El proceso disciplinario que la Procuraduría General de la Nación ha iniciado para esclarecer el destino de la pauta oficial en Telemedellín durante la administración de Daniel Quintero pone en el centro del debate la asignación de recursos públicos a una serie de medios digitales de reciente creación, muchos de ellos con escaso alcance y registros fuera de Medellín.
La investigación, que involucra a exgerentes del canal y a un exsecretario de Comunicaciones, busca determinar si existió un favorecimiento indebido a particulares y si se desviaron fondos con fines personales o políticos.
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La notificación formal de la apertura del auto 1464 fue remitida por la Procuraduría a los exgerentes Mabel Rocío López Segura, Deninson Mendoza Ramos y Johana Jaramillo Palacio, así como al exsecretario de Comunicaciones Juan José Aux Trujillo.
Todos ellos deberán comparecer personalmente ante el ente de control para responder por las presuntas irregularidades en la contratación de pauta institucional con medios virtuales, una práctica que, según las denuncias, se habría intensificado durante la gestión de Quintero.
El origen de la investigación se remonta a septiembre de 2021, cuando varios medios de comunicación locales, entre ellos El Colombiano, documentaron que la Alcaldía de Medellín destinaba millones de pesos mensuales a medios digitales con apenas un año de existencia, contenidos replicados y audiencias mínimas.
Estos portales, registrados en lugares como Bogotá, Tolima o, incluso, Estados Unidos, recibieron contratos de pauta que, en conjunto, alcanzaron los $167 millones de pesos mensuales, lo que equivale a $2.004 millones de pesos al año.
Esta cifra, según los informes, superó ampliamente los $121 millones de pesos que se asignaron a los medios comunitarios e independientes de Medellín entre enero y septiembre de 2020, pese a que estos últimos están amparados por una política pública de medios.
Entre los medios beneficiados figuraban nombres como Pasión Montañera (creada en Tolima en enero de 2021), Noticias al día (registrada en Arizona, Estados Unidos, en febrero de 2021), Latinoscopio, Megafinde, Noticias Medellín, Red Noticias, Noticias de la Urbe, News Colombia, Medellín Opina, Región Económica, SoyMedellin.co, Escenario Local, Nación Paisa y En Otro Ángulo.
A este grupo se sumaron otros portales que, según la alerta interna de la Central de Medios de Telemedellín, recibieron asignaciones presupuestales superiores al promedio, como Libro al Aire, Fipu (Federación Internacional de Prensa de los Pueblos), Lado B, Espejo Público, Julián Céspedes-Narramos la Ciudad, Café Gol, 24HN, El Pregonar, La otra cara, Hablemos claro, Revelados periodismo de investigación, Frente al poder y la empresa Medellín Media Network.
La Central de Medios de Telemedellín advirtió al entonces secretario auxiliar sobre los riesgos de invertir en publicidad en al menos 26 de estos medios, señalando que el gasto “sobrepasaba la media en comparación con el valor de la pauta de los demás medios”, según consta en el documento citado por El Colombiano.
Pese a estas advertencias, la administración defendió la asignación de recursos y negó reiteradamente cualquier irregularidad, llegando a acusar a El Colombiano de llevar a cabo una “persecución sistemática de la cual viene siendo víctima por parte de El Colombiano”.
La investigación disciplinaria también involucra a otros funcionarios y exfuncionarios vinculados a distintas áreas del canal durante la administración de Daniel Quintero Calle: Isabel Cristina Carvajal, Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahíta, Juan Diego Hernández Agudelo, Lady Johana Restrepo Contreras y María Camila Arango Pérez.
Todos ellos deberán explicar ante la Procuraduría los criterios utilizados para la asignación de recursos y la selección de los medios beneficiados.
Las denuncias recogidas por Caracol Radio aportaron un elemento adicional al revelar que entre los beneficiarios de estos contratos figuraban familiares de figuras políticas cercanas al quinterismo. Según este medio, el hermano y la exesposa de Hollman Morris, actual gerente de Rtvc, así como la esposa y el hermano del congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro Ramírez, recibieron recursos a través de estos medios digitales.
El proceso disciplinario busca establecer si existió un uso indebido de recursos públicos, favorecimiento a particulares o violaciones a los principios de la contratación estatal.
La Procuraduría General de la Nación deberá determinar si la pauta oficial de Telemedellín durante la administración de Daniel Quintero benefició de manera irregular a medios y personas vinculadas al entorno político del exalcalde, en detrimento de los medios comunitarios e independientes de la ciudad.
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