Recientemente, se conoció un informe de la Contraloría General de la República que encendió nuevas discusiones sobre la situación de la Nueva EPS, la entidad de aseguramiento en salud con mayor número de afiliados en el país.
Según lo revelado, tras un operativo realizado en conjunto con la Policía Judicial en julio, fueron detectadas presuntas anomalías financieras y administrativas que involucran diferentes áreas de su gestión de la Nueva Eps.
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De acuerdo con el reporte, entre los principales hallazgos aparecen incrementos en los anticipos, acumulación de facturas que aún no han sido auditadas, crecimiento en las cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la manera como se están construyendo las reservas técnicas. Estos resultados llevaron a que el tema se trasladara al ámbito político, donde representantes de distintas bancadas dieron a conocer sus posiciones.
En el espacio radial W Sin Carreta de la W Radio participaron Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico, y Andrés Forero, del Centro Democrático, quienes entregaron su lectura sobre los problemas que atraviesa la EPS y sobre los efectos que ha tenido la intervención del Gobierno Nacional.
Mondragón, en su intervención, planteó que las dificultades no se limitan a una entidad en particular, sino que hacen parte de la forma como funciona el sistema de salud colombiano. Según sus palabras, “los que manejan la plata, ellos mismos se autoauditen y construyan sus redes de prestadores, buscando hacer negocio a costa de los pacientes”. El representante agregó que lo sucedido con la Nueva EPS es un reflejo de esta dinámica, pues el esquema permitiría que se “roben” los recursos y al mismo tiempo se acumulen deudas. Al respecto, afirmó: “Eso es lo que nos dice el informe de la Policía con la Contraloría”.
El congresista también subrayó que la información divulgada por el ente de control muestra que la EPS enfrenta problemas graves en la administración de los recursos que recibe y que esa situación repercute directamente en la prestación del servicio. Para Mondragón, el informe pone de relieve que los desajustes tienen un trasfondo estructural vinculado al modelo mismo de aseguramiento en salud.
Por su parte, el representante Andrés Forero expuso un enfoque diferente. Aclaró que el informe de la Contraloría todavía no se conoce en su totalidad, pero destacó que los datos preliminares ya permiten hacer comparaciones con el periodo previo a la intervención del Gobierno.
En sus declaraciones, recogidas por W Radio, señaló que “podemos decir que al comparar un año pre intervención como el 2023 con el año de la intervención del Gobierno Nacional, evidenciamos que los anticipos no legalizados aumentaron a 8.6 billones de pesos, es decir, si antes había problemas, ahora con la intervención se incrementaron”.
Forero añadió que los hallazgos muestran un agravamiento de la situación durante el tiempo en que la entidad ha estado bajo la medida gubernamental. En ese sentido, resumió su percepción con la frase: “El mensaje que queda claro es que los problemas se incrementaron después de la intervención”.
La discusión entre ambos congresistas refleja la tensión política en torno a la gestión de la Nueva EPS y a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Mientras Mondragón sostiene que el origen del problema es el modelo estructural del sistema de salud, Forero insiste en que la intervención lejos de resolver la crisis habría aumentado las dificultades financieras de la entidad.
El informe de la Contraloría, al ser resultado de un trabajo conjunto con la Policía Judicial, incluyó visitas de verificación y recopilación de documentos. Si bien todavía falta conocer el alcance completo de la investigación, los hallazgos preliminares ya están sirviendo como insumo para el debate público y legislativo.
En paralelo, la Superintendencia Nacional de Salud también avanza con auditorías y medidas de inspección sobre la misma EPS. Entre ellas, se encuentra una auditoría forense internacional ordenada en semanas recientes con el propósito de identificar con mayor precisión el estado financiero de la entidad y las posibles responsabilidades administrativas.
Los resultados finales de estos procesos de control serán determinantes para establecer la magnitud de los problemas financieros, administrativos y de contratación que enfrenta la Nueva EPS.
Además, marcarán el rumbo de las decisiones que puedan tomar tanto el Gobierno como el Congreso en materia de reformas o ajustes al sistema de salud.
Por ahora, el informe divulgado por la Contraloría ha dado pie a un debate político en el que se confrontan visiones sobre la intervención estatal y sobre el futuro de la EPS con más afiliados en el país.
Lo que comenzó como un reporte técnico ya está en el centro de la discusión nacional sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema de aseguramiento en salud en Colombia.
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