
Sigue la lucha del presidente Gustavo Petro por demostrar que la Junta del Narcotráfico es real y sus tentáculos están esparcidos entre los Emiratos Árabes y Colombia, pese a las pocas y nulas evidencias del entramado criminal por parte de las autoridades nacionales.
Sin embargo, en la mañana del domingo 7 de septiembre se conoció que a las manos del jefe de Estado llegó un reciente informe de inteligencia que podría reavivar las teorías sobre la posible existencia de una junta directiva del narcotráfico con sede en Dubai.
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El documento, que fue revelado por El Tiempo, describe una red transnacional que, según fuentes de inteligencia, estaría detrás de crímenes de alto perfil y actividades ilícitas en Colombia y otros países, involucrando a figuras conocidas del mundo criminal y empresarial.
El informe recibido por el mandatario colombiano incluye fotografías y datos que apuntan a la conformación de una organización criminal con conexiones en Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Argentina, España, Turquía, Australia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Albania y Tailandia.

Según fuentes citadas por El Tiempo, la llamada “Nueva junta del narcotráfico” no respondería a una estructura jerárquica tradicional, sino que funcionaría como una red en la que cada integrante cumple un rol específico, con alianzas tanto legales como ilegales.
La revelación del informe ha generado escepticismo entre las autoridades nacionales. El director de la Policía, general Carlos Triana, declaró hace un mes que no existe “certeza ni evidencia concluyente” sobre la presencia de dicha organización.
Por su parte, la Fiscalía no ha abierto una línea de investigación formal sobre el caso. A pesar de estas reservas, funcionarios de inteligencia del Gobierno atribuyen a la presunta junta nexos con empresarios del fútbol y la autoría de crímenes en Bogotá y Boyacá.
El propio presidente Petro, a través de sus redes sociales, señaló que esta estructura estaría implicada en siete asesinatos de alto impacto en la capital colombiana.
El informe detalla que la organización habría surgido entre 2017 y 2019, tras el regreso a Colombia de varios capos que cumplieron condenas en Estados Unidos.

El documento sostiene que “antiguos socios se embarcaron en una disputa por bienes y rentas del negocio que habían liderado a principios de siglo”. Además, se le atribuye influencia en sectores como la minería, actividades agropecuarias, la industria del fútbol, empresas de seguridad, prestamistas y compañías de transporte, según investigaciones previas de El Tiempo.
El reporte identificaría a 14 presuntos integrantes principales, entre ellos Julio Lozano Pirateque, exnarcotraficante y esmeraldero, que reside en Dubái.
Lozano, en declaraciones al diario nacional, negó cualquier vínculo con la supuesta junta mafiosa y rechazó estar detrás de un plan contra el presidente Petro. Sin embargo, el informe sostiene que Lozano habría delegado en Colombia negocios de narcotráfico a C. E. Contreras, alias el Tonto Contreras, un esmeraldero originario de Garagoa, Boyacá, al que se le atribuye el control de al menos un millón de hectáreas en Boyacá y Casanare, así como conexiones políticas y alianzas con figuras del mundo esmeraldero.
El segundo nombre resaltado en la lista es el de Jorge Iván González Ramírez, conocido como “J la Firma”. Sin embargo, en entrevista con El Tiempo, González rechazó las acusaciones.
“No soy ningún capo de capos. Le aseguro que no tengo vínculos con estructuras mafiosas ni paramilitares. Agentes federales lo saben muy bien. Me están tratando de subir el perfil”, señaló el esmeraldero.

González también desestimó la validez del organigrama que circula, calificándolo de obsoleto. El informe, no obstante, lo vincula con Franklin, alias el Señor de la Silla, un exmiembro del desaparecido DAS, que coordinaría el tráfico de cocaína desde el suroccidente y centro del país.
En el mismo círculo aparece “Armando”, un excapitán de la Policía encargado de los cobros por negocios ilícitos en Bogotá y Cundinamarca, así como “el Runcho”, un excapo que, según manifestó en una reunión con ese diario, se encuentra retirado.
También figura Jorge Luis Blanco Rodríguez, que cumplió condena por narcotráfico en Estados Unidos y actualmente está relacionado con la empresa de seguridad Hidra Seguridad, proveedora de servicios a influyentes esmeralderos.
El informe de inteligencia atribuye a la organización cerca de 20 asesinatos, entre ellos el del narcoesmeraldero Luis Caicedo, ejecutado por sicarios en el barrio Pablo VI de Bogotá en 2021; el homicidio de Claudio Silva Otálora, exlavador de la mafia, en 2022; y el asesinato de Juan Francisco Caicedo, hermano de Luis Caicedo, en 2023, cuando se desplazaba en un taxi.
Una fuente consultada por el diario nacional indicó que Silva Otálora mantenía vínculos con una abogada cercana a un exministro. Además, el documento menciona la muerte de Jesús Hernando Sánchez, antiguo esmeraldero, que fue abatido por un francotirador el 6 de abril en el norte de Bogotá.
Entre los presuntos integrantes con conexiones internacionales, el informe señala a Luis Cortés, alias Junior, hijo de un extinto capo del Eje Cafetero y antiguo lugarteniente de Gonzalo Rodríguez Gacha. Junior, quien estaría radicado en Dubái, mantiene lazos con Elton Bregu, un capo albanés responsable de una red de narcotráfico en Pereira.
Tras un viaje a Manaos (Brasil), surgió la versión de que “Junior” había fallecido, lo que habría saldado una deuda pendiente con la mafia mexicana y sus socios en el Magdalena Medio. Sin embargo, fuentes federales consultadas por El Tiempo sostienen que se trata de una coartada y que “Junior” sigue con vida, con movimientos migratorios que lo ubican en República Dominicana.
El documento también menciona a Alejandro Salgado Vega, alias el Tigre, un capo español al que agencias antimafia atribuyen el control de rutas de narcotráfico desde Colombia hacia el puerto de Algeciras, en el sur de España, en alianza con el Clan del Golfo.
Frente a las acusaciones, varios de los señalados han negado su participación en la supuesta junta. Lozano Pirateque y González Ramírez, en sus declaraciones a El Tiempo, rechazaron cualquier implicación y cuestionaron la veracidad de los documentos y organigramas difundidos. Por su parte, “el Runcho” manifestó estar retirado de cualquier actividad ilícita.
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