Robos, deterioro y falta de administración: lo que hay detrás de la destrucción de un edificio que perteneció a ‘Pacho’ Herrera, excapo del cartel de Cali

La desmantelación sistemática del edificio Arábico en la Calle 5 con Carrera 66, en la ciudad de Cali, ha sumido a los vecinos en una situación límite: el estruendo de los vidrios que se hacen añicos y el golpeteo incesante de herramientas durante la madrugada han convertido la vida cotidiana en una pesadilla.

“A cualquier hora uno puede pasar por aquí y empezar a ver cómo caen los vidrios de las ventanas”, relató una transeúnte a El País, describiendo el ambiente de deterioro y peligro que se ha instalado en el sector.

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El inmueble, que en el pasado fue símbolo de opulencia y perteneció a Hélmer “Pacho” Herrera, antiguo capo del cartel de Cali, hoy se encuentra bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras un proceso de extinción de dominio.

Durante el operativo, ejércitos de invasores saquearon puertas, ventanas, marcos de aluminio, cables eléctricos, motores, partes del elevador, campanas de cocina, chapas, motobombas y sanitarios de los 28 apartamentos distribuidos en siete de los nueve pisos del edificio.

La situación se agrava con la destrucción interna: paredes y techos han sido perforados en busca de posibles caletas que, según se sospecha, podrían haber sido ocultadas por el antiguo propietario, el otrora capo asesinado hace casi tres décadas en la cárcel de Palmira. “La tranquilidad nos ha sido esquiva en horas de la noche gracias a los múltiples golpes y martillazos que ahora hacen parte de la banda sonora del barrio El Gran Limonar”, lamentó uno de los vecinos para el citado medio.

El drama no se limita a los residentes: en el primer piso del edificio operan tres locales comerciales —un restaurante de comidas rápidas, un outlet de ropa deportiva y un almacén de jeans para damas— que continúan pagando renta a la SAE. Sin embargo, la ausencia total de administración y vigilancia ha dejado a los comerciantes a merced de la inseguridad.

“El edificio hasta hace poco estaba bien; tenía sus ventanas, estaba abandonado, pero estaba completo. A nosotros se nos han llevado los cables de la energía, nos han dejado sin energía. El dueño del local tuvo que hacer unos arreglos por fuera para solucionar el tema de la energía.”, explicó un empleado para El País.

La falta de respuesta institucional ha obligado a los arrendatarios a buscar soluciones por cuenta propia. “Incluso, estando trabajando nos han dañado el tubo del agua; lo han arrancado y nos ha tocado de parte de nosotros buscar una solución porque la SAE no invierte un centavo en arreglos. Entonces, cada uno de los dueños de los almacenes debe resolver”, añadió el mismo trabajador.

El temor a una posible intrusión directa en los locales es creciente: “El mayor peligro que nosotros corremos es que vayan a hacer un hueco. En los apartamentos sabemos que están rompiendo las paredes y tenemos miedo de que hagan un hueco hacia los almacenes y que puedan ingresar ahí.”, advirtió uno de los comerciantes.

La administración del edificio Arábico se ha convertido en un problema sin dueño: “Ese edificio lo administran desde Bogotá, pero a nosotros nos han tirado ese chicharrón”, reconoció Felipe Tascón, director territorial de la SAE, al ser consultado por El País.

“La SAE tiene una estructura absurda. Si un bien se incauta a una persona natural, lo manejan las oficinas territoriales; por ejemplo, la oficina aquí en Cali, Barranquilla o Medellín. Pero si se le incauta a una persona jurídica, es administrado por un área que se llama Vicepresidencia de Sociedades; entonces depende precisamente de esa oficina en Bogotá”, explicó el funcionario.

El deterioro estructural del edificio es otro factor crítico. “Ese edificio lo revisamos y tiene una falla estructural; en todas las cocinas de los apartamentos hay una grieta, como si fuera un machetazo del piso al techo. Y es una vaina que continúa a lo largo de los nueve pisos. Es decir, ese edificio, en la práctica, la única manera de aprovecharlo es venderlo como lote para que alguien lo tumbe y haga allí otra cosa, porque darle uso comercial o alquilarlo es imposible”, afirmó Tascón.

Los intentos de los vecinos por obtener respuestas de la SAE han resultado infructuosos. “Nos hemos dirigido a la SAE y no tenemos solución. Cuando me pasé a vivir en el edificio del lado, en Pétula, en el año 98, eso ahí tenía vigilancia, pero el señor que vigilaba vivía ahí mismo y la SAE inexplicablemente lo sacó hace poco; dicen que porque no había recursos y pusieron un candado”, relató un residente del edificio Arábico para El País.

La labor policial enfrenta sus propios límites. Un oficial del cuadrante explicó que han detenido a personas hasta tres y cuatro veces, pero estas recuperan la libertad rápidamente. Además, la atención de tres o cuatro requerimientos diarios por intrusos en el edificio complica la seguridad del resto del sector.

“Lo que nos informó mediante oficio la SAE fue que no contaban con presupuesto para poner vigilantes. Igualmente, las capturas están debidamente documentadas y las medidas de policía corresponden a la aplicación de la Ley 1801 en cuanto a lo que han hecho las patrullas y posteriormente realizamos la individualización, pero solo podemos hacer lo que la ley nos permite”.”, explicó el comandante de la Estación de Policía del barrio El Caney, mayor Luis Páez, para El País.