En horas de la tarde del miércoles 3 de septiembre de 2025, dos integrantes del Ejército Nacional fueron brutalmente atacados con gasolina en medio de un operativo contra el narcotráfico en el departamento de Putumayo.
Los hechos se registraron en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, tras el despliegue de tropas de la Brigada 27 de la institución castrense, que desplegaron una operación para destruir un laboratorio clandestino destinado a la producción de pasta base de coca en Siloé.
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Al conocerse la presencia de los soldados en el área, un grupo de civiles, instrumentalizados por los Comandos de la Frontera CDF, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, iniciaron una asonada en contra del grupo y rociaron gasolina a un soldado y un subteniente para luego prenderles fuego, dejándolos gravemente heridos.
La reacción de sus compañeros fue oportuna y lograron evacuar a los heridos hacia la ciudad de Florencia, en Caquetá, para ser atendidos en un centro médico.
Con respecto a estos hechos, la Defensoría del Pueblo se pronunció a través de un comunicado repudiando este acto en contra de la fuerza pública.
“La Defensoría del Pueblo rechaza de manera categórica y enérgica los hechos ocurridos en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo).
Según el reporte recibido, durante operaciones militares, un grupo de civiles, bajo presión y constreñimiento de los Comandos de la Frontera CDF, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, habría prendido fuego a dos integrantes del Ejército Nacional. Como resultado, un oficial y un soldado sufrieron quemaduras de gravedad”.
En consecuencia, la institución hizo un llamado contundente al Gobierno nacional para que suspenda de manera inmediata cualquier intento por conseguir un acuerdo de paz con esta organización criminal.
“En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”.
Finalmente, la Defensoría señaló que este tipo de acciones van en contra de cualquier intento por desescalar la violencia y violan acuerdos de protección del bienestar de la comunidad, así como la de los derechos humanos. Solicitaron a las autoridades correspondientes dar apertura a una investigación por lo ocurrido.
Confirmación del ataque por el Ejército
La institución emitió un comunicado en el que confirmó que el Batallón de Infantería N.º 25 se encontraba adelantando operaciones para neutralizar focos de financiación del crimen organizado en la región mediante la destrucción de laboratorios ilegales dedicados a la producción de droga.
Un ataque que atendiendo al debido proceso será denunciado antes las autoridades competentes:
“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estas acciones criminales y denunciará ante las autoridades competentes el constreñimiento de la población civil por parte del grupo armado organizado (GAO-r) Comandos de Frontera”, indicaron en el comunicado.
El ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, momentos después confirmó que para la persona que brinde información sobre los responsables de estos actos criminales en contra del servidor público está a disposición una recompensa de $200 millones.
Suma de dinero que también será efectiva para ayudar a esclarecer actos violentos recientes de los que fueron víctimas hombres de la fuerza pública en distintas partes del país, como lo fue el hecho que horas antes se presentó en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, donde un ataque armado contra funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia de la Policía Nacional cobro la vida de dos policías y dos más quedaron heridos.
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