La delegación del Gobierno Nacional colombiana advirtió sobre el riesgo de ruptura del proceso de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional - Ejército Bolivariano (CN-EB), tras el ataque registrado el 3 de septiembre en la vereda Siloé, Villagarzón (Putumayo), donde un oficial y un soldado profesional, miembros de la fuerza pública, resultaron quemados luego de que fueran rociados con gasolina y prendidos con fuego durante una asonada.
En un comunicado difundido ese mismo día, la delegación oficial expresó su repudio categórico a lo que denominó “acción criminal”, calificándola de “incompatible con las mínimas reglas de humanidad” y contraria al derecho internacional humanitario.
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“Nuestra solidaridad está con los militares y la fuerza pública”, se detalla en el documento, que fue firmado por Armando Novoa García (Jefe de delegación), Gloria Arias Nieto, Parmenio Cuéllar Bastidas y Jaime Ariza Girón (Coronel en retiro), que hacen parte de la representación gubernamental en la Mesa de Diálogos de Paz.
En una petición directa a las partes integrantes de la mesa, particularmente a los Comandos de Frontera que forman parte de la CN-EB, el Gobierno solicitó que se rechace “de manera categórica e inmediata este atentado contra la integridad y la vida de los miembros de la fuerza pública”.
De igual manera el Gobierno exigió una respuesta clara de la contraparte.
“La conducta de los autores de estas acciones de barbarie no puede tolerarse, ni sobre esos hechos se debe guardar silencio. Esos hechos son incompatibles y ponen en grave riesgo los significativos avances alcanzados en nuestra Mesa de Diálogos de Paz”, escribió el Gobierno.
La delegación fue enfática al señalar que de no contar con el respaldo explícito de la CN-EB a este rechazo, se retiraría de inmediato de la reunión preparatoria destinada a definir las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en los departamentos de Nariño y Putumayo.
“En el evento en que la CN-EB no acompañe este rechazo, nuestra delegación que se encuentra adelantando una reunión preparatoria para la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo se retirará de la misma en forma inmediata para adelantar consultas con el Consejero Comisionado de Paz y el señor Presidente de la República”, manifestaron los representantes del Estado.
Este pronunciamiento, fechado el 3 de septiembre de 2025, deja en evidencia la fragilidad del proceso negociador tras un ataque que, más allá de provocar heridas en los militares afectados, reaviva obstáculos para la continuación de las acciones concertadas entre el Estado y el grupo armado, cuyos miembros mantienen presencia activa en regiones del sur del país.
Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno detener diálogos con disidencias de la Segunda Marquetalia
El repudio institucional ante el violento ataque a miembros del Ejército en Villagarzón (Putumayo) se ha intensificado con el reciente pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.
En un comunicado oficial, la entidad condenó los hechos registrados en la vereda Siloé, donde, según el reporte recibido, “durante operaciones militares, un grupo de civiles, bajo presión y constreñimiento de los Comandos de la Frontera (CDF), de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB), habría prendido fuego a dos integrantes del Ejército Nacional. Como resultado, un oficial y un soldado sufrieron quemaduras de gravedad”.
La Defensoría subrayó que estos hechos constituyen un ataque directo contra la fuerza pública y vulneran de manera grave los principios del derecho internacional humanitario. “La Defensoría del Pueblo rechaza de manera categórica y enérgica los hechos ocurridos”, enfatizó el comunicado.
Además de su condena, la Defensoría instó al Gobierno nacional a interrumpir todas las gestiones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz con este grupo armado ilegal, en tanto no exista un compromiso verificable por parte de la CN-EB de rechazarlos.
La institución fue explícita: “En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”.
Esta postura presiona al Ejecutivo a condicionar la continuidad de las negociaciones de paz, demandando garantías de no repetición y una condena expresa de las acciones violentas desde la contraparte insurgente.
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