El martes 2 de septiembre se conoció la captura del exparamilitar Saúl Alfonso Severini Caballero en Cali, luego de más de una década de estar prófugo de la justicia.
Fueron exactamente 16 años prófugo, el exjefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fue detenido por la Dijín de la Policía Nacional en un operativo que representa un logro en la lucha contra la impunidad.
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Severini acumulaba condenas por homicidio y concierto para delinquir. Su detención abre nuevas expectativas sobre el esclarecimiento de crímenes y redes de poder en la región Caribe.
La operación que permitió la aprehensión de Severini se realizó el martes, 2 de septiembre, en la ciudad de Cali. La Dijín de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 242 de Derechos Humanos, ejecutó la orden judicial que durante años no había podido cumplirse debido a la capacidad del exparamilitar para evadir a las autoridades.
Tras su captura, Severini fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras se espera su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia que lo ha requerido para que aporte información sobre la parapolítica en el Magdalena.
El perfil criminal de Severini se remonta a finales de los años 90, cuando se consolidó como uno de los principales articuladores y financiadores de la estructura paramilitar en Pivijay (Magdalena).
Bajo el mando de Salvatore Mancuso y en sociedad con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Severini desempeñó un papel central en el Bloque Norte de las AUC.Fue condenado a más de 33 años de prisión (400 meses) por homicidio y concierto para delinquir, y se le atribuye el papel de testaferro en el despojo de tierras a campesinos desplazados.
Además, su nombre aparece vinculado a masacres como las de Nueva Venecia y Salaminita, así como a crímenes contra líderes sociales y periodistas, entre ellos Gustavo Ruíz y Ledys Marina Pertúz Montero.
La trayectoria de Severini ante la justicia estuvo marcada por una serie de fugas y maniobras legales que prolongaron su impunidad. En 2006, logró escapar de un operativo en Pivijay, aunque fue capturado meses después.
Sin embargo, un recurso de apelación le permitió recuperar la libertad. Ocho años más tarde, en 2014, volvió a evadir a las autoridades durante un asalto a una finca en San Ángel, donde supuestamente dirigía a unos cincuenta hombres.
Tras ese episodio, Severini se refugió en Venezuela antes de intentar regresar a Colombia, lo que dificultó aún más su localización y captura.
Con la detención de Severini, la atención se centra ahora en su posible colaboración con la JEP. Esta jurisdicción le ha exigido revelar los vínculos entre estructuras paramilitares, políticos y empresarios en el desarrollo de la parapolítica, un entramado de corrupción que marcó la historia reciente del país a partir del 2005.
Además, se espera que aporte información sobre crímenes cometidos en la Universidad del Magdalena, especialmente en relación con el denominado “proyecto de refundación”.
Armando Restrepo, defensor de derechos humanos, destacó la relevancia de la información que Severini podría proporcionar para esclarecer hechos violentos y redes de complicidad en la región.
Restrepo sostiene que el exparamilitar posee datos clave sobre los crímenes perpetrados en la Universidad del Magdalena y sobre la articulación de la violencia paramilitar con otros sectores de poder. Las víctimas, como el periodista Gustavo Ruíz y Ledys Marina Pertúz Montero, representan solo una parte del daño causado por Severini y su estructura.
En el pasado reciente, Severini intentó acogerse a la política de Paz Total del Gobierno colombiano y envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que se comprometía a aportar verdad sobre su accionar. Sin embargo, las autoridades consideraron insuficientes y evasivas sus declaraciones, lo que mantiene en suspenso el verdadero alcance de su colaboración con la justicia.
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