El director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana Betancur, confirma la captura de Bernardo Velasco Taquines, alias AKT, presunto cabecilla de las finanzas de la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc, que estaría encargado de la exploración de minas para la extracción ilegal de oro en el departamento de Nariño.
Este hombre tendría un accionar criminal de más de 25 años, y era requerido por la justicia colombiana por los delitos de secuestro y concierto para delinquir agravado, además de propiciar las acciones ilícitas en la zona rural de Policarpa (Nariño).
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En medio de la diligencia de su captura, bajo la operación Espartano VII, los uniformados incautaron una pistola, 16 memorias USB y dinero en efectivo.
En el video que compartió el director se ve el momento en el que uniformados irrumpen en una vivienda y luego sale Velasco Taquines esposado y custodiado.
Complejo de minería ilegal en Tolima que financiaba a disidencias con $2.300 millones al mes
El impacto ambiental generado por la minería ilegal en el sur del Tolima ha alcanzado niveles alarmantes, según constataron técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), quienes advirtieron que la recuperación de las zonas afectadas podría extenderse hasta 30 años debido a la magnitud de los daños.
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La remoción de vegetación con maquinaria pesada y el vertimiento de residuos han provocado alteraciones graves en la biodiversidad, el aire y la calidad del agua que abastece tanto a los acueductos rurales como a los sistemas de irrigación agrícola. Los especialistas de Cortolima verificaron la pérdida total de especies vegetales nativas, modificaciones irreversibles en el paisaje y alteraciones en el relieve natural, lo que compromete la seguridad alimentaria y sanitaria de las comunidades rurales.
La intervención de las autoridades permitió desmantelar un complejo de minería ilegal que operaba en las márgenes de la quebrada Polecito, en el municipio de Ataco. Este enclave, considerado uno de los principales motores de financiamiento para el frente Ismael Ruiz, facción residual de las antiguas Farc, producía 6.000 gramos de oro mensuales y generaba ingresos cercanos a $2.300 millones cada mes.
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De ese total, aproximadamente $230 millones se destinaban directamente a las finanzas del grupo armado, que ejercía actividades de intimidación, extorsión y amenazas sobre comerciantes, campesinos y transportadores en los municipios de Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral.El operativo, resultado de la coordinación entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Cortolima, permitió la captura en flagrancia de seis personas sorprendidas mientras extraían oro con retroexcavadoras y clasificadoras sin autorización ambiental ni técnica.
El mayor César Humberto González, comandante del Batallón de Despliegue Rápido número 13, precisó que la maquinaria decomisada estaba avaluada en más de $1.120 millones. Los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por explotación ilícita de yacimientos mineros y otros delitos medioambientales.
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La infraestructura intervenida abarcaba un área de aproximadamente 350 metros cuadrados, donde se realizaban excavaciones a cielo abierto en al menos dos puntos diferentes dentro del municipio. Personal de Cortolima constató el uso de dos retroexcavadoras, una clasificadora tipo canalón y una piscina de lavado de mineral, lo que provocaba vertimientos directos sobre la quebrada Polecito y alteraciones significativas del ecosistema acuático. Los especialistas señalaron que la afectación incluía erosión severa del suelo y emisiones persistentes de material particulado.
La coordinadora de control y vigilancia de Cortolima, Zulyana Sánchez, subrayó la gravedad del daño ambiental al afirmar: “La recuperación de la zona podría requerir hasta 30 años, dada la magnitud del daño ambiental”. La remoción con maquinaria pesada y el vertimiento de residuos han generado impactos graves sobre la biodiversidad, el aire y la calidad del agua que abastece los acueductos rurales y la irrigación agrícola.
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