Disidencias de la Segunda Marquetalia negaron que hayan ordenado quemar a militares en el Putumayo: “Lamentamos profundamente estos hechos”

La delegación de paz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), grupo que se desligó de la Segunda Marquetalia, negó que tuviera responsabilidad en el ataque contra dos soldados del Ejército Nacional en la vereda Siloé, zona rural del municipio de Villagarzón, en el departamento de Putumayo.

En un comunicado publicado el jueves 4 de septiembre de 2025, la organización armada rechazó y condenó el ataque contra los integrantes de la fuerza pública que fueron brutalmente atacados con gasolina en medio de un operativo contra el narcotráfico en el sur del país.

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“Una vez conocidos, LAMENTA Y RECHAZA los hechos ocurridos en la vereda de Siloé, en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo, el pasado día 3 de septiembre de 2025. Hechos que, como en otras oportunidades, solicitamos que sean aclarados exhaustivamente”, se lee en el comunicado.

Además, la estructura guerrillera reiteró su compromiso con los diálogos de paz que se adelantan con el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

“La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, viene adelantando un proceso de diálogos de Paz, con el actual Gobierno del Presidente Gustavo Petro, proceso que se ha venido adelantando con absoluta seriedad, responsabilidad y compromiso entre las partes. Como CNEB estamos comprometidos con la paz en nuestros territorios y en el respeto por los DD. HH.”, expresaron.

Además, el grupo armado ratificó que mantienen “sus compromisos adquiridos en el cuarto ciclo de negociación de respeto por el DIH y la vigencia plena de los DD. HH., compromiso que hemos venido honrando en favor de las comunidades y el desescalamiento del conflicto en los territorios”.

Por último, instaron al Gobierno colombiano la activación del mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos previamente acordado, con el objetivo de determinar de manera plena las circunstancias y responsabilidades en torno a los acontecimientos.

“Al igual que en otras oportunidades, SOLICITAMOS el mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos acordado, a fin de poder determinar plenamente los hechos y las circunstancias de los mismos (...) lamentamos profundamente estos hechos que enlutan el territorio Nacional y una vez más ratificamos nuestro compromiso de Paz en los territorios, para el cumplimiento e implementación de lo acordado con el Gobierno Nacional”, puntualizaron.

El ataque en Putumayo ha impactado directamente la agenda del microciclo programado para el 10 de septiembre, en el que se preveía definir los protocolos para la destrucción de más de 17 toneladas de explosivos y armas, una de las etapas consideradas más relevantes en la búsqueda de la paz. La incertidumbre sobre la realización de esta jornada se ha incrementado tras la suspensión de la reunión en Pasto.

Según primeras investigaciones, los hechos ocurrieron cuando las tropas de la Brigada 27 del Ejército Nacional de Colombia se encontraban desarrollando un operativo para destruir un laboratorio clandestino destinado a la producción de pasta base de coca en la vereda Siloé, zona rural del municipio de Villagarzón, en el departamento de Putumayo.

Al conocerse la presencia de los soldados en el área, un grupo de civiles, instrumentalizados por los Comandos de la Frontera CDF, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, iniciaron una asonada en contra del grupo y rociaron gasolina a un soldado y un subteniente para luego prenderles fuego, dejándolos gravemente heridos.

El ataque contra militares en Villagarzón (Putumayo) generó una nueva crisis en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).

Tras los hechos, la delegación del Ejecutivo calificó la agresión como una “acción criminal” y la consideró “incompatible con las mínimas reglas de humanidad” y contraria al derecho internacional humanitario.

En su declaración, la delegación oficial dirigió una petición directa a los Comandos de Frontera, integrantes de la CN-EB, para que rechacen “de manera categórica e inmediata este atentado contra la integridad y la vida de los miembros de la fuerza pública”.

Además, exigió una respuesta clara de la contraparte, advirtiendo que la falta de un respaldo explícito a este rechazo llevaría al retiro inmediato de la delegación de la reunión preparatoria destinada a definir las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en los departamentos de Nariño y Putumayo.

“En el evento en que la CN-EB no acompañe este rechazo, nuestra delegación que se encuentra adelantando una reunión preparatoria para la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo se retirará de la misma en forma inmediata para adelantar consultas con el Consejero Comisionado de Paz y el señor Presidente de la República”, se lee en la misiva.