Álvaro Uribe aseguró que el de Gustavo Petro es un “gobierno neocomunista” que quebró la salud: “El único camino es un nuevo gobierno”

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a las declaraciones de Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud (Gobierno Iván Duque), se refirió al reciente informe de la Contraloría General, que da cuenta de falencias financieras y administrativas en La Nueva EPS.

“Este Gobierno neo comunista quebró la salud, dolosamente, por odio a que no fuera del monopolio estatal. El único camino es un nuevo Gobierno que garantice presencia privada, participación mixta, solidaridad, opciones para el usuario y transparencia”, escribió el líder del Centro Democrático.

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De acuerdo con los datos divulgados por Aristizábal, basados en la información contenida en el informe fiscal, la entidad aseguradora pasó de reportar un patrimonio positivo de 485.000 millones de pesos en 2022 a registrar un déficit patrimonial cercano a 6,7 billones de pesos negativos en 2024, con la proyección de que esa cifra podría superar los 9 billones negativos al cierre de este año.

En materia de pasivos, el exsuperintendente señaló que estos habrían pasado de 5,4 billones en 2022 a 21 billones en la actualidad.

También mencionó un incremento en el manejo de anticipos no legalizados, que se habría elevado de 3,8 billones a 15,3 billones de pesos en el mismo periodo.

El informe de la Contraloría igualmente recoge que las cuentas por pagar crecieron de manera significativa: de 4,6 billones en 2022 a 13,5 billones en la actualidad, lo que Aristizábal calificó como una “debacle financiera” de la EPS más grande del país.

“Y creo que llegará a diciembre con un negativo cercano a los nueve billones de pesos. Patrimonio, ministro. Hable con la verdad. Segundo, el pasivo era de cinco punto cuatro billones, ministro, el año 2022, y hoy está en veintiún billones de pesos negativos. Esa información la entregó la propia entidad, ministro, el interventor”, señaló, dirigiéndose al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

El exfuncionario atribuyó la crisis a la intervención estatal adelantada por el actual Gobierno y advirtió que una situación similar podría estar presentándose en otras entidades del sector que han sido sometidas a medidas especiales.

Según sus declaraciones, los problemas que hoy se hacen visibles fueron ocultados en el pasado, pero se agudizaron tras la gestión de la administración actual.

Aristizábal también hizo referencia al papel de la exministra de Salud, Carolina Corcho, a quien señaló como responsable de impulsar lo que él considera una “crisis explícita” en el sistema.

Según dijo, las medidas adoptadas durante su paso por la cartera habrían desembocado en un impacto social considerable.

“Esta debacle la armaron ustedes y hace parte de la famosa crisis explícita que tenía que armar la exministra Carolina Corcho, hoy candidata a la presidencia, que se convirtió más bien en una masacre social. Y esta misma situación, le advierto, señor contralor, debe estar pasando en todas las intervenidas. Corrupción es lo que está viendo el país. Sea serio, ministro, y sea responsable”, agregó Aristizábal en el video replicado por Uribe.

El organismo advierte que las irregularidades financieras detectadas ponen en riesgo la sostenibilidad de la entidad y la continuidad de los servicios de salud para millones de afiliados en todo el país.

El operativo incluyó el análisis de información correspondiente a los años 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, lo que permitió a la Contraloría recaudar 4.524 archivos con datos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de la Nueva EPS. La intervención se realizó ante la ausencia de estados financieros certificados y la insuficiencia de los sistemas de información de la Superintendencia Nacional de Salud, lo que dificultaba la vigilancia fiscal sobre la entidad, que actualmente cubre cerca del 22% de la población afiliada al sistema de salud colombiano.

Entre los hallazgos principales, la Contraloría identificó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar.Entre 2023 y 2024, estos pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que representa un aumento del 155%. Para junio de 2025, la cifra ascendió a $15,27 billones, con $6,6 billones adicionales respecto al año anterior.

Esta situación compromete la liquidez de la Nueva EPS y eleva el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente por anticipos que superan los dos años sin legalizar, cuyo valor alcanza los $143.000 millones. Además, al cierre de junio de 2025, permanecían sin legalizar $5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no cuenta con el debido soporte.