Reforma Pensional ahora depende de estos documentos que pidió la Corte Constitucional a la Cámara: le dieron tres días

La Corte Constitucional concedió un plazo adicional de tres días hábiles a la Cámara de Representantes para entregar las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, en las que se abordó la subsanación del trámite de la Reforma Pensional del Gobierno Petro.

Dicha decisión, formalizada en el Auto 841 de 2025, responde a la solicitud presentada por el presidente de la Cámara, Julián López, que argumentó la necesidad de más tiempo para reunir el material probatorio requerido.

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Con la medida se mantiene en suspenso la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.

El alto tribunal resaltó que las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio resultan indispensables para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma. La Corte advirtió que, sin estos documentos, no podrá tomar una decisión definitiva. La importancia de las actas radica en que constituyen el medio probatorio esencial para verificar el cumplimiento de los procedimientos legislativos, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte en la sentencia C-161 de 2024: “Las actas de las sesiones y certificados son los medios de prueba por excelencia... es el medio oficial escrito de publicidad de sus actos”.

Como se recordará, la controversia se originó por la demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Valencia sostuvo que “en el proceso de formación de la ley se evadió el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, un requisito clave del procedimiento legislativo”.

Además, la senadora argumentó que los artículos 84.5 y 93 de la reforma resultan incompatibles con el artículo 48 de la Constitución, que protege el derecho fundamental a la seguridad social. La Sala Plena de la Corte encontró indicios de un vicio de procedimiento en el trámite de la reforma, lo que motivó la solicitud de las actas como prueba fundamental.

Las sesiones del 27 y 28 de junio fueron objeto de denuncias por presuntas irregularidades. La congresista Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, señaló que, aunque se aprobó el acta 257, que valida la sesión del 28 de junio donde se dio el visto bueno a la reforma, nunca se aprobó el acta 256 correspondiente a la sesión del 27 de junio.

Garrido se quejó porque “han admitido que la plenaria del 27 de junio nunca se llevó a cabo y, por lo tanto, nunca se anunció el debate de la reforma pensional, como lo exige la ley”. Estas declaraciones reforzaron la necesidad de contar con las actas completas para esclarecer el proceso legislativo.

En el plano legal, la sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional establece que las actas y certificados de las sesiones son el medio oficial y escrito para dar publicidad a los actos del Congreso, y constituyen la prueba principal en los procesos de control de constitucionalidad. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez explicó que la solicitud de prórroga fue justificada y esencial para el análisis del caso.

La decisión de la Corte generó reacciones en distintos sectores. El Comando Nacional Unitario, que agrupa a varias centrales de trabajadores, convocó a un plantón el 3 de septiembre frente al Palacio de Justicia en Bogotá, con el objetivo de presionar al tribunal para que agilice su pronunciamiento. El presidente Gustavo Petro expresó su frustración por la demora, pero aseguró que asume el costo político de la espera: “Tendrá un costo indudable, por la demora de la aprobación de la ley por la Corte Constitucional, pero la asumo porque la justicia social y la paz son un bien supremo”, declaró el mandatario.

Mientras tanto, el Gobierno anunció la apertura de inscripciones para el bono pensional 2025 ($230.000), dirigido a adultos mayores de 75 años sin pensión ni bono previo, en un esfuerzo paralelo a la reforma.

Con la prórroga concedida, la Cámara de Representantes deberá entregar las actas pendientes en el nuevo plazo, contado a partir del día siguiente a la notificación de la providencia. Solo con este insumo la Corte podrá avanzar hacia una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, uno de los procesos más sensibles para el Gobierno y el Congreso. Por ahora, mientras hay una decisión, el Gobierno mantiene su meta de identificar y beneficiar a millones de adultos mayores en todo el país, mientras la Reforma Pensional permanece a la espera de una decisión final.