Centro Democrático confirmó que el expresidente Álvaro Uribe aspirará al Senado en 2026

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció que el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría regresar al Congreso como candidato al Senado en las elecciones de 2026, siempre y cuando las condiciones jurídicas lo permitan.

Vallejo precisó que, de confirmarse su participación, Uribe ocupará el último lugar en la lista cerrada que presentará el partido, la cual estará compuesta por 25 aspirantes.

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Durante una declaración pública, Vallejo destacó que la inclusión de Uribe ya está definida, mientras que el resto de la lista será determinado por un comité evaluador. Según el directivo, este comité revisará aspectos como formación académica, reputación y capacidad de representación regional de los aspirantes.

“Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya”, aseguró Vallejo.

Vallejo explicó que el comité tendrá la tarea de analizar los perfiles de los precandidatos y recomendar al partido la posición que ocuparán en la lista. Indicó que se evaluarán criterios como la honorabilidad, identificación con los principios del Centro Democrático y la capacidad de representación regional.

El dirigente también señaló que la meta del partido es alcanzar la totalidad de los 25 escaños en el Senado. Sostuvo que la organización política busca liderar un proceso que, en sus palabras, contribuya a la recuperación del país. “Queremos decirle al país que el Centro Democrático tendrá la enorme responsabilidad de liderar la lista, que va a ayudar a contribuir a la recuperación de Colombia”, expresó.

La participación del expresidente Uribe dependerá de la evolución de los procesos judiciales que enfrenta. Aunque Vallejo no detalló los avances de estos casos, insistió en que su inclusión en la lista está sujeta a que no existan impedimentos legales.

El anuncio marca el primer paso del Centro Democrático en la definición de su estrategia para las elecciones legislativas. De momento, el número 25 es el único confirmado, mientras que los otros 24 lugares continuarán en evaluación antes de ser anunciados públicamente.

Desde el martes 19 de agosto de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al concluir que la decisión de la juez 44 Penal del Circuito, Sandra Liliana Heredia, que dispuso su captura domiciliaria por soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, estuvo mal motivada.

En su decisión, el tribunal fue enfático en señalar que la jueza sustentó la captura en razones “vagas, indeterminadas e imprecisas”, mencionando como factores la “percepción ciudadana” y el “efecto ejemplarizante”. Según el fallo, esos criterios resultan “desatinados” porque las conductas atribuidas a Uribe afectan a personas específicas y no a la sociedad en general.

En otras palabras, para el tribunal no era procedente justificar una medida de aseguramiento apelando a la convivencia pacífica o al orden social cuando el caso se refiere a hechos concretos y particulares.

Sin embargo, el 27 de agosto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asumió el análisis de la tutela que permitió la libertad inmediata de Uribe, luego de la impugnación presentada por las víctimas en el proceso judicial por manipulación de testigos. El caso fue asignado a una sala compuesta por tres magistrados: Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala Penal; Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema; y Diego Eugenio Corredor Beltrán, que será el magistrado ponente encargado de proyectar la decisión que deberá ser debatida en el pleno de la Sala.

Tras la impugnación, la Corte Suprema cuenta con un plazo de 20 días para resolver si mantiene, modifica o revoca el fallo que permitió la libertad de Uribe. El magistrado Corredor será el responsable de presentar la ponencia que será discutida con los otros dos integrantes de la sala.

Si la Corte Suprema confirma el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, Uribe continuará en libertad mientras avanza la apelación de su condena a 12 años de prisión domiciliaria. Si la Corte decide modificarlo, podría establecer nuevas reglas sobre los alcances de la detención preventiva y las garantías del debido proceso en casos de alto interés público. En caso de revocar la decisión, se restablecería la medida de aseguramiento contra el expresidente.

Cualquiera de estas determinaciones será de cumplimiento inmediato, aunque aún quedará abierta la posibilidad de que la Corte Constitucional revise de fondo la tutela para precisar criterios sobre la restricción de la libertad en procesos penales y los límites que deben observar los jueces al imponer medidas de aseguramiento.