Hipótesis sobre asesinato de Miguel Uribe Turbay publicadas por el presidente Petro estarían entorpeciendo la investigación

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ha desencadenado una investigación judicial compleja y rodeada de controversia. A tres meses del atentado, fuentes consultadas por El Colombiano advierten que las múltiples hipótesis y declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro y otros altos funcionarios han entorpecido el avance de las pesquisas, generando presiones adicionales sobre los equipos investigadores y dificultando la identificación de los autores intelectuales de este magnicidio que sacudió a Colombia.

Uribe Turbay, figura de la oposición y aspirante a la presidencia, fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un mitin en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Un adolescente se acercó entre la multitud y le disparó en la cabeza, dejándolo gravemente herido. Tras dos meses en cuidados intensivos, Uribe falleció el 11 de agosto, convirtiéndose en la víctima más reciente de un crimen político de alto perfil en el país. El caso, que involucra a poderosas organizaciones criminales, se ha convertido en un punto de tensión entre las autoridades judiciales y el Gobierno nacional.

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La principal línea de investigación, según ha podido establecer El Colombiano, apunta a la colaboración entre dos estructuras criminales: La Zaga, una banda con base en Engativá dedicada al tráfico de drogas, secuestros y sicariato, y la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc comandada por Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela. Siete personas han sido capturadas hasta la fecha, la mayoría vinculadas a tareas logísticas y operativas, pero los investigadores reconocen que estos detenidos se encuentran en los eslabones más bajos de la cadena criminal, lejos de los verdaderos responsables intelectuales.

Entre los capturados figuran Harold Daniel Barragán Ovalle (“Harold”) y Elder Arteaga Hernández (“el Costeño”), ambos presuntos reclutadores de los ejecutores materiales del atentado. La Zaga, según exmiembros de la Policía Metropolitana de Bogotá citados por El Colombiano, controla plazas de microtráfico e informantes en varios barrios de la capital, así como en los alrededores del aeropuerto El Dorado. Las autoridades han reabierto expedientes contra esta banda para rastrear posibles conexiones con otras facciones y determinar la identidad de sus jefes.

El vínculo con la Segunda Marquetalia se estableció a través de un individuo apodado “Daniel” o “David”, quien compartió celda con “el Costeño” y es considerado miembro de la columna móvil Teófilo Forero, activa en la frontera entre Huila y Caquetá. Esta célula, bajo el mando de José Sierra Sabogal (“Zarco Aldinever”), habría facilitado la huida de Katerine Martínez (“Gabriela”), joven de 19 años que transportó el arma homicida y fue detenida en Florencia, Caquetá. La muerte de “Zarco Aldinever”, confirmada por el Gobierno tras una emboscada del ELN, no ha despejado las dudas sobre la cadena de mando, ya que la responsabilidad última recae en “Iván Márquez”, quien permanece en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro.

Aunque pesa sobre él una circular roja de Interpol y pedidos de extradición, no existe una orden de captura específica por el magnicidio de Uribe Turbay, lo que, según agentes consultados, representa un “punto muerto” en la investigación.

El avance de las pesquisas se ha visto obstaculizado por la intervención del Gobierno, cuyas hipótesis públicas han desviado recursos y generado confusión. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el primero en señalar al Estado Mayor Central, otra disidencia de las Farc, basándose en ataques ocurridos en la Costa Pacífica días después del atentado.

Por su parte, el presidente Petro ha sugerido la implicación de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico, una red transnacional con operaciones en Bogotá y Dubái, y en diferentes ocasiones ha mencionado al ELN como posible responsable, aunque luego se retractó públicamente. Petro también ha insinuado la participación de adversarios políticos, como el excanciller Álvaro Leyva, a quien acusó de instigación al asesinato en una denuncia formal, citando supuestos nexos con la Segunda Marquetalia.

Estas declaraciones, muchas veces sin respaldo probatorio, han generado malestar entre los equipos de la Dijín y el CTI asignados al caso. Según fuentes de El Colombiano, cada vez que un funcionario lanza una nueva hipótesis, los investigadores deben destinar tiempo y recursos a buscar evidencias que respalden esas afirmaciones, lo que ralentiza el avance real de la investigación y fomenta la desconfianza interna. La filtración de hallazgos y la compartimentación de datos han provocado una paulatina ralentización de los avances, a pesar de que se ha mantenido un ritmo de una captura cada 13 días.

La tensión entre la Fiscalía, la Policía y el Gobierno se ha hecho evidente en la coordinación de la investigación. Por orden presidencial, se estableció un puesto de mando unificado en la Dirección de la Policía, al que comenzaron a asistir directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que incomodó a la fiscal general Luz Camargo. En un comunicado, Camargo subrayó que “toda reunión de coordinación y seguimiento del caso se realizará con quienes llevan a cabo las tareas en nuestras instalaciones”, y rechazó la propuesta de Petro de recibir una comisión internacional de la ONU. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, optó por la cautela, afirmando que “todas las líneas investigativas están abiertas” y que prefería abstenerse de lanzar hipótesis para evitar confusiones o desvíos.

La cronología de los hechos muestra una investigación activa pero centrada en los ejecutores materiales. El 7 de junio, el sicario adolescente fue capturado tras el ataque y aceptó colaborar con la justicia.

En los días y semanas siguientes, se detuvo a varios implicados en tareas logísticas y de transporte, como Carlos Eduardo Mora González (“el Veneco”), William Fernando González Cruz (“el Hermano”), Cristian Camilo González y Katerine Martínez. El 5 de julio, Elder Arteaga Hernández (“el Costeño”) fue arrestado en Engativá, y el 30 de agosto, Harold Daniel Barragán (“Harold”) también cayó en manos de las autoridades. Un adolescente de 17 años se entregó y declaró haber participado en la planeación, pero se fugó poco después de un albergue del Icbf.

A pesar de estos avances, la pregunta sobre quién ideó y ordenó el asesinato de Uribe Turbay sigue sin respuesta. La experiencia reciente con el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022 y cuyo expediente tampoco ha logrado identificar a los autores intelectuales, alimenta el escepticismo sobre la posibilidad de esclarecer completamente el magnicidio del senador colombiano.

Las disputas internas entre las instituciones encargadas, las dificultades para investigar en territorio venezolano y la falta de avances hacia los máximos responsables mantienen en suspenso la verdad sobre un crimen que ha puesto en entredicho la solidez de la democracia colombiana.