
El anuncio del viaje a Washington de varios alcaldes de Colombia ha generado un fuerte enfrentamiento político con el presidente Gustavo Petro, en un contexto marcado por el riesgo de descertificación del país en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. Los mandatarios locales han insistido en que su visita responde a intereses subnacionales y que no abordarán la posible descertificación, mientras que el gobierno nacional y la Embajada de Colombia en Estados Unidos han criticado la iniciativa y defendido su gestión ante las autoridades estadounidenses.
El grupo de alcaldes que planea viajar a la capital estadounidense está conformado por Alejandro Éder (Cali), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena). Inicialmente, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, también figuraba entre los participantes, aunque finalmente decidió no sumarse al viaje. La visita se produce en un momento de alta tensión, ya que la decisión sobre la certificación de Colombia en materia antidrogas se espera para antes del 15 de septiembre.
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Los alcaldes han sido claros al afirmar que su viaje no tiene como objetivo intervenir en asuntos de política nacional ni mediar sobre la certificación antidrogas. Alejandro Éder, alcalde de Cali, explicó en entrevista con W Radio que la relación de su ciudad con Estados Unidos es de larga data y se desarrolla en múltiples niveles, especialmente en el ámbito económico e industrial.
“Tenemos más de 250 empresas multinacionales, más de 50 son norteamericanas. El año pasado se instalaron generando casi 2.000 empleos y más del 30% de las exportaciones también van a Estados Unidos”, detalló Éder, que subrayó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales independientemente de la coyuntura nacional.
Éder insistió en que la visita a Washington responde a una dinámica subnacional que se ha mantenido durante décadas y que está amparada por la ley. “Esto es una relación subnacional que se viene manejando desde hace décadas, no es algo que nos estemos inventando nosotros. La relación con Estados Unidos y otros países es constante, es algo que no solo permite la ley, sino que es importante aprovechar desde las distintas ciudades”, afirmó.
El alcalde de Cali recalcó que no se abordará el tema de la descertificación durante la visita y que los encuentros previstos, como el que mantendrá con la alcaldesa de Miami, se centrarán en fortalecer lazos culturales y económicos.

La reacción del presidente Gustavo Petro fue inmediata. A través de su cuenta de X, el mandatario cuestionó la legitimidad de la misión de los alcaldes, señalando que “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara”.
Petro defendió que la representación internacional del país corresponde exclusivamente al gobierno nacional y advirtió sobre la importancia de respetar los protocolos diplomáticos. Ante estas declaraciones, los alcaldes rechazaron la intención del presidente de impedirles el viaje, y algunos, como Federico Gutiérrez, calificaron la postura de Petro como propia de un “dictador”.
La Embajada de Colombia en Estados Unidos también intervino en la controversia mediante un comunicado emitido el 6 de septiembre. En el documento, la representación diplomática lamentó que algunos alcaldes “desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar los avances y resultados de la política de drogas y politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional”.

La Embajada defendió que, por instrucción del presidente Petro, ha mantenido una comunicación constante con el gobierno estadounidense y otros actores relevantes para informar sobre los esfuerzos nacionales en la lucha antidrogas. Además, destacó que altos funcionarios y mandos de la Fuerza Pública han realizado visitas de trabajo a Washington D.C. para reforzar la divulgación de los avances en esta materia.
El trasfondo de esta disputa es la inminente decisión de Estados Unidos sobre la certificación de Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico. La descertificación pondría en riesgo la cooperación y los recursos que el país recibe de Washington, una situación que no se ha presentado en casi treinta años. Según lo previsto, la administración estadounidense comunicará su decisión antes del 15 de septiembre.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió en entrevista con la AFP que, de retirarse la certificación, “ganan los narcotraficantes y pierden las naciones”. Sánchez recordó que la pérdida de la certificación implicaría la suspensión de millones de dólares en cooperación estadounidense destinados a combatir los cárteles de droga.
La coyuntura se agrava por el deterioro de la seguridad en Colombia, que enfrenta su peor crisis en una década. El país registra múltiples atentados, cifras récord de cultivos ilícitos y hechos violentos como el asesinato a tiros del senador Miguel Uribe Turbay, lo que añade presión a la decisión que tomará Washington en los próximos días.
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