En el caso que involucra a Digno Palomino, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pepes y procesado por delitos como homicidio y concierto para delinquir agravado, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla anuló la decisión judicial previa que ordenaba su detención.
La jueza Sheila Ortega Téllez resolvió la apelación presentada por la defensa, concluyendo que la decisión anterior “presentó una ausencia absoluta de motivación, motivación incompleta y deficiente”, según sus propias palabras.
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“La Fiscalía presentó información relacionada con que el imputado es el cabecilla de ese GDO y entonces es grave, es necesario, pero no dice más nada. Habla de los artículos, de los delitos que imputaron y no dice más, entonces, se le imputó al procesado el liderazgo de un grupo de delincuencia organizada como autor de 17 homicidios en 11 eventos, dijo el señor fiscal en razón a eso, pues a una teoría de aparatos organizados del poder.
“Sin embargo, no hubo referencia al cumplimiento de los requisitos de las figuras, la posición de mando del actor, los indicios que fueron sujetos vinculados a la organización, por qué precisamente ese nexo causal para además sustentar la encarecía razonable de la que nada dijo y el peligro para la comunidad o la víctima que tanto dio vueltas”, fueron los argumentos de la juez.
La resolución afecta el auto emitido por el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el cual vinculaba a Palomino por su presunta relación con 17 homicidios.
Tras un análisis de los argumentos presentados en audiencia, la jueza Ortega determinó que era necesario devolver el expediente al juzgado que dictó la medida, exigiendo que en un periodo de tres días se tome una nueva determinación ajustada a los requerimientos de motivación legal.
“En razón de lo anterior, realmente, inclusive la competencia del juez de segunda instancia se activa con la tesis, que es la decisión de primera instancia, la antítesis, que es la defensa. Pero la defensa inclusive, en su derecho a contradicción al apelar, lo que dijo es que decretaran la nulidad porque no tenía cómo atacar precisamente esa decisión. Entonces, en ese orden de ideas, no habiendo ningún tipo de solución diferente, como ya se dijo según los criterios jurisprudenciales o reglas jurisprudenciales, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla resuelve decretar la nulidad del auto impugnado”.
Tras riña en cárcel La Dorada, el Inpec trasladó a Digno Palomino
En respuesta directa a una serie de altercados ocurridos el 20 de junio en el centro penitenciario de La Dorada, las autoridades colombianas ejecutaron el traslado de dos líderes de estructuras criminales en la región Caribe, según información confirmada por los organismos de seguridad.
Digno José Palomino Rodríguez, conocido como alias Digno o ‘Dino’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, fueron removidos a establecimientos carcelarios de mayor control tras una confrontación física que, aunque no implicó armas blancas, sí originó agresiones que pusieron en alerta a las entidades penitenciarias.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encabezó la decisión tras constatar que la disputa interna involucraba de forma directa a Palomino. Las medidas buscaban evitar escaladas violentas dentro del penal, siendo tajantes al subrayar que la prioridad fue “prevenir mayores riesgos para la convivencia y seguridad penitenciaria”.
Tras estos hechos, Digno Palomino fue conducido a la cárcel de alta seguridad de Picaleña en Ibagué, descrita como uno de los centros más estrictamente controlados del país. Este traslado representa un parteaguas en la gestión carcelaria, pues Palomino es considerado uno de los líderes más influyentes y peligrosos de la costa norte, señalado por actividades que van desde el narcotráfico hasta homicidios selectivos y extorsión masiva.
Junto a Palomino, Jorge Eliécer Díaz también fue reubicado en el penal de Picaleña. Díaz, vinculado a Los Costeños, es señalado por dirigir confrontaciones armadas por el control territorial de rutas del narcotráfico, extorsión y dominio en municipios estratégicos como Barranquilla y Soledad, según sostiene la información judicial divulgada.
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