El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, realizó una férrea condena al ataque ocurrido el 3 de septiembre en el municipio de Villagarzón, Putumayo, donde dos integrantes del Ejército Nacional fueron rociados con gasolina y prendidos fuego durante un operativo antidrogas.
Desde Cali, donde presidió un consejo de seguridad el jueves 4 de septiembre, el ministro alzó la voz ante lo que calificó como “una infamia” y “un ataque demencial”, y exhortó a la justicia colombiana a no permitir impunidad para los autores.
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El hecho, que conmocionó al país, fue denunciado por Sánchez en una declaración oficial desde la Base Aérea Marco Fidel Suárez, acompañado por el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder.
“Es un ataque que no lo cometieron unos campesinos o unas comunidades que dicen defender sus derechos, no”, expresó el ministro. “Quien comete este acto es un criminal, un delincuente, que intentaron quemar vivos a dos militares. Eso, que lo perdone Dios, pero aquí la justicia no lo va a perdonar. No lo podemos permitir”.
En su intervención ante medios, Sánchez vinculó la gravedad del hecho con el rol de la fuerza pública en las regiones y llamó a la sociedad y la comunidad internacional a pronunciarse de manera contundente.
“Quien ataque a un militar o a un policía, ataca a un Estado, ataca a la institución. Cada mañana se levanta un policía y un militar, se despide de su familia, arriesgando la vida para proteger la vida de otros“, señaló.
El ministro invitó al país a rechazar cualquier agresión contra quienes cumplen funciones de seguridad: “Nadie puede tocar a la fuerza pública. La fuerza pública está para proteger a todos los colombianos”.
El ataque a los uniformados ocurrió mientras unidades de la Brigada 27 del Ejército Nacional realizaban una operación para desmantelar un laboratorio clandestino dedicado a la producción de pasta base de coca en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón.
Según los comunicados oficiales, un subteniente y un soldado resultaron heridos de gravedad tras ser agredidos por civiles que participaron en una asonada para evitar la destrucción de la infraestructura ilegal. Los militares fueron evacuados en helicóptero hasta un centro médico en Florencia, Caquetá, donde permanecen bajo observación especializada.
Las imágenes del dramático rescate, compartidas por el propio ministro Sánchez a través de su cuenta en la red social X, provocaron una ola de indignación y solidaridad en la opinión pública.
“Criminales intentaron quemar vivos a dos militares en Villagarzón, Putumayo. Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército Nacional”, afirmó Sánchez en ese espacio digital. En el mismo mensaje, sostuvo que los responsables “no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”.
El comando de la Vigésima Séptima Brigada argumentó que la operación pretendía “neutralizar fuentes de financiación del crimen organizado mediante la destrucción de laboratorios ilegales”, respaldándose en el mandato constitucional de las fuerzas armadas.
El comunicado oficial tildó el ataque contra los uniformados como una “flagrante violación de los Derechos Humanos” y detalló que se formalizó denuncia ante las autoridades competentes, señalando a los Comandos de Frontera como el grupo armado que habría actuado y ejercido presión sobre la población civil.
El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables materiales del ataque en Villagarzón. Sánchez añadió que el Gobierno no permitirá que tales delitos queden impunes y recordó que medidas similares se han ofrecido para otros hechos de violencia reciente que han afectado a los integrantes de la Fuerza Pública en distintos puntos del país.
El contexto de violencia hacia la fuerza pública, enfatizado por Sánchez en Cali, se ha visto agravado en las últimas semanas. El propio ministro recordó ante la prensa el secuestro de 33 militares ocurrido recientemente y el atentado explosivo que afectó la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali el 21 de agosto, hecho en que murieron seis personas y resultaron heridas más de 70.
El consejo de seguridad liderado por el jefe de la cartera de Defensa se desplegó precisamente para dar seguimiento a los compromisos adquiridos tras ese ataque terrorista.
Las fuerzas militares continúan las operaciones en Villagarzón y otras zonas estratégicas de Putumayo, mientras la vigilancia institucional se mantiene reforzada también en Cali y otras ciudades donde los ataques a la fuerza pública han motivado investigaciones y nuevas estrategias de protección.
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