Tarifas de la retención en la fuente subirán en caso de ser aprobada la reforma tributaria de Petro: así quedarían

El Gobierno de Gustavo Petro impulsa una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento con la que busca, precisamente, recaudar $26 billones y financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto inicial es de $556,9 billones y que el Congreso de la República deberá definir en las próximas semanas.

La iniciativa, entre otras cosas, busca modificar de forma importante la retención en la fuente para personas naturales, un mecanismo que funciona como anticipo mensual del impuesto de renta y afecta de manera directa los ingresos de trabajadores.

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Dicha propuesta contempla un aumento en los descuentos mensuales, en especial, para quienes perciben mayores ingresos, así como la introducción de nuevas tarifas y bases gravables que transformarán el panorama fiscal para miles de contribuyentes.

La iniciativa establece que:

• Para quienes reciben entre $7,4 millones y $17,9 millones al mes, la tarifa de retención en la fuente aumentará un 1% respecto a la actual. De este modo, por cada $100 que ingresen, $29 se destinarán al Estado.
• Para ingresos superiores a $17,9 millones mensuales, el incremento será de 2% en cada rango existente, y se fijará una nueva tarifa máxima del 41% para quienes superen los $114 millones mensuales.

Al respecto, el director de Posgrados en Tributación de la Universidad de los Andes César Cermeño, socio de Martínez, Quintero, González, Mendoza, Laguado & De la Rosa, explicó a La República que estos cambios buscan una mayor progresividad en el sistema, aunque implican un esfuerzo fiscal considerable para los contribuyentes de mayores ingresos.

Por su parte, el socio de Velásquez Osorio Abogados Andrés Felipe Velásquez detalló al mismo medio que la reforma incluirá de manera individualizada las cesantías y la prima legal de servicios en la base de cálculo de la retención, ampliando así el monto sobre el cual se aplica el descuento mensual.

Por su parte, el politólogo de la Universidad del Rosario Daniel López, por medio de X, al responderle a la senadora Angélica Lozano, que precisó diez “perlas” de la reforma, advirtió que “el aumento de retefuente para los que ganan 7.5 millones mensuales es casi imperceptible. Comienza a ser más notorio a partir de salarios de 18 millones (top 5% en ingresos)”.

Y es que en la actualidad la retención en la fuente afecta a pagos laborales, honorarios, servicios, comisiones, abonos a proveedores, pagos al exterior por regalías, intereses o servicios, y operaciones relacionadas con IVA e impuesto al timbre. Además, para que los contribuyentes puedan deducir costos, pasivos e impuestos descontables, deben acreditar el pago de la retención antes de presentar la declaración de renta, siempre que corresponda.

Entre las novedades, el proyecto de reforma establece una nueva obligación para los responsables del impuesto al valor agregado (IVA): deberán expedir un certificado bimestral conforme a los requisitos del artículo 381 del Estatuto Tributario. Por otro lado, la retención en la fuente seguirá sin aplicarse a los pagos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y riesgos laborales que estén exentos de renta.

De igual forma, en los casos en que más del 80% de los ingresos del trabajador provengan de rentas de trabajo y la declaración de renta arroje un saldo a favor por retenciones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hará la devolución en un plazo de 90 días.

Estos cambios que se proponen en la reforma tributaria llegan en medio de la polémica generada por el Decreto 572 de 2025, que anticipa el pago de la retención en la fuente correspondiente a 2026. El Consejo de Estado estudia cinco demandas que solicitan la suspensión provisional de la medida del Gobierno Petro con el argumento de este habría excedido sus facultades y que la norma vulnera principios constitucionales como la progresividad y la equidad tributaria.

Precisamente, el decreto, expedido por el Ministerio de Hacienda, introduce nuevos umbrales de retención, incrementa las tarifas hasta un 4,5% y amplía la calidad de agentes retenedores a sujetos no contemplados previamente en la legislación.

Dentro de los principales opositores figura:

• Centro Democrático, cuyo director Gabriel Vallejo presentó una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de medida cautelar. Vallejo sostiene que la norma afecta la racionalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, y pide que se suspendan sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto.
• El exsenador y precandidato presidencial David Luna también interpuso una acción jurídica, calificando el decreto de “confiscatorio” e “inconstitucional”, y acusando al Gobierno de buscar recursos para la próxima campaña presidencial mediante una reforma tributaria encubierta.

• El coronel retirado Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali, argumentó en su demanda que el decreto viola el principio de legalidad tributaria y solicitó su suspensión para evitar daños irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional.

El impacto económico de la medida es objeto de análisis por parte de diversas entidades.

• Fedesarrollo: estima que el anticipo de la retención podría representar unos $13,9 billones, equivalentes al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
• Anif: proyecta un recaudo más moderado, entre $6 y $6,5 billones.
• Corficolombiana: calcula que el monto podría llegar a los $7 billones y advirtió que adelantar el recaudo no soluciona los problemas estructurales del presupuesto fiscal y podría incluso profundizarlos en el mediano plazo.