Lina María Garrido lanzó dura advertencia a Gustavo Petro por aparentes irregularidades en el trámite de la reforma pensional: “Se la voy a tumbar”

La polémica frente a lo que habría sido el trámite irregular de la reforma pensional en el país tiene un nuevo e intenso capítulo, tras conocerse dura advertencia de la representante a la Cámara Lina María Garrido. La congresista denunció el sábado 6 de septiembre de 2025 aparentes anomalías en la discusión del proyecto en el órgano legislativo, pues se habría discutido y aprobado en sesiones extraordinarias que no contaron con el pleno de requisitos para tal fin.

En efecto, el conflicto surgió por la manera en que se realizó la sesión del 27 de junio de 2025, convocada para corregir los errores de procedimiento señalados por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que remitió la proposición al legislativo para su ajuste. Diversos sectores de la oposición afirman que este encuentro no respetó los requisitos establecidos por la ley, motivo por el cual el orden del día aprobado en dicha sesión sería inválido.

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“Le voy a tumbar la reforma pensional a Petro. Esta prueba es contundente, el informe enviado ayer a la Corte Constitucional por la Cámara Colombia certifica lo que he venido denunciando: las sesiones extraordinarias están VICIADAS. La reforma pensional se cae o se cae. Nosotros sí le vamos a salvar la pensión a todos los colombianos”, enfatizó la congresista, que remarcó la gravedad de los hechos carentes de legalidad en este proceso.

En ese sentido, Garrido detalló que el proceso legislativo habría incurrido en faltas procedimentales, al señalar directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti y al expresidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca. Según su denuncia, el afán de ambos por cumplirle a Petro los llevó a saltarse la ley, pero dijo “frenarlos en seco”, frente a lo que serían las intenciones de sacar, a toda costa, el proyecto de ley con el que se reformaría el sistema de pensiones.

“El informe es claro al indicar que NO se aprobó el acta 256 de la sesión del 27 de junio. Solo votaron 76 congresistas y se necesitaban 94 votos para lograr el cuórum decisorio. Esto también deja viciada la sesión del 28 de junio, pues la del 27 es inexistente, y fue en esa donde se anunciaron los proyectos para la del 28: también se cae”, afirmó la representante a la Cámara, que insistió en que la ausencia de actas válidas compromete la legalidad de todo el trámite.

La congresista de oposición sostuvo que la validez de las sesiones depende de la existencia de las actas correspondientes. “Por consiguiente, como lo ha indicado la misma Corte Constitucional, si no existe un acta, tampoco existe una prueba de la sesión. Si no hubo sesión, la reforma se cae. Punto”, concluyó Garrido, que reiteró así su convicción de que el proceso legislativo está viciado de nulidad y por ende no puede entrar a vigencia.

El actual presidente de la Cámara, Julián López, comunicó que ya se remitieron los documentos requeridos al alto tribunal. “Como presidente de la Cámara, informo al país que, en cumplimiento del auto de la Corte Constitucional, remitimos las actas de la reforma pensional. Confío en que la Corte, con su sabiduría e independencia, declare exequible la Ley 2381 de 2024, un logro del pueblo que reducirá desigualdades y hará de Colombia un país más justo”, dijo.

El trámite de la reforma pensional ha enfrentado obstáculos en la Cámara de Representantes, en el que, en cuatro ocasiones no se logró aprobar las actas necesarias para que la Corte continúe el estudio del proyecto. Las sesiones del 4, 5 y 20 de agosto no alcanzaron el cuórum requerido, mientras que el 12 de agosto la discusión no se efectuó debido a la suspensión de actividades tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Desde la perspectiva del alto tribunal, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aclaró que la demora en la decisión no corresponde a la actuación de la Corte, sino a la falta de aprobación de las actas por parte del Legislativo. Con ello le salió al paso a los múltiples señalamientos del presidente Petro, que lo acusó de retrasar la implementación del articulado ya aprobado por ambas corporaciones, Senado y Cámara.

“La semana pasada se nos informó que aún no se habían aprobado algunas actas de las sesiones en las que se discutió dicho trámite. Por esta razón, si ha habido una demora por parte de la Corte en la toma de una decisión de fondo, esta no obedece a la actuación del magistrado sustanciador. La demora se debe, simplemente, al cumplimiento de los trámites necesarios para verificar adecuadamente la subsanación”, explicó Ibáñez a El Tiempo.