La reciente intervención militar y policial en el corregimiento de Los Ceibos, en Palmira, Valle del Cauca, marcó un nuevo capítulo en la lucha contra la minería ilegal en Colombia. El operativo, realizado el domingo 7 de septiembre de 2025, culminó con la destrucción de maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, un golpe que afectó las finanzas de una disidencia de las antiguas Farc y buscó salvaguardar el río Amaime, vital para las comunidades rurales de la región.
La acción conjunta, liderada por la Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Policía del Valle del Cauca, tuvo como objetivo desarticular una estructura dedicada a la minería ilegal en un yacimiento clandestino de Los Ceibos. Durante la operación, los uniformados localizaron y destruyeron equipos pesados empleados en la explotación minera, en un esfuerzo por frenar una economía ilícita que, según estimaciones oficiales, generaba más de 60 millones de pesos mensuales.
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Entre la maquinaria inutilizada se encontraban dos dragas con motor y tres motobombas eléctricas, herramientas clave para la extracción ilegal de minerales. Estos equipos, de acuerdo con información proporcionada por el Ejército, pertenecían al grupo armado organizado residual conocido como frente Adán Izquierdo, una facción disidente de las antiguas Farc que mantiene presencia en el centro del Valle del Cauca. La operación representó un golpe a la capacidad operativa y financiera de este grupo, que utilizaba los recursos obtenidos para financiar actividades delictivas en la zona.
El impacto económico sobre el frente ‘Adán Izquierdo’ se reflejó en la interrupción de un flujo constante de ingresos ilícitos, que superaban los 60 millones de pesos mensuales. Las autoridades señalaron que estos fondos alimentaban la estructura criminal, permitiendo su permanencia y expansión en la región. La destrucción de la maquinaria detuvo temporalmente la explotación minera y debilitó una de las principales fuentes de financiamiento del grupo armado residual.
“Con esta operación, se logra frenar el recaudo de más de 60 millones de pesos mensuales destinados a financiar sus acciones criminales, a la vez que se protege el río Amaime, fuente hídrica vital para la comunidad”, se lee en un comunicado oficial del Ejército Nacional, que dejó conocer varios detalles sobre el golpe recibido por los ilegales.
Más allá de las implicaciones económicas y de seguridad, la intervención evidenció la gravedad de los daños ambientales ocasionados por la minería ilegal. El río Amaime, fuente hídrica esencial para el abastecimiento de agua en las comunidades rurales de Palmira, resultó especialmente afectado. Los reportes oficiales indicaron que la actividad minera provocaba remoción de suelos, destrucción de la capa vegetal y vertimiento de residuos contaminantes al cauce del río, comprometiendo la calidad del agua y el equilibrio ecológico de la zona.
La Tercera División del Ejército advirtió sobre la magnitud del daño ambiental al afirmar: “La afectación ambiental que se ha generado en esta zona tiene un impacto que podría tardar entre 20 y 30 años en ser reparado”. Las autoridades subrayaron que estas prácticas ilegales deterioran el ecosistema y ponen en riesgo la salud y el bienestar de las poblaciones que dependen del río Amaime para su subsistencia.
En sus declaraciones, los voceros oficiales insistieron en la importancia de proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad de las comunidades locales. Destacaron que la minería ilegal representa una amenaza múltiple, al alimentar economías criminales y generar consecuencias ambientales de largo plazo.
Tras el operativo, las fuerzas militares reiteraron su determinación de continuar con acciones orientadas a desmantelar las estructuras económicas de los grupos armados residuales, con el objetivo de frenar la minería ilegal y proteger los recursos estratégicos del Valle del Cauca.
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