La Corte Constitucional dio el miércoles 3 de septiembre un importante paso hacia la resolución de los históricos conflictos de tierras en el país al avalar la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, una figura legal que se espera permita mejorar el acceso a la justicia de las comunidades rurales y campesinas.
La decisión fue un avance significativo en el proceso legislativo, aunque estuvo acompañada de un fallo que dejó fuera dos artículos del proyecto de ley y condicionó otros dos, lo que generó un debate sobre los límites de la reforma.
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El proyecto de ley, que fue promovido por el gobierno para atender los complejos problemas relacionados con la propiedad y distribución de la tierra, fue revisado por el alto tribunal luego de ser aprobado por el Congreso de la República.
La propuesta de establecer esta nueva jurisdicción tenía como objetivo principal garantizar la resolución de los conflictos agrarios, especialmente aquellos relacionados con la restitución de tierras y la restitución de derechos de las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado y la violencia.
La Corte Constitucional avaló varios artículos clave (1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 y 12) que consolidan la Jurisdicción Agraria. Estos apartados definen el objeto de la reforma, su integración a la Rama Judicial, la creación de tribunales y juzgados especializados, así como los aspectos relacionados con el presupuesto y su armonización con la Ley 270/96.
Estos artículos constituyen el soporte institucional de la nueva justicia agraria, la cual se establece como un componente fundamental para la resolución de conflictos de tierras en Colombia, en cumplimiento con el Acuerdo de Paz firmado en 2016, entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc-EP, y el Acto Legislativo 03/23.
Por otro lado, el alto tribunal declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5, que trataban sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Corte determinó que estos artículos violaban el principio de unidad de materia, ya que no tenían relación con el tema central del proyecto (la creación de la jurisdicción agraria), y en su lugar introducían cambios ajenos a la finalidad del proyecto.
La iniciativa garantizará acceso a la justicia para comunidades vulnerables: estos son los puntos claves de la jurisdicción
El proyecto de ley que crea la Jurisdicción Agraria y Rural es una de las reformas más relevantes para Colombia, especialmente para sus comunidades rurales. Esta iniciativa busca establecer un sistema judicial especializado que resuelva los conflictos agrarios y rurales, que históricamente fueron una de las principales fuentes de violencia y desigualdad en el país.
El objetivo de esta nueva jurisdicción es garantizar que los problemas relacionados con la tenencia de tierras, la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado y otros asuntos rurales sean tratados de manera eficaz y con un enfoque especializado.
La jurisdicción se sumará a las otras jurisdicciones existentes, como la Ordinaria, Contenciosa Administrativa, Constitucional y Especial para la Paz (JEP), pero con un enfoque único en los problemas del campo. A través de esta reforma, se busca asegurar que los jueces agrarios y rurales sean expertos en las normas y principios del derecho agrario, y estén capacitados para resolver los problemas que enfrentan las comunidades campesinas y otras poblaciones rurales.
Los conflictos que serán atendidos por esta jurisdicción incluyen disputas sobre el uso y tenencia de la tierra, contratos agrarios, ocupaciones ilegales de tierras, servidumbres agrarias, y la actuación de la Agencia Nacional de Tierras. Además, la nueva ley también abarcará temas relacionados con la posesión de predios rurales privados y el uso de recursos comunales en terrenos agrarios.
Esto es fundamental, ya que muchos de estos problemas están sin una respuesta judicial adecuada, lo que provocó desconfianza en el sistema de justicia para las comunidades rurales.
Una de las características más importantes de esta reforma es que se establecerán tribunales y juzgados especializados en estas materias. Estos jueces deberán tener una visión integral de la problemática agraria y estar cercanos a las realidades del campo, lo que les permitirá emitir decisiones más justas y apropiadas para los contextos rurales.
Además, la ley promueve la defensa técnica gratuita para los campesinos y grupos vulnerables, lo que garantiza que las personas sin recursos puedan acceder a una representación legal adecuada.
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