El aumento en la contratación estatal mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) durante el Gobierno de Gustavo Petro ha sido tema de intenso debate en las redes sociales. En especial el domingo 7 de septiembre de 2025, cuando la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, hizo pública unas cifras que causaron una fuerte polémica, pues el Ejecutivo -a 335 días del final del actual mandato- seguiría despilfarrando recursos.
Según la congresista, la actual administración ha impulsado un crecimiento histórico en este tipo de contratos, lo que, según su análisis, podría comprometer la estabilidad financiera; pues se trata de multimillonarios montos que se estarían dedicando a alimentar la burocracia. Una situación que, incluso, ha encendido las alertas entre expertos economistas, que ven con preocupación cómo el presupuesto nacional compromete más rubros para estos gastos.
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Cabal explicó que, tras una investigación realizada junto a su equipo, detectaron un incremento significativo en la cantidad y el valor de los contratos OPS firmados entre el 7 de agosto de 2022 y el 16 de julio de 2025. La senadora reiteró que los datos provienen de la plataforma oficial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), que centraliza la información sobre la contratación estatal en el país y sirve de garantía frente a este tipo de procesos.
Los hallazgos de María Fernanda Cabal frente a las OPS en el Gobierno
De acuerdo con los datos presentados por Cabal, el análisis abarcó tanto la plataforma Secop I como Secop II, ambas a nivel nacional centralizado. La investigación reveló que, en el periodo señalado, la contratación de personal bajo la modalidad de OPS alcanzó cifras que la senadora calificó como históricas y preocupantes; pues romperían con cualquier esquema evidenciado en anteriores mandatos, como se pudo establecer en este inquietante balance.
En el caso de Secop I, los registros oficiales muestran que se celebraron 669 contratos de prestación de servicios con 147 contratistas, por un valor total de $5.582 millones. El desglose anual indica que en 2022 se firmaron 74 contratos por $638 millones, en 2023 fueron 234 contratos por $1.708 millones, en 2024 se reportaron 201 contratos por $1.659 millones y en 2025, hasta el 16 de julio, se contabilizaron 160 contratos por $1.576 millones.
Por su parte, los datos de Secop II evidencian una magnitud mucho mayor. Entre agosto de 2022 y julio de 2025, se suscribieron 382.189 contratos de prestación de servicios con 167.045 contratistas, lo que alcanzó un valor acumulado de $14,62 billones. El detalle anual muestra que en 2022 se firmaron 18.876 contratos por $299.180 millones, en tanto que en 2023 la cifra ascendió a 116.695 contratos por $3,91 billones.
Por su parte, en 2024 se registraron 145.498 contratos por $5,53 billones y en 2025, hasta la fecha de corte, se contabilizaron 101.120 contratos por $4,87 billones.
Al respecto, la senadora y aspirante presidencial advirtió que este volumen de contratación representa un riesgo considerable para las finanzas públicas y cuestionó el tamaño de la burocracia estatal bajo la administración de Petro. En sus afirmaciones, que causaron un remezón mediático, insistió en que la magnitud de los contratos OPS pone en entredicho la eficiencia y el propósito de la expansión de la nómina estatal.
Es válido precisar que las órdenes de prestación de servicios (OPS) son una modalidad de contratación utilizada por el Estado colombiano para vincular a personas naturales que prestan servicios específicos, sin que exista una relación laboral directa. Este mecanismo, aunque legal, ha sido objeto de debate por su uso recurrente para suplir necesidades permanentes de personal en la administración pública; pues no garantiza estabilidad.
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