Índice de incertidumbre económica en Colombia bajó en agosto, pero sigue por encima de promedios históricos

El Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, reportó una nueva actualización del Índice de Incertidumbre de la Política Económica (Ipec) correspondiente a agosto de 2025, citada por La República.

El indicador se ubicó en 271 puntos, nivel que representa una leve disminución frente a julio, cuando había alcanzado los 279 puntos.

La cifra también muestra una reducción significativa en comparación con el mismo mes de 2024, cuando el registro fue de 341 puntos, es decir, 70 unidades más que el valor actual.

Sin embargo, pese a esa disminución en la incertidumbre, el indicador se mantiene muy por encima del promedio histórico entre 2000 y 2019, que fue de 100 puntos.

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En lo corrido del año, el promedio del Ipec se ubica en 258 puntos, inferior al de 2024 que fue de 270.

Esto refleja un panorama de relativa estabilidad en los últimos meses, aunque todavía en niveles elevados frente a lo observado en décadas anteriores.

De acuerdo con el informe de Fedesarrollo, los temas de política económica, social y geopolítica han sido los que más peso tuvieron en la conformación del índice.

Durante agosto, representaron el 60% de las noticias que alimentan el cálculo, seguidos por asuntos relacionados con la actividad económica (15%), otros temas (10%), seguridad (8,3%) y variables financieras (6,7%).

La única categoría que presentó un crecimiento en el mes fue precisamente la de política económica, social y geopolítica. En contraste, las variables financieras redujeron su participación en la medición.

Entre los factores coyunturales que incidieron en los resultados se encuentran los bloqueos de arroceros y mineros, así como la discusión en torno al Presupuesto General de la Nación para 2026 y los rumores sobre una eventual reforma tributaria.

Aunque algunos analistas han advertido que el inicio del calendario electoral podría aumentar la percepción de incertidumbre en el país, la evolución del Ipec sugiere un comportamiento estable en los últimos 12 meses. De hecho, la tendencia en los tres meses más recientes ha sido a la baja, con una reducción progresiva desde el segundo trimestre del año.

El nivel más bajo de 2025 se alcanzó en enero, cuando el índice descendió a 195 puntos. Desde entonces, los valores se han mantenido por encima de esa referencia, aunque sin volver a los picos observados en 2024.

Con este resultado, el Ipec de agosto confirma que la incertidumbre sobre la política económica en Colombia se mantiene en un rango relativamente alto, pero con señales de moderación frente a los registros más críticos del año pasado.

Las advertencias sobre el déficit fiscal colombiano alcanzaron nuevos niveles tras conocerse que la brecha podría superar el 5 % del PIB para este año, una cifra que plantea riesgos para la estabilidad financiera y la percepción internacional del país. Según datos divulgados por El Tiempo, este escenario ha disparado discusiones a todos los niveles del poder económico y político, dado el impacto directo en la capacidad de Colombia para responder tanto a las demandas sociales como a la disciplina presupuestal exigida por los mercados globales.

En vez de optar por una nueva reforma tributaria que aumente los impuestos, el Gobierno considera alternativas que permitan corregir el desbalance sin incurrir en mayores cargas impositivas. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, describió la postura oficial al afirmar: “La prioridad es optimizar el gasto, mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal y garantizar que cada peso invertido tenga un impacto social y económico”, tal como recoge El Tiempo. Este enfoque pone el foco en el rediseño del gasto público antes que en la búsqueda de mayores ingresos vía impuestos.

La revisión de subsidios y transferencias aparece como uno de los principales frentes de acción. Diversos analistas advirtieron al mismo medio que se requiere una mejor focalización: el objetivo es asegurar que estos apoyos lleguen realmente a los sectores más vulnerables, en lugar de dispersarse sin criterio. Los expertos destacan que el peso de estos recursos sobre el presupuesto nacional dificulta la sostenibilidad a mediano plazo si no se ajustan.

Dentro de las propuestas, la enajenación de activos estatales emerge como estrategia frecuente para acceder a ingresos extraordinarios. Si bien esta opción ofrece alivio temporal, voces consultadas por El Tiempo advierten que “no resuelve de manera estructural el desbalance fiscal”, pues corresponde a medidas puntuales y no a cambios en la estructura de ingresos y gastos.

El dilema se complejiza ante la necesidad de mantener la confianza de inversionistas internacionales y calificadoras de riesgo, al mismo tiempo que aumentan las presiones sociales por un mayor gasto público en salud, educación y seguridad. El economista Jorge Restrepo lo explicó así: “El país necesita mantener su credibilidad frente a inversionistas internacionales y calificadoras de riesgo, lo que implica disciplina fiscal. Al mismo tiempo, la presión social demanda mayor gasto público en programas de salud, educación y seguridad”.

El Congreso ya estudia la reducción de beneficios tributarios, cuya cifra supera los 90 billones de pesos en renuncias fiscales, según cifras de la Contraloría citadas por El Tiempo. Varios de estos incentivos carecen, de acuerdo a los informes oficiales, de justificaciones claras y podrían recortarse para fortalecer el recaudo sin necesidad de crear o aumentar impuestos.