
En el municipio de Arenal del Sur, Bolívar, se desarrolla una emergencia humanitaria tras el desplazamiento forzado de más de mil habitantes provenientes de las zonas rurales de San Agustín y Santo Domingo.
La población abandonó sus hogares luego de recibir amenazas directas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene una disputa armada por el dominio territorial en esa región del país.

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Las familias llegaron en las últimas horas a la cabecera municipal buscando resguardo. La administración local dispuso el coliseo del municipio como refugio temporal, pero el número de personas desplazadas ha sobrepasado rápidamente la capacidad de respuesta del gobierno municipal. El alcalde Ramón Sayas explicó a medios locales la magnitud de lo que enfrentan.
“Obligaron a las personas a desocupar sus hogares, específicamente los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo, las veredas La Jungla, Sabaleta y la Cañada; Estas personas se encuentran en el municipio de Arenal, los tenemos en un albergue qué improvisamos porque no tenemos la capacidad para brindarle techo a todos los que estaban llegando, así que improvisamos en un coliseo, donde les estamos brindando las primeras ayudas con alimentos, asistencia sicosocial, personal médico”, afirmó el mandatario en declaraciones recogidas por El Tiempo.

El funcionario señaló que esta situación podría agravarse en las próximas horas, ya que se mantienen alertas en otros sectores rurales. “Necesitamos que las dependencias del Gobierno Nacional y departamental nos brinde las ayudan que se requieren, pero además necesitamos lograr un acuerdo para que estas familias puedan retornar a sus territorios, ellos tiene el derecho de permanecer y vivir en paz en sus territorios (…) En este momento tenemos los centros poblados de dos corregimientos y cuatro veredas desplazadas, desocupadas totalmente, y lo que nos alertan es que hay otras veredas que les han dicho que estén listas porque las pueden mandar a desocupar en cualquier momento”, agregó Sayas.
La llegada masiva de familias ha puesto en tensión los servicios básicos del municipio. Aunque se han distribuido alimentos y atención psicosocial, las carencias en alojamiento y recursos médicos generan incertidumbre. El llamado urgente del alcalde busca que el Gobierno Nacional y las entidades departamentales coordinen acciones rápidas que permitan aliviar la crisis humanitaria.
El presidente Gustavo Petro reaccionó ante los hechos a través de su cuenta de X. Allí ordenó a la Fuerza Pública tomar control de las áreas donde el ELN ordenó los desalojos. “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército ni para el pueblo”, escribió el jefe de Estado en la red social, refiriéndose a las veredas de San Agustín y Santo Domingo. Con esta instrucción, el mandatario dispuso que unidades militares refuercen la presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y favorecer el eventual retorno de las comunidades.

La Gobernación de Bolívar también reportó acciones para atender la emergencia. El secretario de víctimas, Iván Sanes, confirmó el envío de varias toneladas de ayuda humanitaria hacia Arenal del Sur. “Llegamos con casi 4 Toneladas de alimentos para apoyar humanitariamente a las familias, pero ellos y todo el sur de Bolívar lo que necesitan es vivir en paz en sus territorios con seguridad”, expresó Sanes, citado por El Tiempo.
Los desplazamientos colectivos en esta parte de Bolívar no son un hecho aislado. En años recientes, comunidades rurales de esa subregión han sufrido presiones de diferentes grupos armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos vinculados a economías ilícitas. Los actuales movimientos poblacionales se suman a las cifras de víctimas de desplazamiento interno en el país, fenómeno que ha persistido a pesar de los procesos de diálogo entre el Gobierno y organizaciones insurgentes.
En el coliseo que sirve como refugio provisional, las familias permanecen a la espera de soluciones que les permitan recuperar la estabilidad. Algunas han manifestado que dejaron atrás cultivos, viviendas y pertenencias, y que regresar a sus hogares depende de que se brinden garantías de seguridad. El riesgo de nuevos desplazamientos mantiene en alerta a las autoridades locales, que insisten en la necesidad de una respuesta articulada para atender tanto la emergencia humanitaria inmediata como las causas estructurales que la originaron.
Mientras tanto, la población desplazada enfrenta condiciones difíciles. El hacinamiento en el albergue improvisado genera limitaciones para cubrir necesidades básicas de higiene y salud. Aunque se han enviado brigadas médicas, la magnitud de la emergencia requiere mayores recursos. El acceso a agua potable, alimentos y atención especializada para niños y adultos mayores son algunos de los puntos críticos identificados por los organismos humanitarios que acompañan la situación.
Las autoridades locales insisten en que, más allá de la asistencia inicial, lo fundamental es garantizar que los habitantes de San Agustín, Santo Domingo y otras veredas afectadas puedan regresar en condiciones de seguridad. La presencia del Ejército en los territorios, como lo ordenó el presidente Petro, es vista como un primer paso, pero aún resta definir cómo se dará el proceso de retorno y qué medidas de protección se implementarán para que la población no vuelva a ser víctima de amenazas o expulsiones forzadas.
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