En medio del ruido que generan las discusiones legislativas y las cadenas de mensajes que se replican en redes sociales, el Senado tuvo que salir al paso para aclarar uno de los proyectos más comentados de las últimas semanas, la llamada Ley Cero Cacho, Cero Violencia.
La polémica no surgió por su contenido real, sino por una interpretación errónea que terminó circulando como verdad, que la iniciativa pretendía enviar a la cárcel a los infieles.
La confusión obligó al Congreso a pronunciarse oficialmente. En un comunicado, la corporación fue tajante: “esta ley no busca cárcel para nadie” ni mucho menos sanciona la infidelidad. La propuesta, insistieron, tiene un carácter preventivo y pedagógico, no punitivo.
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La autora de la iniciativa es Karina Espinosa Oliver, senadora del Partido Liberal, abogada de la Universidad del Rosario y especialista en derecho tributario y administrativo. Para ella, el proyecto responde a una urgencia social: “La Ley Cero Cacho, Cero Violencia no es una ley para perseguir, es una ley para transformar”. Su objetivo central, explicó, es desmontar imaginarios normalizados en la sociedad colombiana y enfrentar de raíz una problemática que atraviesa miles de hogares.
Las cifras respaldan esa preocupación. Según el informe Forensis 2023 de Medicina Legal, citado durante la socialización del proyecto, la infidelidad y la tolerancia hacia ella aparecen como factores que desencadenan buena parte de los episodios de violencia intrafamiliar. Entre 1999 y 2025, señala el reporte, entre el 60% y el 70% de los casos de este tipo de violencia corresponden a conflictos de pareja. El dato, señaló Espinosa, supera incluso a los accidentes de tránsito y a los desastres naturales como causas de muertes y tragedias familiares.
La propuesta no se limita a reconocer esa realidad; también apunta a transformar la manera como se educa en el país. Por eso, contempla reformas a la Ley 115 de 1994, la ley general de educación, con el fin de incluir en los currículos espacios de formación que aborden la responsabilidad emocional, la prevención de la violencia en las relaciones, ejes de educación financiera y herramientas de emprendimiento. Se trata, en palabras de su promotora, de sembrar desde la infancia capacidades que permitan afrontar los desafíos emocionales y sociales de la vida adulta.
“De esta manera, se formará una nueva generación con la capacidad de enfrentar los desafíos emocionales y sociales, entendiendo cómo sus relaciones impactan directamente en su salud mental, física y en la convivencia pacífica de la sociedad”, aseguró Espinosa.
La senadora insistió en que el debate debe correrse del terreno del castigo al de la prevención. La apuesta, sostuvo Espinosa, es fortalecer la cultura del cuidado y el respeto en las familias, evitando que los conflictos escalen hasta convertirse en violencia. Para ello, la educación temprana es vista como la herramienta más poderosa.
El proyecto también lanzó un llamado a los medios de comunicación. Espinosa les pidió responsabilidad para evitar que noticias falsas o versiones malinterpretadas se difundan sin verificación, pues terminan desinformando a la opinión pública y desvirtuando el sentido real de la norma. Lo ocurrido con la supuesta “cárcel para infieles” es, en su criterio, una muestra clara de los riesgos de la desinformación en tiempos de inmediatez digital.
Aunque el trámite legislativo apenas comienza y seguramente el proyecto recibirá ajustes y debates, su presentación ya abrió una conversación más amplia sobre los límites de la vida privada, la manera en que se regulan las relaciones de pareja y el papel que debe jugar el Estado en la promoción de vínculos sanos.
En esa discusión, Espinosa defendió que el propósito no es regular la intimidad, sino reconocer que detrás de las cifras de violencia intrafamiliar hay patrones sociales y culturales que pueden ser transformados. Y que para hacerlo no basta con castigos posteriores, sino con una apuesta educativa y preventiva de largo plazo.
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