Un borrador de decreto presentado por el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) plantea la creación de la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), una figura inédita en la regulación colombiana.
El mecanismo busca destrabar proyectos de generación con viento, acortar tiempos de aprobación y fijar reglas más predecibles tanto para los inversionistas como para las comunidades que conviven con estas iniciativas.
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Hasta ahora, los parques eólicos debían someterse a los mismos trámites que cualquier otro proyecto de gran impacto ambiental, un camino que se caracterizaba por demoras y alta carga administrativa.
La propuesta cambia el panorama, la LAEólica aplicaría a proyectos entre 10 y 100 megavatios de capacidad, conectados al Sistema Interconectado Nacional o a Zonas No Interconectadas, siempre que sus líneas de transmisión no superen los 220 kilovoltios. Para el Gobierno, esta vía rápida no solo atraerá inversión, también contribuirá a diversificar una matriz energética aún dependiente de fuentes fósiles e hídricas.
Uno de los puntos más sensibles es el de la localización. El borrador prohíbe que los parques eólicos se instalen en áreas protegidas, rondas hídricas, nacederos o manantiales. En las zonas costeras deberán mantener al menos 3.000 metros de distancia desde la línea de playa, y frente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) se exigirá un margen de 1.000 metros.
ambién se busca proteger aves y murciélagos, quedarán vetados los proyectos que se superpongan con hábitats críticos de anidación o dormideros, y entre parques deberá existir un espacio equivalente a diez veces la altura de los aerogeneradores.
El decreto fija además un límite al aprovechamiento forestal, puesto que, no se podrá superar el 10% de un parche boscoso o las 20 hectáreas, y deberá compensarse dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En materia tecnológica, las condiciones son igual de estrictas. Cada aerogenerador tendrá una altura mínima de 40 metros y deberá ubicarse a al menos 500 metros de viviendas o centros poblados. El uso del suelo también se regula, cada unidad, con sus vías de acceso y subestaciones, no podrá ocupar más de una hectárea.
Para reducir impactos en fauna, los proyectos deberán instalar sistemas automatizados de detección de aves y murciélagos, aspas silenciosas, mecanismos de parada inteligente y dispositivos disuasorios acústicos o visuales. Estos criterios podrán actualizarse mediante circulares de la Anal, con un periodo de transición de seis meses para que los proyectos en trámite se adapten.
La licencia no se otorgará a la ligera. Los promotores deberán presentar mapas a escala detallada, distribución preliminar de la infraestructura, fases del proyecto, justificación técnica del uso del suelo y pronunciamiento de la Dirección de Consulta Previa. El Estudio de Impacto Ambiental será central, incluirá línea base ambiental y socioeconómica, zonificación, análisis de riesgos, planes de compensación y cronogramas de ejecución. A cambio, la Anla se compromete a reducir los tiempos de evaluación, tendrá 15 días para expedir términos de referencia y plazos más cortos para pronunciarse, lo que representa un cambio frente a la lentitud histórica de estos trámites.
El esquema también introduce ajustes prácticos. No se exigirán monitoreos en dos temporadas climáticas, salvo casos excepcionales, y los desarrolladores podrán incorporar mejoras tecnológicas sin necesidad de reabrir todo el proceso de licencia.
En el frente social, el decreto establece que cada proyecto debe realizar al menos dos espacios de diálogo temprano con las comunidades antes de iniciar la construcción. Aunque estos encuentros no sustituyen la consulta previa, obligatoria en ciertos territorios, sí buscan crear confianza, identificar preocupaciones y abrir espacio a proyectos productivos locales que se conecten con la transición energética.
Habrá, además, un régimen de transición, los desarrolladores que ya tengan trámites de licenciamiento en curso podrán desistir y acogerse a la nueva modalidad, conservando el estado de avance y pagando las tarifas respectivas. Quienes no cumplan con los criterios seguirán el camino regular previsto en el Decreto 1076 de 2015. La apuesta del Gobierno es clara, una regulación más ágil y precisa que permita sumar parques eólicos sin descuidar la protección ambiental ni la voz de las comunidades.
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