Niña de dos años murió esperando una remisión médica en Montería: la menor necesitaba una diálisis urgente

El caso de una menor fallecida en la Clínica Materno Infantil Casa del Niño de Montería ha puesto en el centro del debate la capacidad de respuesta del sistema de salud y la toma de decisiones de las empresas promotoras de salud en Colombia.

Aunque Nueva EPS mantuvo durante días que la clínica contaba con las condiciones técnicas necesarias, la carencia de un equipo de diálisis indispensable para salvar la vida de la paciente fue un hecho insoslayable que marcó el desenlace.

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Las denuncias formuladas por las autoridades locales y la familia de la menor venían advirtiendo la gravedad de la situación desde el viernes 22 de agosto, cuando la niña ingresó al hospital.

El personero municipal, Luis Gabriel Degiovanni, destacó en el diario La Razón que el caso “ilustra cómo se mantienen en instituciones locales a pacientes cuya vida depende de procedimientos o tecnologías que no existen allí”. Además, el funcionario identificó a Nueva EPS como la entidad que, según sus registros, lidera las “negativas para autorizar traslados a centros especializados”.

La respuesta de Nueva EPS se ciñó, hasta el último momento, a la idea de que “la Clínica Casa del Niño cuenta con la capacidad técnica y profesional necesaria” para tratar a sus pacientes, defendiendo su negativa frente al traslado e insistiendo en que la decisión final correspondía al cuerpo médico, el cual -argumentaron- había desaconsejado el traslado por el delicado estado de la niña.

Entretanto, la falta de disponibilidad de diálisis en la institución de Montería fue reconocida por todos los actores involucrados, quedando evidenciada la desconexión entre la posición de la EPS y la realidad hospitalaria.

La menor de dos años falleció el jueves 4 de septiembre tras más de una semana de internación y sin haber sido remitida a un hospital de Cartagena, Barranquilla o Cali, alternativas todas señaladas por la familia y la Personería como opciones viables para el procedimiento vital.

La Personería de Montería, en un comunicado, manifestó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la menor de 2 años que permanecía hospitalizada en la Clínica Materno Infantil Casa del Niño con falla renal. Como garantes de derechos acompañamos el caso para que la niña recibiera los tratamientos médicos especializados que requería”.

Más adelante, la entidad reiteró la advertencia: “Nuevamente advertimos el riesgo en que se encuentran decenas de pacientes, quienes esperan procedimientos vitales y traslados a centros médicos de cuarto nivel. Esta situación refleja la urgencia de garantizar un sistema de salud oportuno, digno y humano”.

El episodio deja en evidencia una problemática sistémica que afecta a centenares de pacientes: la reticencia de algunas EPS a autorizar traslados desde hospitales de baja complejidad, exponiendo a quienes padecen enfermedades crónicas o agudas que requieren herramientas y conocimientos especializados no siempre presentes en el ámbito local.

Las consecuencias de la crisis actual del sistema de salud colombiano han cobrado especial relevancia tras el caso de un adulto mayor en Montería (Córdoba), cuya familia insiste en que la integridad del paciente peligra debido a la negativa de la Nueva EPS para autorizar un procedimiento diagnóstico clave.

De acuerdo con el reportaje difundido por el medio local La Razón, el hombre, de 78 años, ha tenido que esperar 29 días por la gestión y expedición de la autorización para una arteriografía, un examen fundamental que podría evitar la amputación de una pierna.

La polémica se agudizó cuando la Nueva EPS sí aprobó la cirugía de amputación, mientras rechazó el estudio previo que permitiría considerar alternativas menos dramáticas.

Según denuncia la familia, la situación ha obligado a extremar precauciones en el entorno del paciente; sus allegados mantienen constante vigilancia para evitar que se realice una intervención irreversible sin explorar todas las opciones. “Sí aparece la orden para que lo corten, pero no da la orden para que le hagan una arteriografía”, explicó Yudis Villamil, hija del paciente, en declaraciones recogidas por La Razón.

La incertidumbre domina el ambiente familiar. Temen que, en cualquier momento, se practique la amputación sin un diagnóstico adecuado. Relataron que incluso han cambiado rutinas diarias para asegurar que el paciente no quede sin compañía, respondiendo al temor persistente de una intervención inesperada.

La hija amplió: “Mi mamá dice que no dejemos a mi papá solo porque le pueden dormir y cuando se levante ya puede estar mi papá mocho”.

Frente a la inacción de la EPS, los familiares acudieron a la vía legal y consiguieron que un juez protegiera el derecho a la salud del adulto mayor mediante un fallo de tutela.

La Razón informó que esta decisión judicial incluyó órdenes de arresto y multas para responsables directivos de la entidad, sin que tales sanciones hayan motivado una reacción operativa por parte de la aseguradora. “Una tutela la ganamos en la Personería, hoy es la orden de detención de los funcionarios de la Nueva EPS, de la multa que nos colocan a ellos, ni siquiera hoy han respondido para hacerles una arteriografía”, concluyó Villamil en el citado medio.