Juez que condenó al asesino de Miguel Uribe lanzó fuerte declaración: “Puede llevar un mensaje equivocado”

El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay a manos de un menor de edad en el noroccidente de Bogotá se ha llevado la atención de Colombia y comunidades a nivel internacional.

El proceso investigativo por parte de la Fiscalía General de la Nación ha dejado la captura de siete personas implicadas en el crimen del precandidato presidencial.

Uno de ellos es alias Tianz, menor de 15 años de edad, que fue el responsable de dispararle al funcionario en repetidas ocasiones, causándole la muerte dos meses después del ataque.

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En medio de la conmoción por lo ocurrido, ese mismo día el joven fue capturado, luego de que algunos policías y personal de seguridad de Miguel Uribe Turbay lo persiguieran algunas cuadras luego de activar el arma de fuego, y resultara herido en una de sus piernas en el intento de escape.

El caso ha tenido un sinfín de discusiones sobre la condena y los posibles beneficios que ‘Tianz’ pueda tener al ser menor de 18 años; sin embargo, un juez le habría cerrado la puerta a estas condiciones.

En Los secretos de Darcy, para La FM, la periodista reveló un aparte de la diligencia en la que el juez de adolescentes explicó por qué no es correcto imponer una sanción en lugar de la privación de la libertad en su totalidad, poniendo en tela de juicio la capacidad y contundencia del sistema judicial colombiano.

“Sustituir la privación de la libertad por una sanción no privativa puede llevar un mensaje equivocado, no solo al joven infractor, sino también a la sociedad; en principio, porque la levedad de las sanciones en el tiempo y su carácter pedagógico no muestran la seriedad y contundencia que debe darse como reproche por su actuar doloso y violento; y, en segundo lugar, una sensación de impunidad al considerar la respuesta del Estado inadecuada y laxa”.

De igual manera, ratificó que este hecho pone en primer plano el difícil momento de seguridad que atraviesa el país, teniendo en cuenta que se permearon esquemas de seguridad, y se afectaron figuras políticas que se estaban preparando para una disputa en las urnas, con una finalidad clara, cambiar la dirección de Colombia.

“Para el caso de estudio, tal acto ha convulsionado a todo un país, ampliando el desasosiego en toda la comunidad, porque con tal acto criminal se ha acrecentado la sensación de inseguridad y los niveles de violencia por los que lamentablemente atraviesa Colombia y, sin lugar a dudas, porque este acto en su contexto se enmarca en un atentado contra valores tan preciados para nuestra sociedad como lo son la vida y la democracia, al violentar a una persona que, siendo senador, aspiraba igualmente a mantenerse en una contienda electoral para la Presidencia de la República”, concluyó el togado.

Entre los implicados, la Fiscalía identificó a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, como el presunto autor intelectual. De acuerdo con la investigación, ofreció dinero a varios de los involucrados y coordinó reuniones para planificar el atentado, incluyendo un encuentro el 4 de junio en la localidad de Bosa.

El día anterior al ataque, inspeccionó el parque El Golfito para definir rutas de escape y, el 7 de junio, entregó personalmente el arma al menor que ejecutó el disparo mortal. Tras el atentado, huyó junto a alias Gabriela en un vehículo.

Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, participó en la logística y supervisión del ataque, además de trasladar el arma al menor. Fue detenida en Florencia (Caquetá) y enfrenta cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores en delitos, entre otros.

Carlos Eduardo Mora condujo el vehículo en el que se entregó el arma al menor y facilitó la huida de los autores materiales. La Fiscalía le imputó homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir.

William Fernando González, alias El Hermano, debía facilitar la fuga del sicario en motocicleta, pero el plan falló cuando el menor fue capturado. González, con antecedentes por tráfico de armas y hurto, se entregó voluntariamente y permanece bajo detención.

Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, habría intervenido en todas las fases de planeación y contactó al menor ejecutor. Según las autoridades, acumula más de diez años de historial criminal y antecedentes por tráfico de estupefacientes y estafa.