La investigación por el asesinato del auditor Hernán Roberto Franco, ocurrido el 21 de febrero de 2024 en inmediaciones del Parque de la 93 en Bogotá, tiene como principal señalado a Pablo Andrés Pachón Gómez.
La Fiscalía lo identifica como el encargado de la logística en la planeación y ejecución del atentado.
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De acuerdo con el ente acusador, Pachón Gómez entregó el arma homicida, coordinó la fuga del sicario y realizó labores de inteligencia en la zona donde fue asesinado Franco.
Ese mismo día, Franco iba a presentar un informe que denunciaba presuntas irregularidades financieras en la empresa El Arrozal, según el informe de Semana.
Cámaras, interceptaciones y seguimientos
La Fiscalía ha aportado más de un centenar de pruebas documentales y técnicas.
Entre ellas, videos de cámaras de seguridad que muestran a Pachón Gómez siguiendo los movimientos de la víctima y facilitando la huida del agresor después de los disparos.
Los investigadores también sostienen que el acusado se reunió con el sicario en Suba para ultimar los detalles del ataque.
Asimismo, registros telefónicos revelaron que minutos antes del crimen Pachón Gómez se comunicó con los demás implicados en una llamada grupal.
Testimonios y pruebas técnicas
El caso incluye los hallazgos forenses de los teléfonos incautados a Jean Karlo Bermúdez Camargo, quien conducía la motocicleta utilizada en el ataque.
Bermúdez aceptó cargos mediante un preacuerdo y fue condenado a 20 años de prisión.
Los fiscales también buscan incorporar como prueba las declaraciones de agentes de la Policía y funcionarios judiciales que participaron en la identificación de los responsables y en la recolección de evidencias en la escena.
El asesinato de Franco cobró relevancia al conocerse que el auditor fue atacado el mismo día en que debía presentar un informe sobre saqueos y malos manejos en El Arrozal, lo que abre la hipótesis de que el crimen pudo tener relación directa con esas denuncias.
Libertad por vencimiento de términos
A pesar de la solidez del expediente, un juez de control de garantías ordenó el pasado 26 de agosto la libertad de Pachón Gómez por vencimiento de términos, aunque el procesado seguirá vinculado a la investigación y afronta cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas.
La Fiscalía insiste en que el acusado jugó un rol determinante en la logística del atentado y que las pruebas recolectadas permitirán establecer las responsabilidades detrás de un crimen que sacudió al sector empresarial de Bogotá.
¿Qué decía el informe que iba a presentar Franco?
Antes de ser asesinado, Franco había manifestado a personas de su entorno que temía por su vida debido a un informe confidencial que estaba a punto de entregar.
Este documento, que nunca llegó a presentarse ante la junta de accionistas, contenía pruebas que, de acuerdo con Semana, evidenciaban graves irregularidades en la administración de El Arrozal.
La empresa, fundada por Roberto Romero y en otro tiempo parte de una exitosa cadena de almacenes, había quedado bajo el control de sus herederos tras la muerte del fundador, lo que desencadenó una serie de disputas familiares que precipitaron su crisis financiera.
El informe elaborado por Franco detallaba cómo la compañía era objeto de saqueo de manera sistemática.
En la sección titulada “Plan financiero”, el auditor describía deficiencias severas en la gestión, como la carencia de personal calificado, la ausencia de controles sobre los recursos y la falta de un flujo de caja diario.
Además, el documento señalaba que uno de los accionistas utilizaba vehículos de su empresa de seguridad para retirar dinero en efectivo sin rendir cuentas.
El análisis financiero incluido en el informe mostraba el colapso de la empresa: una tabla comparativa de ventas entre 2023 y 2024 reflejaba caídas de entre el 34 % y el 191 % en los 17 almacenes de la sociedad en Bogotá.
Según el auditor, estas cifras constituían una prueba irrefutable del saqueo que estaba ocurriendo.
Entre las recomendaciones de Franco figuraban medidas drásticas para intentar salvar la empresa, como la venta de acciones, la búsqueda de un socio estratégico y la implementación de protocolos de seguridad para proteger las finanzas.
Sin embargo, ninguna de estas propuestas llegó a ser discutida, ya que el asesinato del auditor impidió la presentación formal del informe.
La auditoría fue solicitada por Bastidas, quien había adquirido el 46 % de las acciones de El Arrozal a través de la sociedad Dicomer S.A.S. y delegó la representación de su participación en Franco.
El propio informe señalaba que Bastidas también resultó perjudicado por los malos manejos dentro de la empresa.
Las tensiones entre los accionistas se intensificaron cuando Jonathan Romero asumió el control de la administración, una decisión rechazada por otros miembros de la familia.
En una asamblea, Fidelina Escobar denunció que Romero había obtenido el control de manera ilícita y que sus acciones perjudicaban a la compañía.
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