El anuncio del borrador de decreto elaborado por el Departamento de la Función Pública para flexibilizar los requisitos de acceso a los viceministerios del Ministerio de Igualdad y Equidad desató una respuesta inmediata y crítica.
La polémica gira en torno a la reciente designación de Juliana Guerrero como viceministra de Igualdad. La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, manifestó públicamente su inconformidad, calificando el movimiento como “vergonzoso” y alertando sobre riesgos de corrupción.
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El origen de la polémica
La controversia se centra en un nuevo párrafo incluido en el borrador del decreto. Este señala que los viceministerios de la cartera de Igualdad requieren “características especiales”, reduciendo los requisitos a un título profesional y “experiencia profesional” sin precisar duración mínima.
De acuerdo con la exposición de motivos, la medida busca dar cabida a líderes sociales y personas con capacidades vivenciales vinculadas a los segmentos poblacionales que atiende cada viceministerio.
Esta propuesta surge justamente mientras la candidatura de Guerrero enfrenta cuestionamientos sobre sus credenciales. El manual de funciones vigente en el Ministerio de Igualdad exige 24 meses de experiencia profesional.
Sin embargo, Guerrero apenas obtuvo su título como contadora pública hace mes y medio y argumenta que su experiencia previa, anterior a su graduación, debería tenerse en cuenta.
El descontento de Miranda
El clima de descontento escaló luego de la publicación del borrador del decreto. Katherine Miranda señaló en su cuenta de X: “Esto no solo es vergonzoso sino que raya con la corrupción. Hoy no entiendo como alguien que se diga ético o demócrata puede seguir apoyando este gobierno. Da pena!”. Para sectores críticos, esta flexibilización de los requisitos habilita a Guerrero para el cargo pese a no cumplir los estándares previamente exigidos.
En lo técnico, el nuevo borrador deja de exigir un tiempo mínimo específico de experiencia profesional, lo que marca un giro respecto a la reglamentación previa. El texto argumenta que el Ministerio de Igualdad y Equidad requiere funcionarios con capacidades de liderazgo y vivencias sociales, más allá de requisitos estrictamente académicos.
El tema cobra una dimensión política, dado el peso de Miranda dentro del Partido Alianza Verde y su trayectoria previa de apoyo al presidente Gustavo Petro durante la campaña de 2022. No obstante, su relación con el gobierno cambió drásticamente tras la presentación de varias reformas, que la llevaron a posicionarse entre las voces críticas del Ejecutivo.
Las inconsistencias
Volviendo al caso Guerrero, múltiples inconsistencias han marcado su proceso de designación. La propia aspirante reconoció que la hoja de vida inicialmente publicada el 14 de agosto no contenía el título profesional que sí apareció en la actualización del 29 del mismo mes.
Ante las críticas, Juliana atribuyó la omisión a un “error humano” y sostuvo que envió una versión desactualizada de su hoja de vida a la Presidencia. No obstante, el documento señala la obtención del grado como tecnóloga en julio de 2025 y los metadatos dan cuenta de que el archivo fue creado el 8 de agosto, tiempo para el cual debió haberse consignado el nuevo título.
Adicionalmente, la representante Jennifer Pedraza advirtió que no existe evidencia de la prueba Icfes Saber Pro, certificación obligatoria para la expedición de un título profesional en Colombia. Guerrero ha insistido que cumple con el único requisito de “ser joven”, aunque ni el Ministerio ni la Función Pública exigen esa condición para el cargo.
La aprobación final y promulgación del decreto mantienen la atención pública sobre el caso. Voces como la de Miranda insisten en que cualquier flexibilización normativa para el acceso a cargos de alto nivel debe responder a criterios claros y transparentes.
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