscan asegurar que las decisiones judiciales se implementen de forma integral, eficiente y respetuosa de los derechos de las víctimas.
La JEP reafirmó su mandato de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes graves, mientras avanza con eficiencia y transparencia en la definición de la situación jurídica de quienes no tienen rol de liderazgo. De esta manera, se garantiza la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como la reintegración progresiva de los excombatientes a la sociedad, fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia transicional y en los procesos de paz.
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