Estas son las investigaciones que tiene Miguel, el hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero

Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, han sacudido el panorama político colombiano.

En el centro de la controversia se encuentran funcionarios de su círculo cercano, entre ellos, su hermano Miguel Quintero, señalados por su participación en contratos públicos bajo sospecha de corrupción.

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Caracol Radio ha documentado cómo estos procesos disciplinarios y penales han puesto en la mira a figuras clave de la gestión municipal, revelando una compleja red de relaciones políticas y empresariales.

En los últimos meses, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía han avanzado en investigaciones y sanciones contra varios exfuncionarios de la administración Quintero.

Entre los casos más destacados se encuentra el de Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín, y Estefanía Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal de la misma dependencia.

Ambos enfrentan acusaciones por su papel en la tramitación de un contrato interadministrativo por 16.000 millones de pesos, firmado el 29 de junio de 2023 entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús.

Según la Fiscalía, este acuerdo se celebró apenas horas antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe este tipo de convenios en los cuatro meses previos a las elecciones territoriales.

Además, el contrato habría carecido de estudios previos completos, análisis sectorial riguroso y justificación presupuestal sólida, según la información obtenida por el medio mencionado.

Las sanciones disciplinarias también han alcanzado a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de Medellín, y a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques.

Ambos fueron destituidos e inhabilitados por nueve años tras una investigación de la Procuraduría, que determinó que ampliaron sin justificación un contrato para la conservación de jardines de la ciudad.

El contrato, inicialmente pactado por más de 5.200 millones de pesos y con una duración de tres meses a partir del 3 de noviembre de 2020, fue extendido hasta el 10 de junio de 2021 bajo el argumento de las restricciones por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, la Procuraduría concluyó que la prórroga desconoció los principios de economía y eficacia de la función administrativa.

En palabras del organismo, “la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante”, calificando la conducta como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

En medio de estos procesos, el nombre de Miguel Quintero ha emergido en diversos documentos y material probatorio revisados por Caracol Radio.

Aunque su presencia ha pasado relativamente desapercibida para la opinión pública, su papel resulta central en las investigaciones.

Miguel Quintero, hermano mayor de Daniel Quintero, es abogado con especialización en contratación estatal y fue concejal de Medellín por el Partido Verde entre 2012 y 2015.

Posteriormente, ocupó el cargo de director de Monitoreo y Evaluación de Proyectos en la Gobernación de Antioquia durante la administración de Luis Pérez, quien más tarde se convirtió en aliado político de Daniel Quintero.

El vínculo con Pérez se remonta al escándalo del lote de Aguas Vivas, donde el exgobernador fue propietario de un terreno que, tras pasar a manos del municipio, fue devuelto a Pérez y sus familiares con un incremento de valor del 1.700%, pasando de 2.700 millones a 40.000 millones de pesos.

Miguel Quintero también se desempeñó como gerente de Intrasoft S.A.S., empresa utilizada para certificar experiencia laboral de varios funcionarios del gobierno de su hermano, aunque los comprobantes de pagos de seguridad social y otros documentos no respaldan plenamente estas certificaciones.

Su pareja, Leidi Johana Saldarriaga, trabajó en su unidad de apoyo cuando fue concejal y ofrecía propiedades de lujo en la plataforma Airbnb.

Durante la campaña a la alcaldía de Daniel Quintero, Miguel consolidó su influencia, respaldado por una red de aliados políticos.

Entre ellos se encuentran el senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, implicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; Julián Bedoya, exsenador liberal inhabilitado por falsificación de título profesional; y Luis Pérez, protagonista del caso Aguas Vivas.

También figuran William Ortega, excongresista de Bello por Cambio Radical, y su hijo Sebastián Ortega, quienes mantenían una estrecha relación con Miguel Quintero y participaron en la negociación de la gerencia de Afinia, empresa del sector energético, por USD 8 millones.

Según testimonios recogidos por la prensa local, la selección de Javier Lastra Fuscaldo como gerente de Afinia se discutió en una reunión celebrada el 5 de diciembre de 2020 en un club tradicional de Medellín.

El abogado Andrés Garzón, representante de Lastra, declaró a El Tiempo que tanto su cliente como los documentos relacionados están a disposición de la Fiscalía y que el nombramiento no tuvo relación con Daniel Quintero ni con intereses políticos, ya que la hoja de vida fue solicitada directamente por la firma cazatalentos Aristos Stanton Chase.

Ya con Daniel Quintero en la alcaldía, fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que Miguel Quintero ejercía una influencia considerable en entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Empresa de Desarrollo Urbano y Metroparques.

En el caso del Área Metropolitana, la gestión se realizaba a través de Juan David Palacio, director y amigo cercano de Miguel, y de Álvaro Villada, subdirector financiero, también íntimo amigo de Miguel y actualmente imputado por corrupción y con procesos de extinción de dominio.

En cuanto a los contratos irregulares, la Fiscalía investiga acuerdos interadministrativos entre el Área Metropolitana y Metroparques para el funcionamiento y mantenimiento del Parque Metropolitano de las Aguas, por un valor cercano a 17.500 millones de pesos.

Testigos consultados por Caracol Radio señalaron que no se realizaron los estudios de mercado necesarios para determinar el valor de los bienes y servicios contratados.

Además, se modificó el manual de contratación de Metroparques para ampliar el alcance y las funciones de la entidad, lo que permitió la celebración de contratos mediante desviación de poder y con el objetivo de beneficiar a terceros. Entre las empresas favorecidas figuran JPINO S.A.S. ($1.428.441.827), Unosoluciones S.A.S. ($1.313.977.441) y Estructuras Zafiro S.A.S. ($48.483.419), todas ellas con contratos que presentaron sobrecostos en bienes y servicios.

Las declaraciones recogidas por Caracol Radio y los documentos en poder de la Fiscalía apuntan a que la red de aliados políticos y empresariales en torno a Daniel y Miguel Quintero facilitó la adjudicación de contratos y la toma de decisiones en entidades clave de Medellín.

La Procuraduría, al referirse a la ampliación irregular del contrato de jardines, subrayó que la actuación de los funcionarios sancionados evidenció un interés por favorecer fines ajenos a los del Estado.

Por su parte, el abogado Andrés Garzón insistió en que el proceso de selección de Javier Lastra Fuscaldo para la gerencia de Afinia se realizó de manera independiente y está bajo investigación de la Fiscalía.