Una elección rodeada de clanes, maniobras y traiciones: así fue la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional ha puesto un hito en la política colombiana, al tratarse de uno de los procesos más politizados de los últimos años.

La jornada, adelantada el miércoles 3 de septiembre, estuvo caracterizada por intensas maniobras entre partidos, acusaciones de clientelismo político y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, en un ambiente donde la influencia de figuras clave y la presión de clanes regionales resultaron determinantes para el desenlace.

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El proceso de selección de Camargo se desarrolló en medio de una atmósfera de alta tensión política. El presidente Gustavo Petro intervino de manera directa, mientras que líderes tradicionales como Efraín Cepeda asumieron roles protagónicos en la campaña a favor del candidato.

La contienda involucró a partidos tradicionales, precandidatos presidenciales y figuras mediáticas, quienes alimentaron el debate sobre la posible conformación de una “corte petrista”. El resultado de la votación anticipó una inminente reconfiguración ministerial en el Gobierno, con la expectativa de una purga de cuotas políticas de cara a la campaña electoral.

Sin embargo, la llegada del nuevo magistrado a varios de los cargos de gran importancia no han pasado desapercibidos, especialmente, por sus conexiones políticas y familiares que, según un reciente análisis de la revista Cambio, lo convierte en un “rockstar” entre los congresistas.

La figura de Carlos Camargo no es ajena a la política nacional. Nacido en Cereté, Córdoba, proviene de una familia con profundas raíces en el poder regional. Es primo del excandidato presidencial David Barguil, cuñado del senador Marcos Daniel Pineda, yerno de la exsenadora Nora García Burgos y primo de la esposa del actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Estas conexiones familiares han acompañado su carrera desde sus inicios y han sido objeto de cuestionamientos desde su primera postulación a cargos públicos.

En 2014, Camargo aspiró a ser magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Partido Conservador, respaldado por el peso político de su familia. A pesar de las denuncias de nepotismo y una demanda ante el Consejo de Estado, logró acceder al cargo.

Durante su paso por el CNE, se le asignaron varios casos relacionados con aliados de su entorno familiar, como Yahir Acuña, entonces aliado de su suegra Nora García. Aunque se presentaron recusaciones por posibles conflictos de interés, estas no prosperaron. Uno de los casos más relevantes que tuvo a su cargo fue el de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y la presunta financiación de Odebrecht, en el que propuso archivar la investigación por falta de pruebas, decisión que fue respaldada por la mayoría de sus colegas, aunque el proceso penal continuó por otra vía.

Tras su salida del CNE en 2017, Camargo asumió la dirección ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos (FND), una entidad con un presupuesto superior a 1,5 billones de pesos provenientes de impuestos al licor y tabaco.

Su llegada contó con el aval del gobierno de Iván Duque y el respaldo de poderosos clanes regionales. En 2019, cuando se perfilaba como candidato fuerte para la Registraduría Nacional, surgieron denuncias sobre contratos otorgados a personas cercanas a magistrados del Consejo de Estado, según la Fundación Pares. Estas revelaciones lo llevaron a desistir de su aspiración y permanecer en la FND.

En 2020, en plena pandemia, Camargo fue elegido Defensor del Pueblo con una amplia mayoría en la Cámara de Representantes, superando a sus rivales con 140 votos de 155 posibles. El apoyo provino principalmente de los partidos Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. Un congresista que participó en esa elección recordó: “En esa época hubo llamadas bastante intensas de Simón Gaviria invitando a votar por el doctor Camargo. Se veía que confiaba en él”, según declaraciones recabadas por Cambio. El respaldo del entonces presidente Duque, compañero de universidad de Camargo, también resultó decisivo.

Durante su gestión en la Defensoría del Pueblo, Camargo implementó una política de nombramientos que benefició a más de 20 directivos cercanos a él y a los partidos que lo apoyaron. Entre los designados figuraron profesionales con vínculos a Cambio Radical, el Partido de La U, el Partido Liberal y la estructura de los García Pineda en Córdoba.

Algunos de estos nombramientos generaron controversia por la idoneidad y antecedentes de los seleccionados. Por ejemplo, José Hilario Bossio, defensor regional de Bolívar, había sido diputado liberal y secretario del Interior de un exgobernador condenado por corrupción. Carlos Julio Manzano, defensor regional en Atlántico y cercano al uribismo, renunció tras poco más de dos semanas debido a críticas por su pasado judicial y cuestionamientos de organizaciones de víctimas. Su reemplazo, Miguel Linero de Cambil, provenía de la diplomacia y de la asesoría en la Casa de Nariño durante el gobierno Duque.

El alcance del clientelismo en la gestión de Camargo se evidenció también en los nombramientos de familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo postularon para la Corte Constitucional. De acuerdo con una investigación de La Silla Vacía, Camargo designó a esposas, nueras, hijos y hermanos de nueve de los 22 magistrados que participaron en su nominación.

La elección de Camargo y las felicitaciones posteriores generaron inquietud entre los senadores, quienes buscaron evitar que las cuotas ministeriales y burocráticas de sus partidos quedaran en entredicho. Al menos nueve senadores de partidos que apoyaron abiertamente a Camargo tenían familiares o amigos que trabajaron en la Defensoría durante su gestión. Aunque presentaron impedimentos, la plenaria del Senado los rechazó por mayoría.

Entre estos senadores se encuentran Juan Pablo Gallo y Lidio García (Partido Liberal); Didier Lobo, Edgar Díaz Contreras y Carlos Julio González (Cambio Radical); Alirio Barrera (Centro Democrático); Esperanza Andrade y Liliana Bitar (Partido Conservador); y Julio Chagüi (Partido de La U).

La controversia alcanzó incluso al Pacto Histórico, donde surgieron acusaciones de traición y se realizaron investigaciones internas para identificar a quienes cambiaron su voto en el último momento. Una fuente del alto Gobierno señaló: “Se está indagando si hubo alguien en el Pacto, Comunes o el Verde que se salió de las instrucciones”, según consignó Cambio. En la bancada petrista, la senadora Gloria Flórez respondió a las sospechas de Gustavo Bolívar con un contundente: “Que presente las pruebas”.