La aprobación de la nueva ley de financiamiento abrió un debate inmediato entre los gremios económicos del país, que han empezado a manifestar sus percepciones sobre los posibles efectos de la norma en distintos sectores productivos.
Las declaraciones surgieron luego de que el Congreso diera vía libre al articulado que busca garantizar recursos para el presupuesto nacional de 2026.
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Las opiniones expresadas reflejan matices entre organizaciones empresariales que ven oportunidades de crecimiento y aquellas que señalan preocupaciones por el impacto en los costos de operación. En conjunto, las reacciones dejan ver que la medida será objeto de seguimiento cercano en los meses siguientes.
Desde el Consejo Gremial Nacional se resaltó la necesidad de aplicar de manera efectiva las disposiciones de la ley. Sus voceros recordaron que, en ocasiones anteriores, la falta de claridad en la implementación ha generado incertidumbre en el sector privado. Por ello, insistieron en que los decretos reglamentarios sean publicados con la mayor precisión posible.
Otros gremios destacaron que la ley contempla mecanismos que pueden favorecer la inversión en áreas estratégicas. Algunos representantes de la industria señalaron que el articulado incluye incentivos para proyectos de innovación, lo cual podría estimular el desarrollo de nuevas tecnologías.
No obstante, el sector de comercio exterior expresó reservas frente a ciertos cambios en materia arancelaria. Voceros advirtieron que un aumento en los costos de importación podría repercutir en el precio final de bienes de consumo masivo. Para este gremio, el reto será encontrar un equilibrio que permita mantener la competitividad frente a los mercados internacionales.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) hizo un llamado a mantener espacios de diálogo con el Gobierno para garantizar que las inquietudes de los diferentes sectores sean tenidas en cuenta. Sus directivos subrayaron que el país necesita estabilidad jurídica para atraer nuevas inversiones y consolidar la recuperación económica.
Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) planteó que algunos cambios tributarios podrían generar mayores cargas para los pequeños negocios. La organización insistió en que se implementen medidas diferenciales que protejan a los micro y pequeños empresarios, que representan una proporción significativa del empleo en Colombia.
El gremio de la construcción, a través de Camacol, manifestó que seguirá analizando en detalle los artículos de la ley que afectan el costo de insumos y servicios. Para esta agremiación, cualquier variación en la estructura de precios puede tener un efecto directo en el valor final de las viviendas, en un contexto en el que se busca ampliar el acceso de la población a proyectos habitacionales.
En paralelo, los exportadores recordaron la importancia de mantener estímulos a la internacionalización de productos nacionales. Señalaron que las empresas colombianas necesitan mayor respaldo para enfrentar la competencia en mercados de alto dinamismo como Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.
Los agricultores, representados por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), indicaron que se requiere especial atención a los costos de producción rural. Según la organización, la ley de financiamiento debería considerar instrumentos que respalden la productividad del campo, teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria es un asunto de interés nacional.
El Ministerio de Hacienda defendió la iniciativa asegurando que la norma permitirá garantizar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del Estado. Además, insistió en que el diseño de la ley buscó mantener un balance entre recaudo fiscal y apoyo al crecimiento económico.
Analistas consultados señalaron que el impacto real de la ley solo podrá medirse en el mediano plazo, cuando se conozca la manera en que las disposiciones se traducen en resultados concretos. Recordaron que este tipo de reformas suelen generar reacciones inmediatas, pero los efectos se hacen visibles con el tiempo.
En el escenario político, varios congresistas destacaron que la discusión sobre la ley de financiamiento fue una de las más complejas del periodo legislativo, por la cantidad de artículos y la diversidad de intereses que confluyeron en su trámite. Señalaron que el consenso alcanzado refleja la necesidad de garantizar estabilidad fiscal en el corto plazo.
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