El Senado de la República eligió a Carlos Ernesto Camargo Assis como el nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Esta designación se realizó a partir de la terna presentada por la propia Corte y culmina una etapa clave tras la salida de José Fernando Reyes Cuartas.
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De acuerdo con lo publicado por El País, Carlos Ernesto Camargo Assis es reconocido en el ámbito jurídico colombiano por su trayectoria como Defensor del Pueblo en la presidencia de Iván Duque.
Ejerció ese cargo frente a circunstancias políticas complejas y protagonizó múltiples apariciones públicas durante su gestión.
Camargo es abogado y cuenta con una amplia experiencia en áreas del derecho público. Su paso por la Defensoría del Pueblo le permitió posicionarse como un referente en la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Las declaraciones de Carlos Ernesto Camargo Assis durante la transmisión en vivo correspondían a una rendición de cuentas como Defensor del Pueblo.
En ese momento, olvidó parte de su discurso y manifestó en voz alta que algo “salió mal”, sin saber que ya estaba al aire.
“Frente al huracán Iota, de categoría 5, que destruyó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; igual que con sus inundaciones en Chocó y Caucasia, la Defensoría estuvo ahí, impulsando en compañía la campaña... Ehmmn... ¡No! salió mal...”, fueron las palabras de Camargo en ese momentoi.
La presentadora le informó que efectivamente estaban en directo, lo que sorprendió a Camargo ante la audiencia. El incidente se viralizó y generó comentarios en redes sociales y diferentes medios.
Durante su gestión, Camargo abordó temas como la expansión de grupos criminales y críticas a la política de paz del Gobierno.
Carlos Camargo es elegido magistrado de la Corte Constitucional tras polémica votación
Carlos Ernesto Camargo Assis fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional el 3 de septiembre, tras una votación en el Senado que le otorgó 62 votos, frente a los 41 obtenidos por María Patricia Balanta Medina.
La designación de Camargo, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, se produjo en medio de una fuerte disputa política y generó críticas por la disminución de la representación femenina en el alto tribunal.
El proceso de selección estuvo marcado por la controversia, ya que la Corte Suprema de Justicia incluyó a Camargo en la terna de candidatos pese a que familiares de algunos magistrados recibieron cargos en la Defensoría del Pueblo durante su administración.
Además, organizaciones civiles cuestionaron la composición de la terna, señalando prácticas de clientelismo y la pérdida del equilibrio de género que hasta mayo se mantenía en la Corte Constitucional frente a otros altos tribunales.
La llegada de Camargo al cargo se interpretó como una derrota para el Gobierno, especialmente para el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La reacción en la Casa de Nariño fue inmediata: se solicitó la renuncia de tres ministros, Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Marcela Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC), evidenciando el impacto político de la designación.
Camargo es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, donde también obtuvo especializaciones, maestría y doctorado, y se desempeñó como vicerrector de Proyección Universitaria.
Toda su formación, salvo una especialización en la Universidad de Manizales en 2024, se desarrolló en la Sergio Arboleda. Su carrera en el sector público comenzó en 2007 en la Registraduría Nacional del Estado Civil y continuó como secretario general y magistrado del Consejo Nacional Electoral entre 2014 y 2017. Posteriormente, trabajó en la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y como consultor externo en Ibáñez Abogados S.A.S.
Entre septiembre de 2018 y agosto de 2020, dirigió la Federación Nacional de Departamentos. En septiembre de 2020, el entonces presidente Iván Duque lo incluyó en la terna para la Defensoría del Pueblo, cargo que obtuvo tras lograr el respaldo mayoritario en el Congreso.
Durante su gestión como defensor, enfrentó retos en derechos humanos, protesta social y conflicto armado, y fue objeto de cuestionamientos, especialmente durante el estallido social de 2021, cuando organizaciones civiles le exigieron mayor presencia ante denuncias de abusos policiales.
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